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La Policía Nacional ha abierto una investigación por la fuga de cuatro solicitantes de asilo con pasaporte marroquí fugados de una sala en el aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas donde se atienden las peticiones de protección internacional, han informado fuentes del Ministerio del Interior.
Desde hace algo menos de un mes, un grupo de saharauis procedente de Marruecos se encuentra en Barajas a la espera de que les concedan el asilo o sean retornados. Según datos de Interior, son algo más de 70 los ciudadanos que aguardan en el aeropuerto madrileño procedentes del país vecino, llegándose algunos a poner en huelga de hambre días atrás en protesta.
El pasado mes de enero, sindicatos de la Policía Nacional denunciaron otra fuga, esta vez de casi 30 solicitantes de asilo de origen magrebí. Las organizaciones policiales advirtieron de los "riesgos para la seguridad aérea" porque algunos de los migrantes llegaron a acceder a las pistas del aeropuerto tras romper el cristal de una de las ventanas de la sala de asilo.
En esta ocasión, la Policía investiga la fuga de estos cuatro ciudadanos con pasaporte marroquí ante la sospecha de que han podido abandonar la sala de asilo por el techo.
Los problemas derivados de los solicitantes de asilo que piden protección cuando hacen escala en Barajas provocó hace meses la intervención del Gobierno para evitar el colapso de las instalaciones ante la llegada de ciudadanos de diferentes países africanos, entre ellos Mauritania, Senegal, Kenia o Marruecos. En algunos casos, se han implantado visados de tránsito para evitar que se produzcan fraudes al hacer escala en Madrid.
Precisamente el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, aseguró ayer en la rueda de prensa tras el Consejo de Ministros que mantienen una "comunicación, coordinación y cooperación permanente" con ACNUR, el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados, para estudiar "individualmente" cada petición de asilo de los saharauis, "en caso de que proceda" el reconocimiento de protección internacional o, en caso contrario, autorizar las expulsiones.
"La resolución que se dicta es la resolución que se entiende desde un punto de vista de aplicación estricta del derecho internacional y del derecho humanitario en relación a ser o no acreedor de la protección internacional, conforme al convenio de Ginebra", apuntó Grande-Marlaska.
En concreto, le han preguntado por las recomendaciones de ACNUR a España para que autorice la entrada de los ciudadanos de origen saharaui en vez de intentar expulsarlos.
Como ya hizo la semana pasada, Grande-Marlaska ha subrayado que la decisión que adopte el Gobierno sobre los saharauis en Barajas se lleva a cabo con la "tutela final y definitiva del Poder Judicial", ya que es un juez quien finalmente avala la resolución que apruebe el Ministerio del Interior.
"Se está trabajando sobre cada uno de los casos de forma individual, se estudia de una forma detenida y se resuelve. Y no podemos olvidar que luego está también la actuación del Poder Judicial, quien en su caso también resuelve y reexamina cualquier resolución que se dicte", indicó.
Según los datos de Interior de este lunes, en Barajas hay un total de 115 solicitantes de asilo, de los que 73 proceden de Marruecos, si bien ninguno estaba en huelga de hambre. Una semana antes eran 57 los ciudadanos marroquíes que alegaban ser saharauis perseguidos, por lo que algunos de ellos llegaron a anunciar una huelga de hambre en señal de protesta.
Sumar y Podemos han criticado al Gobierno al entender que no acoge a este grupo de personas para "no molestar" a Marruecos. Desde la defensa del grupo de saharauis también se ha denunciado casos de devoluciones de ciudadanos que ingresarían en prisión si son expulsados de España.
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