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La aplicación de mensajería instantánea Telegram, que alberga el lado oscuro de las redes sociales, sigue en el punto de mira judicial. Y más concretamente su fundador y CEO, quien se encuentra en libertad con cargos en Francia.
A Pavel Durov se le acusa de amparar la difusión de contenido de abuso sexual infantil y de tráfico de drogas, entre otros delitos. Mientras tanto, la compañía confirma que cumple con las leyes de la Unión Europea.
El empresario, de origen ruso, también genera dudas por su relación con Vladimir Putin y por cómo puede comprometer las comunicaciones de su país, incluso la de sus soldados en el frente ucraniano.
"Es un golpe para Rusia. Resulta muy alarmante", aseguran unos ciudadanos en Moscú sobre la detención y puesta en libertad con cargos penales en Francia del fundador de Telegram, tras el pago de una fianza superior a los cinco millones de euros.
Se trata de la aplicación de mensajería instantánea más empleada en el país, tanto en el ámbito civil como hasta militar, aunque esté prohibida, por ejemplo, en la guerra de Ucrania.
Juan Rodríguez Garat, almirante retirado de la Armada, señala que "el uso de Telegram en el frente está prohibido en general aunque muchos soldados, y seguramente muchos jefes también, incumplen esa prohibición". "La OTAN, desde luego, no lo usa y Rusia tampoco", añade el experto en conflictos.
Pavel Durov, entiende otra residente, "podría entregar las claves de esta plataforma encriptada a nuestros países enemigos". Ese temor se extiende desde las calles hasta las élites rusas y el Kremlin, donde también le ha abierto las puertas su presidente.
El portavoz de Putin, Dmitri Peskov, en un ejercicio de aparente sarcasmo involuntario, dice que espera que este caso "no se convierta en una persecución política". Extremo que apuntala el mandatario francés, Emmanuel Macron, en público al mismo tiempo que aumenta la inquietud en Moscú.
"Es posible que (Durov) esté informado de secretos militares rusos pero también es más posible todavía que esté informado de actividades delictivas, toleradas o participadas por el Kremlin", subraya Rodríguez Garat.
Una instrucción, eso sí, que podría llevar meses o años, con cargos de obstrucción a la justicia y de delitos criminales cometidos en su plataforma, los cuales jamás ha querido mostrar cuando se le ha requerido y que podrían costarle, en el peor de los escenarios para su defensa, más de una década de prisión.
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