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La activista Patricia Rivera, defensora de los derechos de las comunidades indígenas de Baja California, México, ha sido asesinada de un balazo en la cabeza en su domicilio en la localidad de Tijuana. Así lo ha confirmado Miguel Ángel Mora Marrufo, titular de la Comisión Estatal de Derechos Humanos en la que trabajaba la mujer de 59 años.
Los informes de las autoridades apuntan a que tres hombres irrumpieron en su casa, ubicada en la colonia Terrazas de la Presa, y le dispararon en la cabeza. El ataque tuvo lugar en la noche del sábado, sobrelas 23:30 (hora local), pero los hechos no se han conocido hasta última hora del domingo. En el asalto también resultó herido un catedrático del Instituto Tecnológico de Tijuana (ITT), según medios locales.
La Comisión Estatal de los Derechos Humanos de Baja California ha exigido a las autoridades el esclarecimiento de los hechos y que el crimen no quede impune, según ha señalado Miguel Ángel Mora Marrufo. Activistas de Tijuana y de todo el mundo han mostrado su rechazo al asesinato de Rivera.
Rivera, originaria de Guaymas, en el estado de Sonora, era abogada de formación. Realizó sus estudios de abogacía en la Universidad Autónoma de Baja California, en México, y desarrolló su trabajo en defensa de los indígenas de la entidad.
Fue consejera de Procuraduría de los Derechos humanos en el estado, la primera instancia creada a nacional -que pasó a convertirse como el resto en Comisión Estatal-. La activista mexicana se especializó en Madrid, España, en Derecho Internacional.
La muerte de Rivera ha generado gran impacto entre los activistas. "Qué lamentable acontecimiento. Sin duda, una gran pérdida", ha señalado ante los medios Mónica González Portillo, integrante del Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación (Conapred) e indígena de la zona del valle de Mexicali.