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Las personas imputadas en el marco de la investigación del supuesto sobrecoste con el que el Gobierno de Bolivia adquirió una partida de 170 respiradores a una empresa española han responsabilizado al exministro de Salud Marcelo Navajas de dar "órdenes" para "ciertos actos" en el proceso de compra.
Así ha informado el fiscal departamental de La Paz, Marco Antonio Cossío, que ha agregado que Navajas instruyó el contacto directo con el cónsul de Bolivia en Barcelona, Alberto Pareja.
"Los indicios que se han encontrado (contra Navajas) son las declaraciones de los ahora imputados, ellos han establecido que él daba las órdenes de ciertos actos a realizar y que inclusive dijo a uno de ellos que se conectara directamente con el cónsul en Barcelona a objeto de poder hacer negociaciones, cuando sabemos que la vía correcta es el Ministerio de Exteriores", ha explicado Cossío.
El director general de la Agencia de Infraestructura en Salud y Equipamiento Médico (AISEM), Geovanni Pacheco, el director general de Asuntos Jurídicos del Ministerio de Salud, Fernando Valenzuela, y otras dos funcionarias de rango menor son las cuatro personas imputadas por los delitos de contratos lesivos al Estado, malversación de fondos, incumplimiento de deberes y daño económico. Además, también han sido detenidos dos asesores del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), que avaló la compra.
Así las cosas, la Fiscalía ha pedido al Ministerio de Exteriores de Bolivia que inicie los trámites pertinentes para que Pareja regrese a la nación andina para prestar declaración.
Asimismo, el fiscal de La Paz, que ha precisado que Navajas aún está declarando y que, "una vez que termine" se llevará a cabo su "imputación formal", ha comunicado que se convocará a otras diez personas para declarar en el marco de la investigación, entre los que se encuentran el ex ministro de Salud Aníbal Cruz y el embajador de Ciencia y Tecnología, Mohammed Mostajo.
La Fiscalía ya había anunciado la creación de una comisión en La Paz para investigar la adquisición de los 170 respiradores por los que el Gobierno pagó más de 27.000 dólares a la empresa española GPA Innova cuando su precio de mercado sería de unos 7.000 dólares.
En este sentido, un informe del que se ha hecho eco la prensa boliviana avisa de que los respiradores en cuestión no cumplían con las especificaciones técnicas de la Organización Mundial de la Salud (OMS).
El documento, dirigido a Pacheco, está firmado por la funcionaria de la AISEM Ana Fernanda Espinoza. Sin embargo, Pacheco firmó el contrato con la empresa IME Consulting --con sede en Bilbao-- y Navajas lo ratificó, por lo que la compra pudo seguir su curso.
Hasta el momento, el Gobierno de Bolivia ha pedido que se llegue hasta el fondo del asunto y ha asegurado que el responsable "lo va a pagar". Por su parte, el BID ha responsabilizado al Ejecutivo boliviano de la compra y ha anunciado la apertura de una investigación.
Por otra parte, la autoproclamada presidenta interina de Bolivia, Jeanine Áñez, ha ordenado este miércoles una auditoría de "todas" las compras que se han realizado en el ámbito de Salud en Bolivia desde que asumió el cargo, en noviembre de 2019.
"Como presidenta he instruido una auditoría a todas las compras que se han hecho en Salud en toda mi gestión y desde la creación de la AISEM", ha trasladado Áñez en un mensaje publicado en su cuenta de Twitter.
La AISEM, creada en agosto de 2017 bajo la tutela del Ministerio de Salud de Bolivia, tiene el objetivo de "ejecutar programas y/o proyectos de Establecimientos de Salud Hospitalarios y de Institutos de Cuarto Nivel de Salud, en el marco de las competencias otorgadas al Ministerio de Salud", según su página web.
Este miércoles, Bolivia ha registrado su pico más alto de nuevos contagios de coronavirus, un total de 438. Así, el balance global de infectados en la nación andina asciende a 4.919, incluidas 199 muertes.