Las imágenes del propietario de una vivienda desalojando de ella a unos okupas por su propia mano y con la ayuda de dos amigos se han viralizado y han traspasado ya las fronteras de España desde la urbanización Los Ángeles, en El Esparagal, Murcia, donde se contextualizan los hechos. Su acto, pese a ser él el que vio cómo su vivienda había sido sitiada con un cambio de cerradura incluido, podrían tener consecuencias directas para él al no haber seguido los cauces legales que se prevén para este tipo de situaciones que no dejan de encender el debate social.

Todo comenzó, según ha relatado Víctor, el protagonista del desalojo, cuando tras volver de la playa se disponía, junto a su mujer y sus hijas, a pasar por la vivienda, la cual compró hace un año por 380.000 euros, pero en la que aún no residen, porque están esperando a la ansiada finalización de una reforma al tiempo en que pagan su hipoteca.

“Íbamos a pasar por allí para recoger unas cosas; un patinete de la niña y poco más. Cuando vamos a acceder a la casa mi mujer se da cuenta de que la llave no entra. Entonces baja un vecino corriendo y dice que la casa la han okupado, que han entrado; ha sido una okupación reciente. En ese momento, mi mujer vuelve al coche, que estaba con la niña, llorando desconsolada perdida: “¡Que nos han okupado, que nos han okupado la casa!”, repetía, según relata Víctor en El Programa de Ana Rosa.

Entonces, con las niñas también llorando, cuenta que habló con el vecino y, tras informarse sobre la situación, “automáticamente” cogió el coche y puso “rumbo a casa de un familiar” para dejar a su mujer y las niñas y “hablar con dos amigos”. “Yo tenía claro que la vivienda la iba a desokupar en el acto”, afirma.

Pidiendo perdón por sus “actuaciones por impulso y no por una actuación reflexionada”, Víctor reconoce que “no es correcto” reaccionar como lo hizo, pero tiene muy claro cuál era la situación y pide ponerse “en contexto”. Lo dice, expresamente, porque ya pasó por un trámite de desalojo, y fue tan largo como costoso.

“Mi familia compró un inmueble en el año 2017 que hemos conseguido desalojar, porque tenía okupas, en el año 2022 en marzo. Hemos pasado por un proceso legal de cinco años en el cual hemos tenido 4 juicios, más de 20 recursos, unos gastos en abogados y legales inmensos. Y eso, conocerlo de primera mano, te hace olvidar la posibilidad de empezar un movimiento legal para una desokupación”, explica.

Con ello en cuenta, relata que al ver ese inmueble también okupado, con las niñas y su mujer llorando, no pensó en “ninguna otra posibilidad que desalojar la vivienda de la forma que sea”.

“No lo hice de la forma más correcta. No defiendo que eso se deba hacer así ni nada por el estilo, pero fue la decisión que yo, en ese momento, por la presión psicológica que tenía, de que me la han okupado, de que sé lo que tarda, con mi familia llorando, el drama que tengo, el hipoquetón que tengo… no vi otra posibilidad inmediata”, explica.

Fue por eso por lo que dice que actuó de esa forma, y precisa, tras difundirse las imágenes del momento en el que efectúan en el desalojo: “Aun así, si analizamos bien el vídeo, no insultamos en ningún momento a nadie, no levantamos el palo con intención de amenaza, no causamos ningún tipo de agresión. Entramos con contundencia, porque tampoco era decir, ‘perdone, si usted es tan amable, por favor, abandone mi casa’… Pero dentro de lo cívicamente posible entramos de la mejor forma y midiendo mucho lo que estábamos haciendo porque sabemos que si pasa algo el problema lo tengo yo y no ellos, lo cual es triste”.

“En ese momento, ellos salen. La verdad, tuvimos suerte de que topamos con unos okupas cooperativos. Nos dijeron que pensaban que era del banco, recogieron sus cosas. Les ayudamos a recoger sus pertenencias y salieron”, señala, añadiendo también que uno de los amigos que iban con él, “cuanto ve que hay niños, que desconocíamos que hubiesen menores, se acerca a ellos y les dice: ‘salid para el coche que enseguida van papa y mami que os tenéis que ir de esta casa””, tras lo cual cuenta que “los niños salen por su propio pie sin ver toda la escena que se monta en el interior”.

Cuando Víctor y sus amigos llegaron, accedieron a la vivienda empujando la puerta del garaje. Fue allí donde encontraron a los okupas, que habían incluso instalado una piscina en el exterior del inmueble. Con un palo en la mano, rápidamente gritaron que se fueran de allí, subrayando que se había acabado el baño. Tras ello, lograron desokupar la vivienda.

Ahora, no obstante, Víctor se enfrenta a posibles delitos por no haber seguido los cauces legales previstos para este tipo de situaciones. Él es, de hecho, consciente de ello, tal como denunciaba en El Programa de Ana Rosa: “Tendrá consecuencias para los propietarios y no para los okupas, lo cual es triste en este país, porque yo he entrado por la fuerza, al igual que ellos también, que han roto la cerradura. Yo casualmente pillé la puerta del garaje abierta y simplemente la empujé. Ellos han cambiado la cerradura, no tiene ninguna consecuencia para ellos. Ellos han hecho lo que han querido dentro de la casa; no ha tenido ninguna consecuencia para ellos… Yo les he dicho que salgan, y han salido; tampoco ha tenido consecuencias para ellos. Sin embargo, para mí, asumo que es probable que tenga alguna consecuencia legal. Lo vuelvo a repetir: lo cual es triste. Aun así, prefiero pagar la multa que pagar el largo camino que procede legalmente de echar unos okupas. Sí, lo hice mal. Sí, no tenía que haberlo hecho así, pero la casa la tengo yo”, sentencia.

Concretamente, según detalla JUPOL, el sindicato mayoritario de la Policía Nacional, cuando el propietario de una vivienda decide actuar por sí mismo para desalojar a los okupas de su inmueble, puede incurrir en dos delitos. Uno de ellos es el de coacciones, lo que puede implicar penas de prisión de entre seis meses y tres años, o multas de entre 12 y 24 meses, según la gravedad. Por otro lado, otro delito sería el de 'realización arbitraria de propio derecho', lo que podría derivar en una multa de 6 a 12 meses.

Respecto a los okupas, se prevén tres tipos de situaciones, cada una con un tipo de pena:

 Será el juez el que, según la gravedad de los hechos, fije las multas, y se suelen pagar en cuotas diarias.

Por otra parte, como recoge La Opinión de Murcia citando fuentes policiales, si el propietario de una vivienda okupada decide cortar los suministros de luz y agua, incurriría en un delito de coacción, recogido en el artículo 172.1 del Código Penal.