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La Audiencia de Madrid ha dejado en libertad con medias cautelares al marido de la mujer que fue hallada muerta en septiembre en una vivienda de Villalbilla (Madrid), quien estaba en prisión al imputársele inicialmente un presunto delito de homicidio o de inducción al suicidio, tras lo que la investigación apunta a que no hay indicios suficientes para corroborarlo.
Según han informado a EFE fuentes jurídicas, la Sección 26 de la Audiencia de Madrid, especializada en violencia sobre la mujer, ha aceptado la petición de la defensa del investigado, César S.G., de que salga en libertad, aunque con medidas cautelares, al no existir indicios de delito suficientes para mantenerle en prisión provisional.
El investigado está en prisión desde el 12 de septiembre, tras ser arrestado el día 8 de ese mes al encontrarse el cadáver de Raquel B. L., de 54 años, quien había desaparecido el 31 de agosto. Fue él quien denunció la desaparición el 4 de septiembre, y el cadáver se encontró dentro de una estancia muy reducida de la vivienda conyugal, en un sótano.
La Audiencia decreta ahora para el investigado varias medidas cautelares, como firmar cada siete días en sede judicial, retirarle el pasaporte y prohibirle salir de España.
"Claramente se ha decretado la prisión provisional sin tener mínimamente claro lo que ha pasado, en base a hipótesis no evidenciadas por el momento suficientemente desde el punto de vista probatorio; eludiendo otras posibles (...) que son más beneficiosas al investigado, y en base a la consideración de que quizás, y solo quizás, pueda demostrarse en el futuro que se ha cometido por el investigado un delito de gravedad", explican los jueces en el auto, al que ha tenido acceso EFE. Y consideran que esto es "totalmente contrario a la naturaleza y esencia de la prisión provisional".
Los magistrados plantean los diferentes hechos que pudieron ocurrir aquel día, desde que el investigado hubiese obligado a tomar pastillas a la víctima con violencia o intimidación, que la hubiese inducido al suicidio o la hubiera ayudado a suicidarse, concluyendo que no se puede probar, sobre todo porque la mujer precisó a los médicos que quería morir y que no avisaba a su marido porque él no lo entendería.
Tampoco ven probada la posibilidad de que el investigado viese que su mujer se había tratado de suicidar y "ayudara a que la muerte se produjera", poniendo de relieve que la mujer hizo una llamada a emergencias con voz débil desde un zulo que estaba insonorizado, por lo que es posible que el investigado estuviera en la casa pero supiera nada y no la oyera.
Subrayan que cualquiera de las tesis inculpatorias supondría que el investigado dejó el cadáver corromperse en el zulo, dando datos falsos y atrayendo a la casa a los investigadores, cuando lo más sencillo seria que hubiese llamado al poco tiempo.
La magistrada del Juzgado de Violencia sobre la Mujer número 1 de Alcalá de Henares, que lleva a cabo la instrucción, ha practicado en los últimos meses numerosas diligencias, como la toma de declaración a una veintena de testigos, entre ellos familiares, guardias civiles y vecinos, así como a la psiquiatra que trataba a la fallecida, han precisado a EFE fuentes judiciales.
La jueza ordenó volver a registrar la estancia en la que apareció el cadáver, de reducido tamaño y donde según algunos testigos se recluía a veces la mujer para no oír ruidos del exterior, confirmando que había tratado suicidarse en dos ocasiones y que el cadáver no tenía signos de violencia.
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