El primer informe anual publicado por la Comisión Pontificia para la Protección de Menores, establecida por el Papa con el fin de defender la dignidad de los menores y los adultos vulnerables en la Iglesia, ha detallado que asume varios problemas en la respuesta a los abusos sexuales, entre los que cita la falta de transparencia y la lentitud en los procesos canónicos de este tipo de agresiones.

El documento, que formula numerosas recomendaciones, presenta los resultados obtenidos por el organismo del Vaticano a partir de las entrevistas realizadas a los dirigentes de la Iglesia durante las visitas 'ad limina' de los obispos a Roma y de los cuestionarios enviados a los trabajan sobre el terreno. Entre las propuestas destaca la necesidad de mejorar los procesos de recepción y dar seguimiento a las denuncias, así como aplicar el concepto de vulnerabilidad a las disposiciones actuales de la Iglesia, además de asegurar una gestión eficaz de los casos de abuso sexual remitidos a la Santa Sede.

Por ello, se pretende alcanzar un proceso simplificado para apoyar mejor a las víctimas en su sanación con políticas de daños y compensaciones económicas. También se resalta la importancia de profesionalizar los cargos para que el sistema sea más eficaz. Además, gracias a este informe anual, y a los que le seguirán, el Vaticano dispone por primera vez de una herramienta que le permitirá establecer una visión global de su política de lucha contra la violencia sexual. Con 17 conferencias episcopales revisadas cada año, el objetivo de estas "auditorías" es "examinar a la Iglesia en su conjunto durante un periodo de cinco a seis años".

Asimismo, se revisa en detalle a las conferencias episcopales de países como México, Papúa Nueva Guinea y las Islas Salomón, Bélgica o Camerún, entre otros. También se incluye el análisis de los institutos religiosos de las Hermanas Misioneras de la Consolata y la Congregación del Espíritu Santo. De forma más general, además de la falta de recursos, también se hace hincapié en la falta de implicación de las víctimas en la respuesta de la Iglesia local a la violencia sexual. Ante estos problemas, el informe aboga por aunar esfuerzos y mejores prácticas entre las conferencias episcopales.

Los autores del informe abogan por crear una "verdadera cultura" de protección de los menores y promueven una "solidaridad entre las conferencias episcopales". Remarcan también la necesidad de fomentar esta cooperación especialmente en Hispanoamérica, el Caribe, África y Asia. La comisión, asimismo, subraya la necesidad de que la Curia Romana se convierta en un referente para compartir las buenas prácticas en materia de protección. Así, insiste en que la falta de transparencia fomenta la "desconfianza entre los fieles", especialmente de las víctimas.

En cuanto al Dicasterio para la Doctrina de la Fe, se subraya que la falta de información "y los largos procesos canónicos pueden causar retraumatización en las víctimas". Por ello, desde la comisión se anima a contar con recursos adecuados así como a capacitar en derecho canónico a los líderes eclesiales locales. Además, sugiere explorar una mayor transparencia en las actividades de la Sección Disciplinaria.

El enfoque adoptado contrasta con el que se suele adoptar en Roma. De entrada, la comisión señala que no todos los países y organizaciones han alcanzado el mismo nivel de concienciación. "Mientras que algunos organismos y autoridades de la Iglesia muestran un claro compromiso con la protección, otros se encuentran solo al principio de la asunción de responsabilidades por parte de la Iglesia", relata la comisión en su preámbulo, destacando una "inquietante falta" de estructuras dedicadas a la protección de menores y personas vulnerables en algunos países.

Y ello, precisa, a pesar de que "así lo exige el motu proprio Vos estis lux mundi", el decreto papal publicado en 2019 para establecer nuevos procedimientos de lucha contra los abusos. Asimismo, la Comisión pide al Papa que escriba una encíclica sobre el tema para incorporar al Magisterio una "visión teológico-pastoral" sobre "la dignidad del niño y los derechos humanos en relación con los abusos".

Por otro lado, la Comisión también hace un análisis por continentes. En Europa, en concreto, afirma que se han llevado a cabo algunos "estudios serios sobre la prevalencia de los abusos en las Iglesias locales". También valora los "esfuerzos de protección avanzados", pero lamenta que persiste "la falta de estadísticas fiables sobre el alcance de los abusos cometidos por clérigos y religiosos en diferentes partes de la región".

En este sentido, identifica en Europa algunos factores que ralentizan la capacidad de "responsabilizar a los autores de los delitos en algunos países" como el "estigma social, la falta de mecanismos de denuncia accesibles y la falta de seguimiento de las denuncias por parte de las autoridades eclesiásticas". Los grupos de víctimas "informan de que en algunos países la reputación de la Iglesia parece tener prioridad sobre la protección de las víctimas/supervivientes".

También precisa que mientras que en algunas partes de América, Europa y Oceanía las Iglesias locales se han dotado de "importantes recursos disponibles para la protección", todavía hay una parte sustancial de América Central y del Sur, África y Asia cuenta "con pocos recursos".

En Europa, la adhesión al Convenio del Consejo de Europa sobre la protección de los niños contra la explotación y los abusos sexuales (Convenio de Lanzarote), ratificado por numerosos Estados, ha contribuido a realizar "progresos significativos". En todo caso, señala que las naciones que han experimentado "crisis muy complejas" o en las que se ha producido un diálogo público en profundidad sobre los abusos, como Irlanda, Francia, Italia y Polonia, "existe una clara tendencia a establecer sistemas más estructurados y receptivos a la hora de abordar los abusos dentro de la Iglesia". El informe no habla de España.

En la rueda de prensa en el que se ha presentado el informe en el Vaticano, la jurista Maud de Boer-Buquicchio, miembro de la Comisión Pontificia para la protección de menores ha señalado que "de un periodo de abusos sexuales generalizados, a menudo mal gestionados y encubiertos" hay que pasar a un nuevo periodo en el que "las políticas de protección, denuncia, investigación y asistencia a las víctimas/supervivientes hagan que los abusos sean poco frecuentes y ofrezcan respuestas adecuadas".

Buquicchio ha asegurado que este informe también promueve el compromiso de la Iglesia de dar una "respuesta rigurosa a la lacra de los abusos, basada en los derechos humanos y centrada en las víctimas, en línea con las recientes reformas del Libro VI del Código de Derecho Canónico, que enmarca el delito de abuso como una violación de la dignidad de la persona humana".

En todo caso, ha advertido que en "gran parte de la Iglesia sigue sin contar con prácticas o capacidades sólidas de recopilación de datos". Y ha añadido: "Debemos comprometernos a invertir en la infraestructura y los recursos de recopilación de datos de la Iglesia".

Por su parte, el presidente de la Pontificia Comisión para la Protección de Menores, el cardenal Sean Patrick O' Malley, ha rechazado que la causa de los abusos sexuales en el seno de la Iglesia sea el celibato. "Los casos de pederastia se dan sobre todo en el seno de la familia", ha recordado el cardenal. Además, se ha mostrado "decepcionado" ya que sólo el 20% de las diócesis de México han respondido al cuestionario subyacente al Informe. "Hay una necesidad urgente de reforma en la Iglesia", ha asegurado.

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