Los vecinos del barrio de San Fermín, en Usera, han reavivado su lucha contra la construcción de un crematorio en el tanatorio de la M-40, tras la reciente aprobación de la licencia de obra por parte del Ayuntamiento de Madrid. De hecho, denuncian que se haya aprobado en verano “como ya hicieron también en 2021, sin comunicación previa de nada”.
La aprobación de la licencia es una forma, según los vecinos “para que no nos enteremos y no podamos abrir la boca”.
Este proyecto ha sido objeto de una férrea oposición vecinal desde 2002, acumulando tres intentos fallidos en 2002, 2015 y 2021 para su construcción. Los residentes denuncian que la nueva instalación representa un riesgo para la salud pública.
Pese a las más de 13.000 firmas en contra presentadas en el pasado y el apoyo de la Asociación Vecinal de San Fermín, el Gobierno de José Luis Martínez-Almeida ha dado luz verde al proyecto.
Los vecinos también señalan que la normativa municipal vigente, incluida la Ordenanza de Calidad del Aire y Sostenibilidad, establece una distancia mínima de 250 metros entre crematorios y zonas residenciales o lugares de permanencia habitual, distancia que no se respetaría en este caso, ya que en las inmediaciones del crematorio hay más de 3.000 viviendas, así como un colegio, un instituto, tres parques y varios centros comerciales y de trabajo.
Desde la Administración, tanto a nivel autonómico como local, se justifican argumentando que la concesión de la licencia responde a una sentencia del Tribunal Supremo que obliga al Consistorio a permitir la construcción del crematorio.
Sin embargo, estos argumentos no convencen a los vecinos, quienes denuncian que la Administración está priorizando intereses económicos sobre la salud pública. Los vecinos explican que este crematorio se suma a una larga lista de instalaciones potencialmente contaminantes ya presentes en el barrio, incluyendo tres depuradoras, una subestación de gas y la M-40 con su tráfico constante.
Por ello, los residentes de San Fermín convocarán una asamblea vecinal en los próximos días para definir los siguientes pasos a seguir en su lucha, con la esperanza de frenar definitivamente el proyecto que consideran una amenaza directa a la salud de su comunidad.
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