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La acusación es grave. Mucho. Porque además, la comisión de expertos acusa directamente a Nicolás Maduro y a sus ministros del interior y de la defensa, Néstor Reverol y Vladimir Padrino López, como auspiciadores directos y responsables de los delitos. El informe independiente de la Misión Internacional de Investigación de las Naciones Unidas sobre Venezuela califica que el régimen de Nicolás Maduro ha cometido violaciones de DDHH que son “crímenes de lesa humanidad” desde el año 2014, año de comienzo de la investigación.
“Lejos de ser casos aislados, estos crímenes se coordinaron y cometieron con el conocimiento y apoyo directo de comandantes y altos funcionarios”, señala el documento, que sostiene que tres miembros designados por el Consejo de Derechos Humanos de la ONU indican que existen motivos razonables para creer que tanto Maduro como sus ministros ordenaron o contribuyeron a la detención arbitraria, tortura y ejecuciones extrajudiciales de quienes no comulgan con sus ideas.
El texto añade: “La Misión encontró motivos razonables para creer que las autoridades y las fuerzas de seguridad venezolanas han planificado y ejecutado desde 2014 graves violaciones a los derechos humanos, algunas de las cuales, incluidas las ejecuciones arbitrarias y el uso sistemático de la tortura, constituyen crímenes de lesa humanidad”.
La Misión investigó 223 casos, 48 de los cuales se examinaron en profundidad; y además estudió otros 2.891 casos para “corroborar los patrones de violaciones y crímenes”, como desapariciones forzadas, torturas, detenciones arbitrarias o ejecuciones extrajudiciales.
El pasado mes de julio, la Alta Comisionada de la ONU para los DDHH, Michelle Bachelet, ya criticó la situación en Venezuela al presentar un informe de su oficina que denunciaba las “detenciones arbitrarias, violaciones a las garantías al debido proceso” y casos de “tortura y desapariciones forzadas”.
El tema de la actuación de las fuerzas de seguridad del estado es eje fundamental del contenido de las 443 páginas del documento demoledor, que cita tanto al SEBIN (Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional), al DGCIM (Dirección General de Contrainteligencia Militar) y al FAES (Fuerzas de Acciones Especiales), como los actores fundamentales responsables de ejecutar los crímenes, las violaciones y las torturas. Estos cuerpos de seguridad son temidos por la sociedad venezolana por su manera de sembrar el terror en su cotidianidad y en las calles de todo el país.
Venezuela tiene una de las tasas más altas en Latinoamérica de asesinatos cometidos por agentes del Estado. La Misión de la ONU investigó 16 operaciones policiales o militares que dieron lugar a 53 ejecuciones extrajudiciales.
De hecho, acaba de publicarse otro documento que ejemplifica muy bien esta situación; en este caso se trata de una denuncia de la ONG Provea, una de las más prestigiosas en Venezuela y que identifica violaciones de DDHH en el país caribeño. Su texto revela que los organismos de seguridad de Nicolás Maduro ejecutaron extrajudicialmente a 1.611 personas durante los primeros seis meses del año, dejando en evidencia que la práctica de salir a matar de manera indiscriminada es habitual entre las fuerzas del orden bajo el amparo y la directriz política del gobierno.
La cifra supone un dato escalofriante, y es que los asesinatos ejecutados entre enero y junio dan un promedio de nueve personas por día. El informe concluye además que, los funcionarios “creen tener licencia para matar y operan con plena libertad dada la certeza de que su conducta no será investigada ni sancionada” porque cuentan con el apoyo del régimen.
Rafael Uzcátegui, abogado y presidente de Provea, ha señalado en entrevista con NIUS que han recibido la noticia del informe de la ONU como “una alegría triste. Alegría y satisfacción porque sabíamos que el informe iba a ser contundente y un antes y un después en materia de la lucha por los DDHH; como el acontecimiento más importante por el tipo de señalamientos que se iban a hacer; pero tristes porque se está ratificando una situación muy grave que tiene víctimas concretas en Venezuela”.
Sin embargo, Uzcátegui mantiene la cautela respecto a las consecuencias del informe porque no será hasta la próxima semana cuando en el Consejo de DDHH de Naciones Unidas se discuta si se continuará investigando la situación para poder actuar, ya que este documento se considera preliminar.
El abogado considera que “esto es el inicio de un camino que tiene varias estaciones hasta llegar a la Corte Penal Internacional que es donde las organizaciones de DDHH estamos enfocando todos nuestros esfuerzos”.
Las FAES nacieron en un momento convulso en Venezuela. En julio de 2017, cuando el país estaba saliendo de varios meses de protestas callejeras contra Nicolás Maduro. Unas protestas conocidas como “guarimbas” y que terminaron con más de 150 muertos y miles de heridos en todo el país. Hoy en día, son uno de los cuerpos más temidos y más crueles que operan en el país, con un patrón de ejecución que viola cualquier actuación policial responsable.
“Los agentes de seguridad entran en los barrios populares y ejecutan a los jóvenes (varones entre 18 y 30 años suele ser el target más habitual) cuando ya están sometidos y rendidos, y después simulan un enfrentamiento. Las familias denuncian que disparan a la pared de las casas o a los techos para decir que habían sido atacados. Hay un total incumplimiento de los protocolos y se están violando los derechos humanos. El FAES actúa prácticamente sin control”, explica a NIUS Ana Barrios, integrante de Surgentes, una organización de DDHH independiente en Venezuela dedicada a denunciar las ejecuciones extrajudiciales en las zonas más populares del país, que suele ser donde se producen con mayor asiduidad.
Surgentes asegura que el porcentaje de homicidios causados por los cuerpos de seguridad venezolanos aumentó un 384% entre 2013 y 2018.
El nacimiento del FAES es consecuencia del fracaso de la denominada Operación Libertad del Pueblo, de la que también habla con énfasis el informe de la Misión de la ONU. La conocida como OLP nació en julio de 2015 y la creo el gobierno como excusa ante el aumento de la delincuencia en el país. El objetivo era “limpiar” los barrios de “delincuentes” y en la práctica supuso la imposición de un régimen de terror que barrió con todo.
La Misión de la ONU investigó 140 operaciones de la OLP entre 2015 y 2017 que dieron lugar a la muerte de 413 personas, “algunas con disparos a quemarropa”. Otra de las prácticas habituales que denuncia este documento es que las fuerzas de seguridad suelen “plantar armas” para simular los enfrentamientos y justificar sus actuaciones. Sobre estos crímenes las Naciones Unidas sostienen que el “FAES debe ser desmantelada y los responsables de todas las fuerzas de seguridad, así como sus cadenas de mando deben rendir cuentas”.
NIUS tuvo la oportunidad de seguir y contar en primera persona el asesinato de Christian Charris, un joven peluquero del barrio de Petare, al este de Caracas, a manos del FAES la noche del 24 de septiembre de 2018, día en el que Christian cumplía, precisamente, 25 años. Lo mataron cuando volvía a su casa de madrugada. Regresaba de pasar la noche con unos amigos porque habían estado celebrando su cumpleaños y en su casa le esperaba su mujer Deinubis, y sus tres hijos pequeños. Lo último que ella le dijo fue: “Hasta mañana, mi amor”.
Christian tuvo la mala suerte de chocarse con un escuadrón de la muerte en mitad de la noche en su camino de regreso, en unas escaleras que había transitado miles de veces, a apenas unos metros de su hogar. El grupo del FAES que le interceptó en la madrugada le consideró “sospechoso de algo”. Le golpearon, le torturaron y le mataron. Sus asesinos quedaron impunes.
La madre de Christian, Carmen, ha denunciado el crimen de su hijo reclamando justicia hasta la saciedad. Continúa haciéndolo, pero la justicia no ha llegado, e incluso, muchos familiares de víctimas como ella se ven obligados a callarse por miedo, porque tras la ejecución de sus hijos sufren amenazas por parte de los propios efectivos policiales que les advierten de que si no dejan de denunciar volverán para matar a otro de sus hijos o familiar.
Pero Carmen es valiente, y hoy vuelve a alzar la voz tras conocer el documento que ha publicado la Misión independiente de la ONU: “no descansaré hasta que se haga justicia por mi hijo”, exclama en una entrevista telefónica con este medio donde su voz se escucha entrecortada por el llanto, pero firme en sus propósitos.
La noticia del informe de la ONU ha llegado a Venezuela en el peor momento para Nicolás Maduro, cuando quedan menos de tres meses para las elecciones legislativas del próximo 6 de diciembre y que le mandatario se empeña en legitimar con el apoyo internacional de la Unión Europea, a la que invitó de manera formal para participar como “observadores internacionales”; un hecho sin precedentes para el chavismo, que no contempla la figura del “observador” durante los comicios sino la del “acompañante”, un matiz importante para el régimen que reclama de esta manera su soberanía “anticolonialista”.
Durante las últimas semanas tanto la Unión Europea, en boca de Josep Borrell, su Alto Representante para Asuntos Exteriores; como España a través de su Ministra de Asuntos Exteriores, Arancha González Laya; han asegurado que no reconocerán las elecciones en Venezuela si no se dan de manera libre, transparente, democrática y con todas las garantías constitucionales.
También han exhortado en varias ocasiones a Nicolás Maduro a postergar el llamado a las urnas, algo a lo que el mandatario se ha negado una y otra vez, asegurando que las elecciones se celebrarán el próximo 6 de diciembre “llueva, truene o relampaguee” tal y como dictamina la Constitución bolivariana; dejando en punto muerto, por lo tanto, una posible negociación tanto con los actores europeos como con gran parte de la oposición venezolana que no reconoce las elecciones por considerarlas un fraude y que ha declarado que no participará bajo estas premisas por considerarlas “una manera de permanecer en el poder de la dictadura”.
Sobre el informe independiente de la ONU conocido durante la jornada del miércoles, la oposición venezolana no ha tardado en reaccionar de manera contundente. El líder opositor y reconocido como presidente interino de Venezuela por más de 50 países, Juan Guaidó, señaló en su cuenta de Twitter que “el informe de la Misión de la ONU despeja cualquier duda: Maduro es un criminal que además de respaldar el narcotráfico y el terrorismo, comete delitos de lesa humanidad. Es un gran avance y mueve el tablero a favor de nuestra lucha por la libertad y justicia para las víctimas”.
Por su parte, el embajador de Guaidó frente a EEUU, Carlos Vecchio, también fue de los primeros en reaccionar a través de sus redes asegurando que “hoy es un día de reivindicación para las víctimas y sus familiares, muchas de esas víctimas entregaron hasta su vida en nombre de la libertad”, y reclamó que tanto Nicolás Maduro como sus ministros de Interior y Defensa deben ser juzgados en la Corte Penal Internacional.
Miguel Pizarro, Comisionado de Guaidó para la ONU, ha ofrecido una rueda de prensa virtual donde ha señalado la importancia del informe porque se trata de “la primera vez que se utiliza el término crímenes de lesa humanidad por un órgano independiente como la ONU. Ya no es algo que dice una ONG venezolana o la oposición, lo dice una Misión independiente de las Naciones Unidas y esto supone un salto cualitativo en nuestras denuncias contra la dictadura como perpetrador de crímenes desde la política del estado”. “Aunque nosotros lo vivimos y sabemos el nivel de profundidad del abuso de Nicolás Maduro contra las víctimas, para la justicia, lamentablemente no vale. Pero este paso es fundamental y sienta una premisa para comenzar una dinámica diferente. Ya no es solamente nuestra versión, ahora toca romper el dilema del silencio”, señaló.
Por su parte, Carolina Jiménez Sandoval, Directora de Investigación para Aministía Internacional América, señala que el informe publicado por la ONU es muy importante para Venezuela y marca un antes y un después porque significa que las “violaciones de DDHH no son crímenes aislados de algunos malos funcionarios y que con investigar a estos funcionarios es suficiente. Se trata de una política de Estado planificada y sistemática”.
Sandoval añade además que los crímenes de lesa humanidad no prescriben. “No hay paso del tiempo que los borre. La responsabilidad por estos delitos no se extingue jamás. El nivel de atrocidad de este tipo de violaciones de DDHH exige que la búsqueda por la justicia continúe hasta alcanzarla”.
Otro de los aspectos más devastadores que señala el informe independiente de la Misión es el tema de las torturas y los malos tratos a los presos políticos y personas que el régimen detiene de manera arbitraria y desaparece forzosamente durante tiempo indeterminado a través de sus organismos de seguridad.
El documento habla de posiciones de estrés llamadas “la crucifixión” (brazos extendidos y esposados a tubos o rejas), y “el pulpo” (un cinturón de metal con cadenas para inmovilizar las muñecas y los tobillos. Así mismo, menciona la asfixia con bolsas de plástico, sustancias químicas o un balde de agua; los golpes, a veces con un palo u objeto contundente, las descargas eléctricas en los genitales u otras partes del cuerpo, las amenazas de muerte o amenazas de violencia adicional o sexual contra la víctima o sus familiares; así como la tortura psicológica sistemática incluyendo la privación sensorial, la iluminación constante o el frío extremo. Por último también destaca la desnudez forzada, incluso en habitaciones mantenidas a temperaturas extremadamente bajas.
El pasado 1 de septiembre, Nicolás Maduro indultó a 110 presos políticos y diputados opositores en el marco de la negociación con un sector de la oposición encabezado por Henrique Capriles de cara a los comicios parlamentarios. Este indulto ya supuso la evidencia de que en Venezuela hay violación de DDHH, y entre los liberados se denunciaron este tipo de torturas y abusos durante su encierro en los calabozos de las fuerzas de seguridad señaladas por el mismo informe de la ONU, así como en los centros penitenciarios donde muchos de ellos pasaron meses interminables sin juicio ni sentencia firme contra ellos que les acusara de delitos concretos y comprobables con pruebas.
Entre los indultados por Maduro había cuatro ciudadanos españoles y NIUS tuvo la oportunidad de entrevistar en profundidad a uno de ellos. Se trata del joven de 29 años Yorfran Quintero, que pasó más de 2 años “secuestrado (así se refiere él a su encierro) por la dictadura”. En la larga entrevista que mantuvo con este diario detalló las torturas constantes que sufrió durante su cautiverio a manos de efectivos de la DGCIM y el SEBIN:
“Las torturas comenzaron desde el principio y fueron bastante difíciles. Nos pusieron bolsas en la cabeza, nos hacían asfixia mecánica, nos ahogaban en cubos de agua, nos golpeaban las plantas de los pies y nos hacían descargas eléctricas en los genitales. En una ocasión me arrancaron todos los dientes con unos alicates porque me negué a firmar una confesión que no era real”.