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Oxfam Intermón estima que el número de personas pobres en España podría aumentar en más de 700.000, hasta alcanzar los 10,8 millones de personas, tras la situación generada por el COVID-19. Para evitarlo propone más impuestos para los que más tienen e invertirlo en salud, educación y protección social.
En el informe "Una reconstrucción justa es posible y necesaria", la ONG calcula además que el previsible aumento de la desigualdad supondría borrar de un plumazo lo que se había reducido en los últimos cuatro años.
Así, las personas con menores ingresos perderían, proporcionalmente, ocho veces más renta que las más ricas, según el pronóstico de la ONG.
Frente a esto, Oxfam Intermón propone una recuperación basada en una fiscalidad progresiva, que permitiría recaudar 10.000 millones de euros más para blindar el sector público con el fin de garantizar la salud, la educación y la protección social.
Además, recomienda medidas para paliar la precariedad laboral que afecta especialmente a trabajadoras y trabajadores que en esta pandemia han sido esenciales, muchas de ellas personas migrantes para las que pide también una regularización amplia y extraordinaria. Según esta investigación, el porcentaje de personas que viven bajo el umbral de la pobreza pasaría del 21,5 actual al 23, 1%, de las que una de cada tres personas sería una persona inmigrante.
La ONG calcula esas cifras de aumento de personas pobres y de la desigualdad teniendo en cuenta un aumento esperado de la tasa de paro del 13 % al 19 % y una caída del PIB del 9 % durante el año 2020. Respecto a la pobreza relativa subiría del 21,5 % antes del covid hasta alcanzar al 23,1 % de la población.
Pobreza por CCAA Las comunidades autónomas que registran un mayor incremento porcentual de la pobreza son Baleares, Castilla León, Aragón y Cataluña; en términos absolutos es en Andalucía donde más personas pasarían a estar en situación de pobreza, con 201.000 personas más. En cuanto a desigualdad, la comunidad con un mayor aumento de esta es Andalucía, seguida por Canarias y Extremadura.
"La crisis deja una huella de profundos daños económicos y sociales que se han distribuido de manera muy desigual e injusta. No se pueden repetir los errores del pasado, debemos salir de esta crisis construyendo una economía más humana que no deje a nadie atrás y en la que contribuyan más aquellos que menos han sufrido el impacto de la crisis", señala.
En este análisis económico y social, Oxfam destaca que la desigualdad provoca, por un lado, que distintas personas tengan distintos niveles de riesgo ante el contagio, pero también que una vez se produce el contagio, tengan distintas posibilidades de supervivencia.
Así pasados los 65 años, un 28,15 % de las personas que han trabajado sin cualificación tienen dificultades para llevar a cabo actividades básicas de la vida cotidiana en algún grado; este porcentaje baja al 8,71 % en la clase ocupacional más alta, haciendo que las personas más vulnerables tengan más probabilidades de enfermar.
"El coronavirus ha impactado especialmente a las familias pobres", denuncia el informe, y "deja una huella de graves daños económicos y sociales que se han distribuido de manera muy desigual y muy injusta, y que a largo plazo, podrían llegar a ser más graves que la pandemia en sí misma", añade.
Oxfam reclama "garantizar los derechos de quienes han garantizado nuestra supervivencia, personas que han resultado imprescindibles frente a un modelo económico que hasta ahora les había dado la espalda: profesionales sanitarios, mensajeros, riders o falsos autónomos, cajeras de supermercados o jornaleros agrícolas".
"Muchas de ellas personas migrantes, como las trabajadoras que han cuidado de nuestras ancianas y ancianos: una de cada tres vive bajo el umbral de la pobreza y sólo una cuarta parte está registrada en la Seguridad Social, indican en el informe.
Entre las medidas extraordinarias, figuran entre otras un impuesto temporal sobre los beneficios extraordinarios, un impuesto a las transacciones financieras más ambicioso que el que ahora mismo se debate en el Congreso y que las ayudas públicas a las empresas estén condicionadas a un comportamiento fiscal responsable.
Como medidas fiscales estructurales, reformar el impuesto al patrimonio para que cumpla su función redistributiva, aumentar la presión fiscal sobre las rentas del capital en el IRPF (infragravadas frente a las rentas del trabajo) o eliminar ciertos ajustes extracontables con el objetivo de aumentar el tipo efectivo del Impuesto de Sociedades, para que sea de al menos el 15% por parte de las grandes empresas.
"Los 23 milmillonarios españoles han visto aumentar el valor de su riqueza en 19.200 millones de euros en los 79 días transcurridos entre el 18 de marzo y el 4 de junio", concluye.