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Hay historias que casi no se cuentan porque son parias, porque pareciera que no tienen padrinos o que no pertenecen a ningún bando que las dé voz. También puede ser que simplemente se crea que no tienen derechos o son invisibles. La historia de Aryenis Torrealba y Alfredo Chirinos es una de ellas. Una historia trágica en un país, Venezuela, donde la violación flagrante de los derechos humanos no se limita a ir contra los opositores al régimen, sino contra todo aquel que ose romper el statu quo de poder autoritario estancado en el tiempo.
Ambos son trabajadores gerentes de PDVSA (Petróleos de Venezuela), la empresa más importante del país destrozada durante los años del chavismo por la corrupción de sus directivos y en connivencia con el gobierno. Alfredo y Aryenis son funcionarios de carrera desde hace 13 años, y de esos venezolanos honestos entregados a su trabajo a pesar de las penurias salariales de los últimos tiempos; creyentes de su país y curiosamente, seguidores de un proceso Revolucionario y bolivariano que les ha dado la espalda como si perteneciesen al otro lado de la polarización enferma que rige el país caribeño en todos sus ámbitos.
No existe Revolución para el crítico. Alfredo y Aryenis son, a día de hoy, presos políticos chavistas del chavismo. Su historia no contada, y triste, es la siguiente. Ambos llevan privados de libertad en Venezuela desde el pasado 28 de febrero. Ese día acudieron a sus puestos de trabajo y nunca más regresaron a su casa. Están acusados de "traición a la patria", terrorismo y espionaje. "Son responsables de la entrega de información estratégica, sensible y de carácter confidencial al gobierno de los Estados Unidos para con ello agredir a la industria petrolera". Esta declaración textual apareció en la televisión pública del país, VTV, un canal propaganda al servicio del gobierno de Nicolás Maduro, tres días después de su detención injustificada. El comunicado público añadía que "el gobierno de los Estados Unidos los reconoce como colaboradores de alto nivel". Una acusación muy grave que no se justificó con pruebas de ningún tipo y que lo único que consiguió fue someter a los dos ciudadanos al escarnio público violando el proceso, el derecho a la defensa y la presunción de inocencia.
En estos siete meses no ha habido juicio, ni sentencia firme, ni pruebas en su contra y desde su arresto ilegal malviven aislados en un calabozo de la DGCIM (Dirección General de Contrainteligencia Militar), uno de los cuerpos policiales más sucios del país y con peor prensa a sus espaldas por sus prácticas violatorias de derechos y torturas.
El Gobierno, en boca del Fiscal de la República, Tareck William Saab, ha ratificado públicamente su acusación contra los empleados de la industria petrolera. La última vez, el pasado 4 de septiembre, donde en una intervención sin derecho a preguntas aseguró que existían "pruebas contundentes" en contra de Alfredo y Aryenis, y dijo que "existen más elementos que no pueden ser presentados en este momento, que nos llevan a la convicción de que los ciudadanos imputados son responsables de estos hechos, que debemos decir, han causado un daño enorme a la industria petrolera nacional".
El Ministerio Público sigue sin presentar ni una sola prueba en su contra. Su único alegato es que en la vivienda de la pareja se encontraban ordenadores y teléfonos móviles con información sensible y estratégica, algo que la familia reconoce como algo obvio. Son sus herramientas de trabajo evidentes, necesarias y autorizadas por contrato.
Alfredo Chirinos y Aryenis Torrealba revelaron en marzo de 2018 (y así lo recogió el medio de comunicación de investigación La Tabla, de Venezuela) irregularidades que implicaban a altos funcionarios de PDVSA como Ysmel Serrano, en ese momento vicepresidente de la empresa y mano derecha de Tareck El Aissami, actual ministro de petróleo y hombre fuerte del chavismo. Dichas irregularidades implicarían un fraude masivo que propició "una demanda por parte de la corporación energética contra 22 compañías domiciliadas en el estado de Florida y que pagaron comisiones a funcionarios de PDVSA para obtener información relacionada con los precios y disponibilidad del petróleo y sus derivados", publicó La Tabla. El fraude también fue una de las causas de la severa escasez de combustible que comenzó en 2017.
Acusar tan alto les ha salido caro. Alfredo sufrió torturas por parte de los efectivos de la DGCIM durante los primeros días de su encarcelamiento. Lo denunció él en cuanto tuvo la oportunidad de ver a su familia, nueve días después de su detención arbitraria. El 7 de marzo, por primera vez, las hermanas de Alfredo pudieron visitarle en la sede de la policía de contrainteligencia militar. La visita duró 40 minutos y según cuenta la propia familia, se hizo en unas sillas en mitad de un pasillo y con la presencia de dos funcionarios de manera permanente que estaban escuchando toda la conversación. En aquel momento, la familia de Alfredo tuvo constancia de las torturas que había sufrido porque tenía las marcas en el cuerpo.
Su hermana Iracara, en entrevista con NIUS, vuelve a denunciar este atropello y violación contra los derechos de su hermano por parte del estado, y da cuenta de lo que le hicieron: "Los primeros cuatro días estuvieron completamente desaparecidos. Y luego supimos que a mi hermano lo golpearon y le colocaron una bolsa en la cabeza con un químico para asfixiarle. Se quedó ciego durante 24 horas. No le dijeron en ningún momento de qué le acusaban y solo le decían que tenía que declararse culpable. En el caso de Aryenis no la golpearon, pero la tuvieron en una oficina metida durante tres días con aire acondicionado muy alto, con la misma ropa, la luz encendida 24 horas, sin apenas comida ni agua, y en la estancia solo había una silla".
Además, Aryenis estuvo enferma de coronavirus y según confirma la familia "estuvo muy mal y no la dejaban comunicarse. Tuvo que negarse a tomar las medicinas que le estaban dando que no eran las recomendadas para la enfermedad, y hasta que no se puso peor no la dejaron llamarnos por teléfono".
Iracara hace estas declaraciones en la puerta del Palacio de Tribunales de Caracas el martes 21 de septiembre, donde han conseguido gracias a la presión ejercida en redes sociales que se celebre una audiencia preliminar donde por primera vez Alfredo y Aryenis podrán defenderse y exponer su testimonio frente a un juez con una abogada autorizada por ellos. Esta abogada habló por primera vez con los acusados una semana antes. Hasta ese momento, solo les habían permitido mantener una llamada telefónica de tres minutos para exponer su caso.
Las familias de los dos trabajadores de PDVSA son de una localidad denominada Barquisimeto, en el estado Lara, interior del país, a unas cuatro horas de Caracas. El interior de Venezuela suele ser de carácter rural, humilde y donde la falta de servicios y recursos se multiplica. Ellos no son una excepción a esta idiosincrasia. Son gente sin apenas capacidad económica y que como la mayor parte de los venezolanos sufre en carne propia la severa crisis por la que está atravesando el país.
Para llegar hasta Caracas han tenido que pedir dinero y comida para el viaje a sus amigos y conocidos, hacer una colecta para pagar la defensa, conseguir la gasolina (la escasez de combustible que está atravesando Venezuela es una de las más graves de su historia reciente) y finalmente llegar para esperar en la calle las horas que dure la audiencia preliminar y el tiempo que necesiten permanecer en la capital.
"Si nosotros tuviéramos algún tipo de apoyo internacional, ya los muchachos estarían fuera", señala a este diario Jhensymar, la hermana de Aryenis, con la voz quebrada por la impotencia y con una mascarilla donde ha cosido la palabra "Libertad" en color amarillo. "Personas que han atentado contra la vida de venezolanos o contra la vida del mismo presidente están fuera porque han recibido apoyo internacional, pero el pobre debe rendir cuentas y pasar penurias frente a la justicia".
Junto a ella, la madre de Alfredo, Mercedes, una señora menuda, pero de mirada combativa y guerrera, que muestra un pasado de mujer que participó activamente en las guerrillas urbanas de los años 70 en su país, una señora que se autodenomina de izquierdas y que ahora está completamente decepcionada con este gobierno que se dice "revolucionario". "Nunca pensé que un Gobierno que dice ser de izquierdas pudiera cometer los mismos crímenes y torturas de las dictaduras y gobiernos contra los que yo he luchado toda mi vida, y además contra revolucionarios honestos como mi hijo", señala.
Sobre las torturas que ha recibido Alfredo, Mercedes dice que él mismo denunció ante los tribunales que "temió por su vida". "A él no le preguntaron nada, solo le daban golpes y golpes para que se declarara culpable. ¿Qué practicas son esas?".
"Nosotros no tenemos miedo y ese es el problema”, sostiene ahora Jhensymar. "No queremos nada fuera de la Constitución. Solo queremos que se haga justicia, y no vamos a parar hasta conseguirlo".
La audiencia preliminar termina por la noche con una pequeña buena noticia. El juez ha desestimado los dos delitos más graves en contra de Alfredo y Aryenis: el de terrorismo y asociación para delinquir. Sin embargo, sobre ellos todavía pesan los delitos de "corrupción propia" y "divulgación de información estratégica". Siguen privados de libertad y no hay información sobre cuál será su futuro o si finalmente se celebrará el juicio que tanto demandan.
La abogada les ha pedido que a partir de ahora sean discretos y no hagan revuelo en los medios de comunicación o en las redes sociales. Hablar y contar la historia de abusos a sus familiares puede ser contraproducente para el futuro de los dos jóvenes. El miedo como doctrina del shock.