Las agencias de viajes consideran que la aplicación del real decreto de registro de viajeros, obligatorio desde el pasado día 2, es un "disparate" y "de imposible cumplimiento", entre otras razones porque "sigue habiendo fallos en la plataforma".

Así lo ha explicado en rueda de prensa el presidente de la Confederación Española de Agencias de Viajes (CEAV), Carlos Garrido, que ha criticado la escasa disposición del gobierno a dialogar con el sector.

También la Asociación Corporativa de Agencias de Viajes Especializadas (ACAVe) ha incidido en esta cuestión en una nota de prensa, en la que resalta que más de la mitad de las empresas señalan que les resta capacidad comercial.

Garrido ha confiado en que la orden ministerial de desarrollo del real decreto, que está en elaboración, corrija estas deficiencias y, especialmente, que excluya a las agencias de viajes de la obligación de aportar los 42 datos que exige Interior, que hasta ahora no comunicaban.

Demandan también que se excluya el segmento MICE (eventos e incentivos) así como el tráfico corporativo, para evitar que en grandes eventos se produzcan colapsos en los registros de los viajeros.

"La aplicación está siendo de imposible cumplimiento porque sigue habiendo muchos fallos en la plataforma", ha explicado Garrido, para quien sitúa al sector en una situación de "indefinición jurídica".

Entiende que esta nueva obligación es una desventaja competitiva para España, dado que se exige a los viajeros cumplimentar una documentación, hasta 42 datos, que no es obligatoria en otros países.

El vicepresidente de Ceav, José Manuel Lastra, ha destacado en este sentido que "raro es el día en que en las ultimas semanas que no haya habido un periódico británico (el primer mercado emisor para España) que haya hablado del 'spanish big brother' (gran hermano español).

Los turoperadores están "preocupados" aunque de momento es pronto para conocer la incidencia directa que esta nueva obligación de registro podría tener en la llegada de turistas.

Un 88 % de las agencias encuestadas por ACAVe considera que el Ministerio del Interior no ha informado adecuadamente sobre los trámites ni la operativa concreta del registro de viajeros en establecimientos turísticos, obligatorio desde el pasado 2 de diciembre.

Además, un 54 % de los consultados dice que ha tenido que destinar equipo humano y recursos a toda esta operativa, lo que les resta capacidad comercial y deriva en perjuicios económicos.

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