El Tribunal Constitucional le ha dado la razón a una mujer que la Sanidad Publica de Murcia envió a abortar a una clínica privada en Madrid. La justicia considera que la Sanidad Pública vulneró los derechos fundamentales de Antonia.
“Intentan convencerme de que la cría podía salir bien”, explica Antonia, que asegura que en el Hospital de Cartagena no le informaron de que podía abortar. Fue un médico privado quien en la semana 20 de gestación detecta que el bebé viene con una malformación cerebral muy grave.
La mujer sintió “un poquito de amenazas, como tratándonos de que nosotros solo queríamos abortar”. En la semana 26 autorizaron el aborto, casi de mala gana, pero le dijeron que debía ir a una clínica privada en Madrid, sufragando ellos los gastos del viaje.
Antonia narra que todo el proceso es muy duro. “Ves que va creciendo, la vas sintiendo. Es muy doloroso. Esa cría era nuestra ilusión”.
El Tribunal Constitucional ha amparado a Antonia, en una sentencia sin precedentes en España. La Justicia considera que ella debería haber recibido la prestación lo más cerca posible de casa y que la Sanidad Pública de la región de Murcia vulneró sus derechos fundamentales.
La Justicia debe aún fijar una indemnización para Antonia.