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El Gobierno y el Partido Popular se han enzarzado este jueves en una polémica por la compra fallida de test rápidos defectuosos cuando la crisis por el coronavirus está en plena explosión de contagios y muertes. El ministro de Sanidad, Salvador Illa, ha reconocido en el Congreso que se había devuelto una partida de 9.000 test rápidos de coronavirus porque a pesar de contar con la marca CE y haber sido adquiridos a un proveedor local, las pruebas demostraron su escasa sensibilidad. Para el PP, se trata de un ejemplo más de la "irresponsabilidad" en la gestión de la crisis al tiempo que, de demostrarse, ha exigido "consecuencias".
Durante su comparecencia en la Comisión de Sanidad del Congreso de los Diputados, y en repuesta a los portavoces de los grupos parlamentarios que le han cuestionado sobre el problema que se ha tenido con estos test, Illa ha informado de que se adquirieron a un proveedor nacional.
"La partida que nos llegó fue comprada a un distribuidor nacional que nos dio la garantías y era un producto marca CE", ha dicho el ministro, para cuestionar si ya no sirve la marca CE, e insistir en que el proveedor era "nacional y de confianza".
Del mismo modo, el ministro de Sanidad ha informado de que sobre estos productos no había alertas por parte de la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios ni de la Agencia Europea del Medicamento, si bien cuando han analizado que realmente no cumplen los estándares de calidad que se exigen en España han pedido que los cambien.
"No compramos un producto que no cumpla con las especificaciones de la AEMPS. Pero de estos no había ninguna alerta ni en España ni en Europa. ¿Hubiera sido mejor no comprarlos cuando tenían la marca CE y no había ninguna alerta?", ha dicho, para zanjar insistiendo en que han pedido que los cambien al ver que realmente no cumplen con los requisitos exigidos.
Desde el Gobierno han explicado que el Instituto de Salud Carlos III (ISCIII) analizó la documentación aportada por la empresa respecto a los estudios clínicos realizados por el fabricante chino.
Las primeras pruebas del test rápido se realizaron en paralelo en un hospital de Madrid y en el ISCIII y en cuanto se detectó una escasa sensibilidad, se dio orden inmediata de retirada; y se contactó con el proveedor que lo va a sustituir por otro tipo de test.
Además, precisan que esta operación, que no está relacionada con la compra de material sanitario anunciada ayer por el ministro, pues se inició antes de que las autoridades chinas facilitaran nuevos listados de sus proveedores al Gobierno de España.
No obstante, esos listados incluyen fabricantes validados y preferentes y "en ningún caso consta información sobre la empresa china que, según la embajada, no cuenta todavía con la licencia correspondiente en China", insisten las mismas fuentes que asegura que "por parte del Ministerio de Sanidad sí se hicieron comprobaciones sobre la fiabilidad del proveedor nacional".
Desde el PP, su presidente, Pablo Casado, ha urgido al jefe del Ejecutivo, Pedro Sánchez, a explicar si compró tests que no funcionan para detectar el coronavirus y si lo hizo a una empresa "sin licencia, como dice China", ya que, según ha recalcado, si eso "es cierto" sería "una auténtica irresponsabilidad que debe tener consecuencias".
El líder de los 'populares' se ha hecho eco de esas informaciones para recalcar que Sánchez "debe explicar por qué el Gobierno no ha validado los test que ha comprado y que no funcionan", en un momento en que la cifra de contagiados supera los 56.000 y los fallecimientos superan las 4.000 personas.
De la misma manera, el secretario general del PP, Teodoro García Egea, ha cargado contra el Ejecutivo por esos supuestos test fallidos. "Señor Sánchez, ¿esto tampoco se podía saber? ¿A quién le va a echar la culpa de esto? Debe asumir responsabilidades", ha señalado en la misma red social.