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El hijo de Carmen y Paco tienen 31 años y está diagnosticado de autismo. Lleva cuatro años esperando una plaza en una residencia pública. Sus padres no pueden con él porque sufre brotes violentos. La situación es tan complicada que desde el verano le tienen que encerrar en una habitación para darle la medicación.
Hasta hace no mucho tiempo esta familia de Manises, Valencia, iba de viaje con su hijo. Pero su trastorno se complicó y desde 2019 están esperando una plaza en una residencia para su hijo de 31 años.
Con un 77 % de discapacidad y un grado de dependencia reconocido, el hijo de Carmen y Pacó iba a un centro de día, donde estaba atendido por profesionales y socializaba con sus compañeros. “Se iba de viaje en avión, de campamento, tenía una vida muy normalizada”, señala su madre al diario El Levante. Sin embargo, empezó a no querer ir con ellos, se ponía cada vez más violento. “Empezaba a romperlo todo, a mordernos, a pegarnos”… Hasta hoy, donde la pareja no puede controlar los brotes de su hijo.
Nada cuelga en la casa de esta familia en Manises, ni luces, ni cuadros, ni espejos… Solo el pasillo está lleno de peluches. En una ocasión llegó a tirar una mesa por una ventana, cuenta Carmen, que “por suerte no le dio a nadie”.
“Vamos por la calle y agarra a la gente del brazo, en el coche nos muerde y cada vez se va retrayendo más. También ha dejado de hablar. No quiere salir”, explica la madre.
Desde el verano la situación es tan peligrosa, que tienen a su hijo viviendo en una habitación de la casa sin muebles, solo una cama sin somier y un lavabo portátil. La medicación se la dan por la ventana que, tiene rejas.
“No podemos más. Necesitamos que trabajen con él para que gane calidad de vida y sea feliz (…) Cada vez tiene más fuerza y nosotros menos. Hace tiempo que no sonríe, ya no dice nada, está medicado y encerrado”.
En enero de 2020, se ofreció a la familia llevar a su hijo a una residencia de Utiel pero la rechazaron por lejanía, según cuenta el citado diario.
En abril de 2021, el Institut Valencià d’Atenció Social-Sanitària (IVASS) aconsejó la derivación de su hijo "a un centro específico para personas con diagnóstico TEA, en el que pueda recibir el tratamiento requerido. Dos meses después la familia puso una denuncia porque desconocía este informe de la administración.