Las instituciones públicas de Venezuela tendrán una jornada reducida a partir de este lunes y durante seis semanas, según el Ministerio de Energía Eléctrica venezolana. La drástica medida responde a la sequía que está afectando el nivel de agua de los embalses que generan energía eléctrica en la región andina.

"Venezuela informa que, producto de la emergencia climática que ha conllevado al aumento de temperaturas a escala mundial, estamos haciendo frente a un evento climatológico que afecta el nivel de agua de los embalses que generan la energía eléctrica en la región andina", ha explicado el ministerio venezolano en un comunicado.

En la administración pública, conformada por ministerios, alcaldías, gobernaciones y los poderes del Estado, se trabajará entre las 8:00 hora local (12.00 GMT) y las 12:30 hora local (16.30 GMT). Igualmente, el ministerio señaló que se declara el 1×1, "que consiste en un día laborable por un día no laborable".

"Durante el día laborable, los trabajadores públicos complementarán su horario especial apoyando el fortalecimiento de las salas de autogobierno comunal, cumpliendo labores inherentes a la consolidación de los circuitos comunales como órganos fundamentales del poder popular", se lee en el comunicado.

El Ministerio de Energía Eléctrica ha pedido a la población acompañar estas acciones con otras medidas efectivas, "tales como el ajuste de la temperatura de los aires acondicionados a 23 grados centígrados, el aprovechamiento de la luz natural y la desconexión de aparatos electrónicos cuando" no se estén usando.

El pasado 30 de agosto, Venezuela vivió el apagón más largo desde marzo de 2019 -cuando la nación petrolera pasó varios días a oscuras-, tras sufrir un fallo eléctrico que cortó la energía en Caracas y en los 23 estados del país por el que el Gobierno responsabilizó, como en otras ocasiones, a la oposición mayoritaria.

Venezuela viene sufriendo fallas en el suministro de energía eléctrica casi a diario, sobre todo en regiones alejadas de Caracas, de las que el Gobierno responsabiliza reiteradamente al antichavismo, pese a que militares vigilan las instalaciones de la industria, mientras que la oposición y expertos denuncian mala gestión, falta de mantenimiento y corrupción. 

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