El debate de la okupación vuelve a instalarse en el discurso político con críticas cruzadas entre los que creen que se trata de un fenómeno marginal y los que aseguran que es un grave problema que va en aumento. Los datos oficiales son escasos e introducen mayor confusión al no diferenciar entre allanamiento y usurpación, y por la aparición de una nueva figura como son los inquiokupas. Alimentando este debate, las empresas de desokupación van en aumento y sus intervenciones en acciones en la localidad madrileña de Majadahonda o en el barrio de Bonanova, en Barcelona sirve de base para una amplia promoción de carácter gratuito.

El periodo electoral que arranca en mayo está alimentando este debate con posturas cada vez más enfrentadas entre ambos bandos. En medio, haciendo negocio están estas nuevas empresas cuyas acciones tienen una amplia repercusión en los medios de comunicación y independientemente de su éxito o no. 

Se benefician de factores como la lentitud de la Justicia, leyes muy garantistas con plazos muy breves y los decretos antidesahucios de personas vulnerables aprobados por el Gobierno. Sin olvidar que en España la oferta de vivienda social es muy escasa o residual ya que la opción mayoritaria escogida por la población es la compra,

Los datos oficiales apuntan a que, en los últimos años, las empresas dedicadas a la desokupación se han triplicado en Madrid pasando de tres en 2019 a unas 10 dos años más tardes, según ha informado El País.

La filosofías de estas empresas la resumen muy bien Daniel Esteve, de Desokopa, la mas conocida de todas, que asegura que "donde no llegan las leyes, llegamos nosotros. Lo que no hace la poli, lo hacemos nosotros. Aquí estamos". Todas se presentan como empresas que median entre los propietarios y los supuestos okupas. También aconsejan a los dueños que no denuncien el caso para evitar que el desalojo termine enredado en la vía judicial.

Pero no todos están de acuerdo con los principios que impulsan a estos desokupadores profesionales. Un ejemplo es el Sindicat de Llogateres de Cataluña. Según estos defensores de inquilinos, "los casos de violencia y extorsión de empresas de matones contratados por propietarios son cada vez más recurrentes". También les acusa de "ejecutar desahucios de forma extrajudicial, es decir, de forma ilegal. Fuerzan a los inquilinos a que abandonen su hogar a través de amenazas, coacciones e incluso violencia física".  

La forma de actuar generalizada por parte de las empresas de desokupación es la siguiente:

A pesar de estos procedimientos que parecen estar sujetos a las leyes, algunas empresas han sido acusadas de rozar la ilegalidad al intimidar, advertir o amenazar presuntamente a los okupas con la advertencia de que si salen de la vivienda ya no podrán volver a entrar. 

En algunos casos, estas empresas han sido declaradas culpables de delitos de amenazas o coacciones. Es importante destacar que el control de acceso puede ser legal si es realizado por vigilantes de seguridad y dentro de la propiedad del perjudicado. Además, algunas empresas también ofrecen servicios legales para iniciar un proceso judicial de desalojo.

Desde el portal Iberley recuerdan que el desalojo de una vivienda okupada ilegalmente debe ser realizado siguiendo los procedimientos legales establecidos y respetando los derechos de los okupantes ilegales. La violencia o la intimidación no son métodos legales ni éticos para resolver este tipo de situaciones.

Pero, ¿cuánto vale contratar los servicios de una empresa de desokupación? En la webs de estas compañía no aparecen listados de precios ni los servicios que ofrecen, aunque sí dejan muy claro que los éxitos en sus desokupaciones rozan el ciento por ciento.

A pesar de esta falta de trasparencia en las tarifas, el precio normal de una desokupación básica siguiendo los pasos antes descritos suele rondar los 3.000 euros. Pero hay casos en los que esta cifra puede dispararse hasta los 8.000 euros o quedarse por debajo de los 2.000 euros por acción.

El Sindicato de Inquilinos denuncia que se trata de "empresas contratadas por propietarios que buscan obtener la máxima rentabilidad de sus activos, bien sean pisos turísticos ilegales, bien sea para aumentar el precio del alquiler de larga y media temporada".

Según esta organización, "la contratación de empresas de extorsión se produce en pisos donde ya se vive una situación de acoso inmobiliario y dejadez de mantenimiento de la finca, con el objetivo de presionar a los inquilinos para que se marchen".