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La ministra de Sanidad, Mónica García, ha anunciado este lunes que en los próximos días estará listo el borrador de protocolo para el registro de personas objetoras al aborto "y que ninguna comunidad se pueda amparar en ese vacío legal para que la interrupción legal del embarazo no se lleve a cabo en la sanidad pública".
En un desayuno informativo donde ha presentado al secretario de Estado de Sanidad, Javier Padilla, la ministra ha subrayado que "muchas voces quieren retraer a España a tiempos pretéritos" y ha vuelto a reivindicar "el derecho al aborto libre y seguro como un derecho fundamental que hemos conquistado y no tiene vuelta atrás".
"Es un desafío que este derecho se consagre en nuestra sanidad pública" ha dicho la ministra, que ha defendido que se pueda acudir a los centros de la sanidad pública para que estos abortos sean "libres y seguros".
"Estamos oyendo voces en muchos países (Italia, Argentina o Hungría) e incluso en España que vuelven a poner la batalla política en nuestros cuerpos. No lo vamos a permitir", ha dicho.
En esta línea, Más Madrid ha registrado una proposición no de ley en la Asamblea de Madrid para que se cree un registro de objetores de conciencia del aborto, por entender que esta comunidad ampara el bloqueo de las interrupciones públicas del embarazo en la sanidad pública.
Así lo plantea en una proposición no de ley (PNL) registrada por el partido en la Asamblea de Madrid, a la que ha tenido acceso Europa Press, en la que se tacha de "prácticamente imposible" acceder al aborto en la región por los tiempos de espera, la "falta de agendas especializadas" o por las "objeciones en bloque e realizadas por los servicios, ignorando que la objeción de conciencia siempre es una decisión individual, y no de las instituciones".
"Tal es el caso que profesionales de la sanidad pública dispuestos a efectuar Interrupciones Voluntarias del Embarazo ven cómo sus jefes de servicio se lo impiden, con el amparo de la Consejería de Sanidad", ha lanzado la formación.
Sostiene la formación encabezada por Manuela Bergerot en la Cámara que la situación es peor en la sanidad privada, donde las mujeres además del pago tienen que "verse sometidas a un acoso y hostigamiento" que a pesar de ser delito "sigue siendo el orden del día en estas clínicas".
Más Madrid ha planteado la necesidad de darle un vuelco a la forma que se aborda la prestación del aborto en la autonomía y propone una batería de medidas recogidas en la citada iniciativa parlamentaria.
Así, plantean como primer punto que se cree una mesa de seguimiento de la Ley de Salud Sexual y Reproductiva e Interrupción Voluntaria del Embarazo para garantizar su aplicación en la región.
Tras garantizar que se dispensa este servicio, pide que sea en los centros sanitarios públicos y que, además, se trabaje para asegurar que en los centros habilitados se haya eliminado el "período de tres días de reflexión".
Reclama, además, que se promueva el aborto farmacológico en las semanas de gestación en las que está indicado, que se mejore la calidad de la información que se brinda a las que tengan acceso a este aborto terapéutico para "preservar su indemnidad, dignidad y libertad en el proceso".
Insisten en la iniciativa en la creación del registro de objetores de conciencia y en garantizar que el derecho a la objeción de conciencia "no obstaculice" el derecho a la interrupción voluntaria del embarazo y que este se pueda realizar en la sanidad pública.
El Ministerio de Sanidad publicaba este sábado los datos del Registro Estatal de Interrupciones Voluntarias del Embarazo. La Comunidad de Madrid registró en 2023 la segunda tasa más alta de toda España de interrupciones voluntarias del embarazo (IVE), con 13,92 por cada mil mujeres, lo que supone más de un punto más que hace un año, cuando se colocaba en el 12,89.
Solo Cataluña supera a Madrid en tasa de abortos voluntarios en 2023, con con 14,92 por cada 1.000 mujeres. En el conjunto de España, el número de IVE alcanzó las 103.097, 4.781 más que en 2022 --se registraron 98.316 entonces--, lo que representa un aumento del 4,8 por ciento en un año y del 8,7 por ciento con respecto a 2014, cuando se registraron 94.796 abortos voluntarios.
Los datos, que se han hecho públicos coincidiendo con el Día Mundial del Aborto Seguro, muestran que la tasa de IVE en España alcanzó 12,22 por cada 1.000 mujeres entre 15 y 44 años el año pasado. Este dato supera tanto la tasa de 11,68 registrada en 2022 como la de 10,46 en 2014, lo que indica un aumento en la incidencia de este procedimiento en los últimos años.
En relación con el tipo de centro, el 81,45 por ciento de las IVE se practicaron en centros privados. Por autonomías, Cataluña y Madrid lideran la tabla, mientras Aragón registra la tasa más baja, con 8,4 por cada 1.000 mujeres.
La tasa de incidencia aumentó en todos los grupos de edad, especialmente en el grupo de 19 años y menos. El 93,94 por ciento de las IVE se realizaron a petición de la mujer. El 75,19 por ciento de las IVE se practicaron en gestaciones de 8 o menos semanas y el 66,99 por ciento de las mujeres no habían tenido ningún aborto voluntario anterior.
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