Montón ha indicado tras el Consejo de Ministros que desde este viernes comienzan "un amplio debate en el proceso de participación" para elaborar el anteproyecto de ley que "incluirá el abuso sexual y las nuevas formas de violencia como el acoso o la violencia a través de las redes sociales". Asimismo, ha precisado que el texto será el resultado de un "trabajo en equipo" y se recogerán también "todas las reflexiones y aportaciones previas de organizaciones sociales y de infancia".

Por otra parte, se elaborará un registro unificado de menores víctimas que permita disponer en una sola unidad de toda la información. Este se actualizará en materias relativas a la inhabilitación especial para el ejercicio de profesionales, voluntariado y actividades que impliquen trato con menores.

"Debemos cuantificar el número de menores que sufren malos tratos, vejaciones, acoso, abusos sexuales o de otro tipo, así como conocer quiénes son los que ejercen esa violencia contra ellos para que la sociedad tome conciencia", ha informado.

Formación de jueces y fiscales

La ley, que recogerá la definición de violencia acorde con la Convención de Derechos del niño, implicará el trabajo de distintos ministerio, como Sanidad, Educación, Interior, Trabajo y Justicia. En este sentido, se trabajará en la formación de jueces, fiscales y demás profesionales. Además, Montón ha asegurado que se tendrán "muy presentes las aportaciones de los propios niños y niñas".

Con la norma también se desarrollarán medidas específicas de protección para aquellos grupos de menores en especial situación de vulnerabilidad, como las niñas víctimas de trata, los menores con discapacidad o LGTBI. El objetivo, según la ministra, es que "todos los niños disfruten de una infancia plena y feliz".

Montón ha recordado que el anteproyecto de ley está en una fase "muy incipiente". El plazo para consultas públicas permanecerá abierto hasta el próximo 17 de septiembre. Por el momento, el Gobierno ya ha mantenido reuniones con varios ministerios, administraciones locales y autonómicas, sociedades científicas, entidades sociales, que continuarán en los próximos meses.

Una ley muy reivindicada

Las ONG venían pidiendo desde hace tiempo una Ley de Violencia contra la Infancia. Por ello, en el año 2017 remitieron una propuesta al Gobierno del Partido Popular. Entre las medidas que reivindicaban destacan las anunciadas por las ministras, como el registro víctimas o el deber de denuncia