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Italia se convertirá a partir de este viernes 15 de octubre en el primer país del mundo en implementar el certificado covid como medida obligatoria para todos los trabajadores del sector público y privado, según informan los medios locales. La medida ha levantado polémica entre sindicatos, políticos y empresas. Algunos apuntan a que habrá escasez de personal en lugar de impulsar la vacunación.
Más del 80% de los italianos mayores de 12 años presentan la pauta completa de vacunación contra la covid y además existe un pasaporte covid obligatorio para los profesores, pero el Gobierno del primer ministro Mario Draghi considera que estas medidas no son suficientes para garantizar un nivel alto de inmunidad, prevenir nuevos brotes y evitar una recaída en la actividad económica -como ocurrió en 2020 y a principios del 2021-.
Italia fue el primer país europeo que se vio afectado por la epidemia de coronavirus en febrero del 2020. Las muertes por la enfermedad se cifran en más de 130.000. Estos datos han hecho que el Ejecutivo central, apoyado por los partidos de la coalición, aprobara a mediados de septiembre la normativa más estricta del mundo contra la covid19 hasta el momento: la obligación de que todos los empleados presenten un 'pase verde', certificado covid, para acceder a sus lugares de trabajo.
También se puede presentar una prueba negativa del virus dentro de las 48 horas previas o un certificado de recuperación reciente del contagio. Los partidos de ultraderecha ‘Liga’ y ‘Hermanos de Italia’, junto a algunos sindicatos, afirman que para evitar una escasez de personal, las pruebas de covid deberían ampliarse de 48 a 72 horas de validez y proponen que sean gratuitas para aquellos que no están vacunados.
"No vamos a poder conceder una prueba de covid cada 48 horas a todos los no vacunados. Los empresarios con los que estoy en contacto están muy preocupados", ha precisado al respecto Luca Zaia, gobernador de Véneto.
A los empleados que se nieguen a cumplir la normativa se les suspenderá el pago del salario, además de recibir una multa de 1.500 euros. Los empleadores que dejen trabajar a personas sin el documento sanitario tendrán una multa de 600 a 1.000 euros. Las personas tampoco podrán optar por trabajar desde casa, teletrabajo, para eximir la norma.
Según ha indicado el sindicato UIL en un comunicado, "se trata de una medida muy restrictiva que puede afectar gravemente a la estabilidad social y agravar una situación ya de por sí complicada". El 15% de los trabajadores del sector privado y unas 250.000 personas de los cerca de 3,2 millones de empleados del Estado no están vacunados, lo que equivale al 7,8%, según una estimación del Ministerio de la Función Pública de Italia.
A un día de que entre en vigor la vacuna obligatoria para todos los trabajadores del sector público y privado del país, algunos partidos políticos piden aliviar la medida, mientras los sindicatos amenazan con continuar las manifestaciones y realizar bloqueos en zonas cruciales para la economía de Italia.
La medida de implementar el certificado covid ha desencadenado numerosas manifestaciones que han terminado en revueltas, incendios y destrucción de propiedad pública, pese a que la mayoría de la población de Italia respalda la política del 'pase verde', según algunas encuestas de opinión pública del país.
Las movilizaciones del pasado sábado organizadas por sindicatos como CUB, USB y Cobas, congregaron en Milán a cerca de 2.000 personas, en Génova a 2.500, al menos 2.000 en Turín y otras 1.000 en Trieste, donde los trabajadores que se niegan a la vacuna han amenazado con bloquear el principal puerto económico de la localidad, si no se anula la implementación de la norma.
Las movilizaciones en el centro de Roma terminaron en una batalla campal: dejaron 12 detenidos y 600 identificaciones. Según las autoridades se ha demostrado las infultración de grupos fascistas y de ultraderecha entre los considerados antivacunas.
Como consecuencia de las revueltas del pasado fin de semana, empezó una propuesta por parte del Partido Democrático para que se disuelva ‘Forza Nuova’, una de las organizaciones fascistas que las autoridades identificaron como una de las encargadas de generar el caos el pasado sábado y la principal instigadora de los destrozos a la sede del sindicato de izquierda Cgil.