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Estamos en pleno verano y muchos ciudadanos ya piensan en la playa y en sus vacaciones. Algunos cuentan con una segunda vivienda, pero no todos pueden disfrutar de ella. Es el caso de Inma Moreno, una mujer que reside en Madrid pero que tiene una casa en su lugar de origen, el Puerto de Santa María (Cádiz). Su situación es muy complicada, ya que han ocupado el domicilio y lleva meses buscando una solución.
Para ponernos en contexto. Inma, según ha explicado a Informativos Telecinco, alquiló a un hombre su vivienda, un apartamento vacacional en una urbanización bien localizada y cuidada. Las condiciones eran que le alquilaba la casa el tiempo necesario, pero los meses de julio y agosto tenía que salir de ella para que sus hijos y su familia pudieran ir en verano, y en septiembre él podía regresar.
El año pasado cumplió. Pero llegado el último mes de septiembre, dejó de pagar y continúa en el domicilio desde entonces. En este caso, no se le considera okupa, se le consideraría inqui-okupa, destaca la propietaria.
Antes de septiembre y de que dejara de pagar, Inma y su marido habían acordado con el hombre no mantener más su alquiler, ya que querían disfrutar de su vivienda más tiempo a lo largo del año. Él les pidió tiempo y debía salir en enero, pero incumplió lo acordado.
"Es mi segunda vivienda, la heredé de mi madre. El contrato que tenía con nosotros está extinto, ahora mismo vive 'en precario', sin contrato. Estoy muy contrariada, porque me produce la sensación de que vivimos en el mundo al revés", señala Inma.
"Este señor está en una vivienda en la que yo pago los impuestos, pago la comunidad, el agua, la luz no porque fui lista y se la puse a él, si no también, y pago las cuotas y las derramas, entre otros gastos. Hay alguien ajeno a mí en una propiedad privada que me corresponde", agrega Inma, que dice que no puede llevar a cabo ninguna acción, ya que le llamó tres veces para intentar hablar y la amenazó con denunciarla por acoso (algo que sus abogados le han dicho que podría producirse si continuara llamando, dándole la ley la razón al inquiokupa).
Inma asegura que tanto a ella como a su marido este hombre les mintió desde un primer momento: "Es un señor que le ha echado mucha cara. Nos engañó. Cuando fue a alquilar la casa le pedimos garantías, como tener un respaldo económico para poder pagar. Le pedimos dos nóminas y la declaración de la renta del año anterior. Y nos dimos cuenta de que las nóminas eran falsas. Nada de lo que nos contó de dónde venía era verdad. Nos ha llegado que además fue desahuciado hace bien poco de otra vivienda del Puerto en la que realizó el mismo 'modus operandi'".
La mujer afectada dice que "no puede ser que este hombre viva así de gratis durante mucho tiempo". El problema, según Inma, es que este varón se acogió a la Ley de Vulnerabilidad que se publicó en la pandemia del coronavirus y se la concedieron. Él le dijo a su casera que vivía en la localidad gaditana porque estaba divorciado y porque tiene la custodia de su hija, quien fue diagnosticada con autismo.
Pero Inma afirma que la niña no ha estado allí todo el tiempo. Una vez le denunció por impago, sí que se la ha visto allí de forma constante, pero creen que la ha podido utilizar para alargar el proceso y estar en la casa sin pagar. El hombre se ha declarado insolvente, asegura que no puede pagar un abogado, pero "tiene una moto en la puerta y una tele de plasma gigante dentro" del domicilio.
Además, se trata de "un señor muy incómodo, porque causa muchos problemas a los vecinos". La comunidad "le ha puesto una denuncia porque no se adapta a las normas que hay establecidas". Inma y su marido están indignados de no poder ir a su propia casa a hablar con él y decirle que se vaya porque, como dice, podrían encima echarles a ellos de allí. Tiene miedo de que se pueda enfrentar a ellos, ya que a veces se ha puesto "chulo".
Inma, la primera vez que le alquiló la vivienda a este hombre, antes de que incumpliera el contrato, se encontró al regresar a este apartamento vacacional con una imagen lamentable. No se había limpiado en meses. "Había un cristal tapado, que decía que era porque entraba el sol, y estaba roto, y la campana extractora estaba totalmente quemada por dentro, entre otras cosas".
Al cumplir con el pago entonces, no sospechó de que se la pudieran jugar. Y después de todo lo vivido, ya se va a celebrar el juicio por todo lo ocurrido, pero la mujer afectada además ha tenido que hacer frente a la huelga de funcionarios y no confía en que haya una solución inmediata. "Han puesto su gotita", reconoce Inma, que asegura que mañana no se puede ordenar el desahucio. Ya ha perdido alrededor de 8.000 euros y teme perder más.
Los propietarios presentaron la demanda en noviembre y en enero salió la resolución. Se estableció el juicio en julio, algo llamativo para Inma, y se destacó un posible desahucio del hombre en septiembre: "La jueza previó lo que iba a ocurrir en el proceso".
En definitiva, ahora solo puede ocurrir; "o que el hombre no se presente, o que se queje de su abogado" para tener que cambiarlo y alargar el proceso. Inma teme que, al ser "un delincuente profesional", busque cualquier treta para justificar su situación en la vivienda. Podría 'agarrarse' a su hija, pero tendría que ser después del juicio. El peor escenario sería que no se celebre por una causa legal, lo que requeriría establecer una nueva fecha para un nuevo juicio.
Inma no entiende cómo la ley beneficia a una persona que "va a veranear en una urbanización de lujo sin derecho a ello". La problemática de la okupación le sorprende: "Es un atentado contra la privacidad y el derecho del individuo al uso de la propiedad privada. Me parece un atraco. Te sientes abandonada por la ley, porque favorecen al delincuente. Y además te hacen sentir delincuente a ti cuando estás reclamando tus derechos. Te hacen sentir así. Siento impotencia".