La Estrategia de erradicación de la violencia sobre la infancia y la adolescencia, impulsada por el Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030, y que será aprobada este martes por el Consejo de Ministros, se marca como uno de sus objetivos formar a las familias, incluyendo a padres, madres, abuelos, tíos y otros cuidadores, para promover la cultura del buen trato y prevenir la violencia contra la infancia.

El documento, al que ha tenido acceso Europa Press, señala como una de las medidas a adoptar: "Capacitar a las familias responsables de la atención y crianza de niños, niñas y adolescentes, incluyendo a las personas adultas que puedan ejercer de cuidadores o colaboradores ocasionales (abuelos y abuelas, tíos y tías) en esa crianza".

En este sentido, establece que se desarrollará un plan de formación, para todos los ciclos de edades, dirigido a las familias desde la perspectiva de "la parentalidad positiva, enfoque de derechos de la infancia y adolescencia, enfoque de protección integral, enfoque de género, violencia contra la infancia y adolescencia, desarrollo evolutivo, psicología del trauma, psicología del vínculo y gestión de conflictos"; y añade que estos programas se promoverán desde los centros educativos y de servicios sociales.

Esta es una de las medidas contempladas en esta Estrategia --que viene como mandato de la Ley de protección a la infancia, la conocida como Ley Rhodes-- con la que el Gobierno busca "dejar atrás el desconocimiento de la realidad de la violencia contra la infancia en España" y fortalecer la prevención y la detección. El documento pretende ser una hoja de ruta para que las diferentes administraciones, entidades y actores trabajen de la mano para evitar que ningún niño o niña sea víctima de violencia.

Según recuerda Derechos Sociales, en el año 2021 se registraron 55.354 victimizaciones --hechos denunciados-- de niñas, niños y adolescentes de entre 0 y 17 años en España, según datos del Ministerio de Interior, y se comunicaron al sistema de Registro Unificado de Maltrato Infantil (RUMI) 21.521 notificaciones sobre niños y niñas víctimas de violencia.

La Estrategia, que fue consensuada por la Conferencia Sectorial de Infancia y Adolescencia, cubre el periodo 2023-2030 y enmarca todas las medidas mencionadas en cinco áreas estratégicas, para cada una de las cuales se establece un objetivo y unas líneas estratégicas.

Así, entre otras metas, el Gobierno se propone que, en 2030, el 100 % de la población encuestada encuentre "inaceptable" las distintas formas de violencia que afectan a la infancia y adolescencia.

Según se indica en el documento, "algunas normas sociales y tradiciones nocivas continúan justificando ciertos tipos de violencia (como los castigos físicos, la mutilación genital o el matrimonio infantil)" y añade que "ciertos tabúes (como los relativos a la sexualidad) aumentan la vulnerabilidad de los menores. También advierte de la "tolerancia hacia el racismo, el sexismo, la homofobia y la disfobia" y de los "modelos de masculinidad y de feminidad tóxicos" en ámbitos como la publicidad o el ocio.

Además, precisa que se pondrá especial atención a los niños en los sistemas de protección, los migrantes no acompañados y aquellos más vulnerables por razones de salud mental; y que se lanzarán "campañas y acciones de sensibilización sobre diferentes contenidos de educación afectivo-sexual para niños, niñas y adolescentes de todas las edades, incluido el colectivo de cero a seis años, y sus familias".

Asimismo, el Gobierno quiere que, en 2025, los ciclos formativos de grado superior, grado y posgrado y de especialización a las profesiones en el ámbito socioeducativo, de la salud, operadores judiciales o Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, incluyan contendidos de prevención, detección e intervención de los casos de violencia contra la infancia; y que, en 2030, se haya incrementado en un 60% el personal en contacto habitual con la infancia que cuenta con formación especializada en temas de violencia contra los niños.

Por otro lado, la Estrategia propone que en 2025 esté elaborado y en funcionamiento el Registro Unificado de Servicios Sociales sobre Violencia contra la Infancia (RUSSVI); y se marca otras metas como: realizar macroencuestas periódicas sobre la prevalencia de la violencia contra los niños, identificar los factores que aumentan la vulnerabilidad o medir los costes sociales y económicos de la violencia contra los menores en relación con los costes de la prevención y la protección.

De forma paralela, el documento señala que se prestará especial atención al establecimiento o uso, por los servicios sociales de atención primaria, de un sistema de seguimiento y registro de los casos de violencia sobre la infancia y la adolescencia en el que consten las notificaciones recibidas.

La Estrategia también contempla la especialización tanto de los órganos judiciales como de los cuerpos de jueces, fiscales y equipos técnicos para la instrucción y enjuiciamiento de las causas penales por delitos cometidos contra o por niños.

Por otro lado, en el área de entornos seguros, la Estrategia se marca como meta para 2030 que se incremente en un 50% el número de niños, niñas y adolescentes que identifican como violencia todo tipo de agresiones contra la infancia; en un 30% el número de menores que declaran no haber sufrido nunca una victimización de ningún tipo; y en un 30% el número de menores que saben a quién reportar en caso de sufrir una victimización grave.

Se propone, asimismo, que las comunidades autónomas cuenten con un órgano de participación infantil y adolescente (al menos el 50% en 2025 hasta llegar a su totalidad en 2030).

Al mismo tiempo, otra de las medidas es garantizar el protagonismo de los niños y niñas y esto ya se observa en la propia redacción de esta Estrategia, donde se recogen algunas propuestas de consejeros del Consejo Estatal de Participación de la Infancia.

Entre otras propuestas, sugieren revisar no solo los antecedentes de delitos sexuales sino también de maltrato del personal que vaya a trabajar con niños, o insertar en las páginas web de los institutos y APP más visitadas por adolescentes y jóvenes, un botón de ayuda ante casos de violencia.

En cuanto a la atención especializada, el Gobierno se propone que, en 2030, el 90% de los niños, niñas y adolescentes que han denunciado ser víctimas de violencia o han sido agresores, hayan sido atendidos de forma gratuita.

El Ejecutivo también advierte de la desconexión entre equipos, disciplinas, administraciones y niveles de gobierno que resultan en "grandes fugas de recursos y energías" y provocan "incoherencias y contradicciones" que "hay que evitar a toda costa".

Por ello, apunta que se trata no solo de prevenir y responder a la violencia física, emocional y sexual, sino de prevenir también la violencia institucional y administrativa y, con este fin, la Estrategia señala que se establecerán los cauces para una colaboración y cooperación eficaz entre los diferentes actores.