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Las 72 muertes ocurridas en el incendio de la Torre Grenfell en Londres en 2017 podrían haberse evitado si las autoridades estatales y las constructoras hubieran hecho bien su trabajo. Es lo que revela un informe que achaca al gobierno y la deshonestidad sistemática del sector privado, que contribuyeron a la alta cifra de fallecidos en el siniestro que afectó al edificio que acogía viviendas sociales.
El edificio de 24 plantas ardió como una antorcha el 24 de junio de 2017: en el considerado el peor siniestro ocurrido en Reino Unido desde la Segunda Guerra Mundial murieron 54 adultos y 18 niños.
El informe de 1.700 páginas publicado el miércoles recoge las conclusiones de una investigación pública que culpa a funcionarios, constructores, subcontratistas, reguladores, personal de emergencias de la tragedia, que afectó a personas pobres.
“Todos contribuyeron de un modo u otro, en la mayoría de los casos por incompetencia, pero en algunos casos por deshonestidad y codicia”, según ha explicado Martin Moore-Bick, juez retirado que dirigió la investigación.
“La verdad es que todas las muertes eran evitables, y los que vivían en la torre sufrieron un grave fallo”, afirmó Moore-Bick.
La investigación oficial recoge con todo detalle la construcción, la reforma, la gestión y supervisión del edificio destinado a viviendas públicas, el modo en que respondieron los bomberos y cómo fueron tratadas las víctimas y sus familiares en los días y semanas que siguieron al monumental incendio.
El informe apunta además a los fabricantes de las placas de revestimiento del edificio que usaron un material, mezcla de plástico y aluminio que propició que las llamas y el humo carbonizaran la torre en 30 minutos. Según el documento las empresas en “una falta sistemática de honestidad” usaron “estrategias continuas y premeditadas” para hacer creer que sus productos eran seguros, ocultando "deliberadamente” el riesgo.
También hay un apartado para el departamento responsable de la gestión y mantenimiento de las viviendas sociales del condado de Kensington y Chelsea al que se le acusa de su “persistente indiferencia a la seguridad contra incendios, y particularmente a la seguridad de las personas más vulnerables”.
Los bomberos, también aparecen en informe por su desconocimiento en momentos clave del incendio cuando ordenaron a los residentes de las plantas superiores permanecer dentro de sus pisos, condenándolos a una muerte segura.
Este miércoles, tras hacerse público el informe, el nuevo primer ministro británico, Keir Starmer, ha pedido perdón a las víctimas del incendio, a sus familias y a los miembros de la comunidad local, algunos de los cuales se encontraban en el Parlamento para presenciar el discurso.
“El país no cumplió con su deber más fundamental, protegerles a ustedes y a sus seres queridos, las personas a las que estamos aquí para servir, y lo lamento profundamente”, dijo.
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