El protocolo no existe ni se le espera, ni será obligatorio para nadie. Es la conclusión que se extrae después de un nuevo día de polémica por las medidas sobre el aborto impulsadas por el Gobierno de coalición de PP y Vox en Castilla y León.
Más allá de las declaraciones y críticas, no hay un documento en el que figuren por escrito las novedades que en teoría entraban hoy en vigor. Ningún médico las ha recibido, no hay tal protocolo y probablemente no vaya a haberlo como tal, según ha podido confirmar NIUS en varias fuentes del Ejecutivo regional, de la dirección nacional del Partido Popular y del sector sanitario.
"No existe", afirman fuentes de la sede central del PP en la calle Génova, donde explican que la elaboración de ese documento se ha parado y que no se retomará en el futuro. Es una visión que confirman fuentes de la Consejería de Sanidad de Castilla y León. No existen un protocolo como tal. "Gallardo puede decir lo que le dé la gana”, pero los protocolos se elaboran de acuerdo con cuestiones científicas, aseguran a NIUS fuentes de este departamento. Por tanto, subrayan, los protocolos no se han cambiado, lo que se ha hecho es, insisten, ampliar las medidas de atención a las mujeres embarazadas.
Fue el vicepresidente castellanoleonés, Juan García-Gallardo, quien pronunció la palabra "protocolo" el pasado jueves al anunciar las nuevas medidas. Con ella, no se refería al conjunto de novedades en materia de aborto, sino a una de ellas, al "protocolo de latido fetal y registro cardíaco" entre la semana seis y la semana nueve del embarazo. Desde el principio, afirmó que sería obligatorio para los médicos ofrecérselo a las embarazadas. En comparecencias posteriores y entrevistas pasó a referirse de manera genérica a todas las medidas anunciadas como "el protocolo" y siempre dijo que sería "imperativo". "Lo puedo repetir ochenta veces: va a ser imperativo que los médicos ofrezcan la posibilidad de tener información", ha reiterado este lunes en las cortes regionales.
"Entra en vigor hoy. El tema está clarísimo", aseguraba el vicepresidente sólo unas horas antes de que el presidente, Alfonso Fernández Mañueco, compareciera para dar una visión bien distinta de las medidas. "No se obligará a los médicos a nada. No se obligará a las mujeres embarazadas a nada", ha dicho en una comparecencia sin preguntas.
Así que no hay tal protocolo, no habrá medidas obligatorias y tampoco, pese a lo anunciado por Gallardo, entran este lunes en vigor. Fuentes de la Consejería de Sanidad precisan a NIUS que algunos ya se están prestando, como escuchar el latido fetal, no para que la mujer se replantee si aborta, sino para saber si el embarazo sigue adelante o si ha habido un aborto natural. Otras, como las ecografías 4D o la asistencia psicológica para aquellos casos que tengan justificación clínica, se pondrán en marcha “a la mayor brevedad posible”.
Falta por ver si esta visión que ofrecen desde el PP, alejada de la explicada por el vicepresidente castellanoleonés, de Vox, apacigua a La Moncloa. El Ministerio de Sanidad ha enviado un requerimiento a la Junta, como paso previo a la adopción de acciones legales, y aún espera respuesta oficial. Según publica El Confidencial, el Gobierno central sólo renunciará a emprender acciones legales si la Junta garantiza que no habrá medidas que "hostiguen" a las mujeres que quieran abortar. Ante la disparidad de criterios expresados por Mañueco y García-Gallardo, los socialistas esperan que en Castilla y León pongan por escrito, si no ya un protocolo, sí cómo afectan las nuevas medidas a las embarazadas.