Nunca hubo, aparentemente, tantos descendientes de judíos sefardíes en Venezuela como hasta ahora. Y es que la oportunidad de conseguir la nacionalidad y el pasaporte español solo demostrando a través de un árbol genealógico que se poseen ancestros sefardíes, bien merece el esfuerzo de bucear en una historia familiar compleja. Todo por obtener un pasaporte no venezolano y poder salir del país de manera legal y con garantías.

El expresidente Mariano Rajoy aprobó el 24 de junio de 2015 la ley 12/2015 o Ley de nacionalidad española para los sefardíes, con el objetivo de reparar un "agravio histórico" facilitando la nacionalidad a los descendientes de los judíos que vivieron en España y que fueron expulsados por los Reyes Católicos en 1492 provocando una diáspora que se instalaría sobre todo en Francia, el Imperio Otomano y América Latina.

En un principio, la ley expiraba tres años después, en el año 2018, pero debido a la gran demanda de solicitudes sobre todo provenientes de Venezuela, México y Colombia, el gobierno de España decidió prorrogar el plazo para presentar los expedientes y aspirar a la nacionalidad por un año más, hasta el 1 de octubre del 2019.

En esa fecha España cerró el plazo a pesar de que la demanda se multiplicó durante los últimos meses. Hasta el 30 de septiembre, el Ministerio de Justicia y el Consejo General de Notariado, entes encargados de recibir la documentación de los aspirantes y de otorgar la validez de las pruebas presentadas, señaló que habían recibido un total de 153.767 solicitudes, 72.000 (ojo a este dato) solamente en el último mes. De todas ellas, se calcula que unas 20.000 llegaron de México, 14.600 de Venezuela y 13.600 de Colombia.

En el caso venezolano, la mayoría de los procesos continúan abiertos y en estudio debido al colapso que sufrió el sistema y miles de connacionales del país caribeño siguen esperando una respuesta.

Según cifras aportadas a este diario por el consulado de España en Venezuela, durante los tres años que la ley estuvo vigente, el Ministerio de Justicia aprobó otorgar la nacionalidad española, por el momento (todavía hay innumerables casos abiertos y en estudio), a 2364 solicitudes de venezolanos descendientes de sefardíes; y hasta la fecha, el consulado ya ha “resuelto” 1814, y esperan recibir al menos otras 3000 aprobadas para su juramento.

Hablar de "resolver" significa que los venezolanos aspirantes ya han realizado en la sede del consulado de España en el país caribeño el acto pertinente para completar el proceso y asumir en pleno su pasaporte y nacionalidad española. Es un acto sencillo donde los descendientes de sefardíes juran ante el artículo 23 de la Constitución española que serán buenos y responsables ciudadanos de este (su nuevo) país. Es importante aclarar que el hecho de recibir un nuevo pasaporte no anula su nacionalidad original, en este caso la venezolana.

A raíz de esta Ley, y según datos aportados por el Parlamento español, hay más judíos sefardíes en Venezuela que en Israel, y hasta la fecha, sólo Turquía supera en número de sefardíes nacionalizados al país caribeño. En Israel, la comunidad judía, que supera los ocho millones de personas, solo 860 se han acreditado como sefardíes para obtener el pasaporte español.

El camino hasta la obtención de la nacionalidad española por esta vía es tedioso, largo, y en ocasiones desesperanzador, porque los requisitos exigidos por la Ley 12/2015 son variados y necesitan tiempo de estudio y buceo en una historia familiar muchas veces desconocida por sus propios protagonistas que deben remontarse a siglos atrás en su árbol genealógico.

Es el caso de Adolfo Guzmán, un abogado venezolano de 53 años que desde que sufrió un secuestro exprés junto a su mujer y sus tres hijas en el año 2014 en Caracas, una práctica muy habitual en aquella época sobre todo en la capital venezolana, comenzó a pensar en marcharse del país, sobre todo para dar un futuro mejor a sus hijas y alejarlas de la violencia y el hambre.

Sus secuestradores, que les tuvieron un día entero encerrados en su propia casa bajo amenazas, comenzaron pidiéndoles 40.000 dólares. Finalmente, se salvaron pagando un rescate de 2000, pero las secuelas irreversibles de las horas de angustia imaginándose el peor de los desenlaces son imborrables.

La idea de irse creció en la familia a medida que pasaron los años y la situación del país ha empeorado notablemente con unos índices de pobreza extrema que llegan al 80% de la población (según cifras de la última Encuesta Nacional de Condiciones de Vida) y una emigración que se ha convertido en una de las más altas del mundo. Según la Agencia de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR), hay más de 4,7 millones de personas refugiadas y migrantes de Venezuela en todo el planeta, de las cuales más de 760 mil son solicitantes de asilo.

Pero no es lo mismo irse sin garantías y convertirse en un ciudadano ilegal en el país receptor y seguramente condenado a trabajos informales y mal pagados, que irse con un pasaporte español bajo el brazo que, según la consultora británica Henley & Partners, ocupa el cuarto puesto en el ranking de los mejores pasaportes para viajar junto a los de Francia y Suecia.

Se trata además de una entrada de libre circulación a los países miembro de la Unión Europea y no requiere visa para entrar en 186 países del mundo.

Así que Adolfo y su familia, que sabían que tenían origen sefardí porque sus abuelos les habían contado la historia de cuatro primos judíos que llegaron en barco desde Europa (hasta el momento solo conocían la historia de una manera superficial por lo que habían oído de generación en generación y mediante el boca a boca), se pusieron manos a la obra con el estudio y la recopilación de pruebas necesarias para abrir el expediente formal de solicitud en el Ministerio de Justicia de España.

Los requisitos que deben cumplimentar los aspirantes son un certificado expedido por el presidente de la comunidad judía de la zona de residencia o ciudad natal del interesado (en este caso Venezuela); un certificado de la Federación de Comunidades Judías Españolas, y demostrar que, de una u otra manera, se tienen vínculos con España, aunque según explica Adolfo a NIUS en entrevista telefónica, el tema de los “vínculos” es bastante “laxo”. “En ocasiones con que hagas una donación a Cruz Roja Española sirve”, explica.

También deben cumplimentar un examen de cultura española básica que podrán realizar en el Instituto Cervantes de su país de origen. Se trata de un test que, según Adolfo, es “muy sencillo” y que “todo el mundo aprueba”, con preguntas tipo “cuántas comunidades autónomas hay en España” o “qué idioma se habla en el País Vasco aparte del castellano”. Hay aplicaciones de móvil para estudiar este examen.

En los últimos meses y debido a la gran demanda y saturación del sistema, el Instituto Cervantes de Caracas no daba abasto para convocar aspirantes y muchos tuvieron que realizar la prueba en otras ciudades como Miami o Panamá. Es el caso de varios familiares del propio Adolfo.

Lo complicado del asunto es reunir toda la documentación necesaria para obtener esos certificados. Pueden ser semanas o meses de investigación y búsqueda en la historia de los ancestros familiares. De hecho, puede llegar a ser un proceso tan complicado que en Venezuela ya existe la figura del “genealogista”, un historiador o historiadora que generalmente ya ha pasado por su propio proceso de búsqueda personal y se ofrece como gestor para organizar el árbol genealógico de los nuevos solicitantes.

Por este trabajo arduo, pueden cobrar entre 600 y 1500 dólares.

Es el caso de Blanca de Lima, historiadora venezolana judía sefardí, que asegura a NIUS que “la documentación debe estar debidamente avalada por archivos históricos, archivos eclesiásticos, registros civiles, archivos de comunidades sefarditas y/o cualquier institución que lo tenga en guarda para su adecuada preservación”.

Uno de los errores más comunes entre los solicitantes de la Ley es que en un principio, piensan que solo por tener un apellido catalogado como “judío sefardí” lo son y quedaría demostrada su ascendencia, pero no es así. De hecho, hay numerosos apellidos muy comunes en Venezuela que son catalogados como serfardíes pero no todo el mundo que los lleva tiene origen judío.

Algunos de los más comunes son Morón, Capriles, Salas, Pinto, Chávez, Maduro, Carneiro…

El de Adolfo y su familia es Baiz, y ese es el segundo apellido de su abuelo materno, Adolfo Silva Baiz. Buscar su árbol genealógico fue complicado porque la mayoría de sus antepasados se habían cambiado sus nombres y apellidos para hacerlos más “católicos” y poder camuflarse en una sociedad mayoritariamente apostólica y romana. Querían evitar la persecución y el estigma propios de la época y por este motivo muchos ocultaban su origen sefardí, lo que dificulta el proceso de comprobación y certeza de las raíces a posteriori.

Adolfo y su familia, incluso, tuvieron que acudir al cementerio judío de Barcelona, capital del Estado Anzoátegui, al noreste de Venezuela, de donde son originarios, para poder comprobar que las tumbas de sus antepasados estaban allí. Entrar fue una odisea porque el cementerio llevaba años cerrado y tuvieron que conseguir, literalmente, las llaves de la puerta haciendo innumerables llamadas telefónicas y pidiendo varios favores. Finalmente lo consiguieron, entraron, et voilà, allí estaban los nichos de su tatarabuelo y sus hermanos.

Hubo que recopilar bastantes más documentos y una vez que recibieron la bendición sobre la certeza de su origen serfardí por parte de las autoridades judías de Venezuela, el próximo paso era pedir cita con un notario en España y abrir su expediente para la solicitud formal a través de la página web del Ministerio de Justicia.

El paso del notario debe ser obligatoriamente presencial así que Adolfo y veinte primos más (literalmente) se lanzaron a Madrid en marzo de 2019, donde permanecieron dos semanas y donde un notario aprobó sus documentos (elegir bien el notario también es importante porque según explica el propio Adolfo, hay unos más flexibles que otros y de su criterio personal podría depender que pasen la prueba de la documentación o no) y les dio el acta de notoriedad, que es el título definitivo que el Ministerio de Justicia evalúa para otorgar o no la nacionalidad española.

El proceso de respuesta puede demorarse hasta un año y medio y con la pandemia quedó suspendido los primeros meses de cuarentena ralentizándolo aún más.

De la familia numerosísima de Adolfo, han presentado la solicitud unos cincuenta miembros y la mayoría, incluido él, todavía siguen esperando impacientes una respuesta.

Todo este proceso cuesta dinero. Solo el notario puede oscilar entre los 400 y los 1200 dólares, dependiendo de la cantidad de papeles que se presenten. Y a eso hay que sumarles los gastos del viaje a España, billete de avión, alojamiento, etc; también si se ha contratado los servicios de un genealogista o de un abogado en algún momento, la suma sería mayor.

Conseguir la nacionalidad española por esta vía no es barato y lleva tiempo. ¿Merece la pena? Para Adolfo, completamente. Cree que para él y su familia es una opción de vivir juntos en España, una opción de futuro “sobre todo si la situación en Venezuela continúa como está, que parece que sí”.

Lo que haya que esperar o invertir siempre será menos importante para ellos que la posibilidad de irse de un país que hace tiempo dejaron de reconocer; o como sentencia la genealogista Blanca de Lima a través de la experiencia con sus clientes, “en general, las personas consideran que vale la pena el esfuerzo y muchos no han dudado en liquidar activos para lograr su cometido, considerándolo una inversión y no un gasto”.