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El ministro de Sanidad, Salvador Illa, confirmó que el Gobierno había repartido este domingo alrededor de un millón de test rápidos a las comunidades autónomas, realizando un cribado en hospitales y residencias de ancianos frente al COVID-19.
De ese reparto, el 50 por ciento irán destinados a la Comunidad de Madrid, Cataluña y Andalucía. Además, y según anunció el ministro de Sanidad, estas herramientas tienen que ser utilizadas como complemento a las pruebas PCR, y anunció que a lo largo de esta semana van a llegar otro millón de estos test, dentro del acuerdo con proveedores chinos para la compra de un total de 5,5 millones.
En este sentido, la doctora María José Sierra, explicó el lunes en rueda de prensa que en la nueva y "larga" etapa que se vislumbra, debido a la disminución del número de casos, se plantean dos estrategias. La primera consiste en detectar precozmente los casos, ya sean leves o graves, para aislarlos, para lo cual se van a utilizar los test rápidos y las PCR.
La segunda estrategia consiste en saber cómo está circulando el virus y qué pacientes han pasado ya la enfermedad, para lo cual se están diseñando "importantes estudios" de seroprevalencia que ayudarán a ir relajando las restrictivas medidas de distanciamiento social reflejadas en el Real Decreto del estado de alarma por coronavirus.
El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha pedido a los presidentes de las comunidades autónomas que faciliten una lista de infraestructuras para poder alojar a contagiados por el coronavirus pero que están asintomáticos, con el fin de evitar que puedan contagiar a otras personas.
El presidente les ha pedido que este listado esté concluido antes del próximo 10 de abril, justo cuando finaliza la Semana Santa y los trabajadores de sectores no esenciales volverán a incorporarse a sus puestos de trabajo.
Sobre las cuestiones jurídicas de la medida, pues todavía se desconoce si este aislamiento sería impuesto por el Estado o de 'motu proprio' por los contagiados asintomáticos, el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, ha asegurado que se va a garantizar un "exquisito respeto de los derechos y libertades de los ciudadanos", así como al marco constitucional.
"Supongo yo que una voluntariedad manifiesta, si fuera necesaria y precisa, sería algo factible. Si no, se estudiarían todas las posibilidades legales, porque hay un principio fundamental: garantizar la salud pública como bien constitucional del conjunto de los ciudadanos españoles", ha comentado Marlaska al respecto.
En esta línea, la ministra de Defensa, Margarita Robles, ha circunscrito la medida al estado de alarma, que jurídicamente "tiene plena cabida en la Constitución". "Hemos llegado al estado de alarma por las circunstancias terribles. Actuaremos siempre dentro de los marcos constitucionales", ha afirmado.
China ya tomó esta medida en su etapa de confinamiento en lugares públicos a los que se denominó Arcas de Noé. Una vez dados de alta, los pacientes chinos eran trasladados a estos lugares a seguir su cuarentena.