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Un matrimonio de Gijón lleva más de 2 años esperando para que el Registro Civil Central inscriba a su hija adoptada. La pareja tiene el auto judicial de fecha 5 de mayo de 2021 del Juzgado de Primera Instancia de Oviedo acordando la adopción y ordenando la inscripción de su hija, que ahora tiene 6 años, con sus nuevos apellidos y nombre.
A pesar de todos los requerimientos del Registro Civil Central para realizar el trámite de inscripción, han pasado más de dos años sin hacerla. La familia, ante el retraso, ha traslado el caso al Defensor del Pueblo por lo que considera una vulneración de sus derechos.
El trámite burocrático se ha extendido y la menor adoptada sigue sin estar inscrita en el Registro con todo lo que eso implica. Los padres no tienen la documentación que acredite la relación filial por lo que tienen que llevar consigo el expediente judicial y administrativo para acreditar la patria potestad sobre la niña.
Los problemas de no estar inscrita es que la niña no cuenta con DNI ni pasaporte por lo que los padres no pueden salir de España con su hija, porque no tienen la documentación que demuestren el vínculo filial.
Otro problema que se encuentran en estos dos años es que la niña tiene que responder en el centro escolar y a otra en su entorno más íntimo de sus padres adoptivos. Al no costar como familiar con ellos en la Seguridad Social tampoco tiene acceso a becas. El matrimonio, y sobre todo la pequeña, sufren todo este tiempo la situación y afirman que el retraso está negando a la niña el derecho elemental como es el de su propia identidad.
No comprenden la demora administrativa cuando cuentan desde hace más de dos años de una resolución judicial que, de manera explícita, obliga a la inscripción de la adoptada con sus nuevos apellidos y su nombre. Los padres cuentan que es enormemente problemático realizar cualquier trámite administrativo porque a efectos oficiales es como que su hija no existiera. Se ven indefensos y también la niña.
La pequeña ya sufrió las consecuencias de una gestación subrogada que resultó ser traumática y que terminó con la retirada de su custodia de la madre biológica en 2018. La Administración regional pasó a tutelarla y sus nuevos padres la adoptaron en el año 2021, año desde el que esperan la inscripción en el Registro Civil.
Los padres han pedido una vez más explicaciones al Registro Civil Central el 13 de mayo de 2022 por las demoras en el proceso. Les contestaron que ya habían enviado notificación al Registro Civil municipal. En Gijón, pidieron también información, pero no han obtenido información relevante.
El asunto ha sido trasladado el pasado mes de julio al Defensor del Pueblo, donde los padres explican toda la situación que están padeciendo. Le piden que actúe ante la Adminisitración para poner fin a un "calvario" de tramitación que llevan más de dos años sufriendo.