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El relator especial de las Naciones Unidas sobre los derechos de los Pueblos Indígenas, Francisco Calí Tzay, ha advertido que hay menores indígenas en Colombia que "se están suicidando" para no ser reclutados por los grupos armados que operan en el país.
"Se puede ver que hay niños inclusive de seis, siete y ocho años que están siendo reclutados y es una situación que es preocupante porque viola el Derecho Internacional Humanitario", ha indicado Calí en declaraciones a la emisora Caracol Radio.
El representante de la ONU ha denunciado "la utilización de niños en un conflicto que desafortunadamente los afecta a ellos directamente porque ha habido suicidios e intentos de suicidio y cuando han hablado con los niños de intento de suicidio lo que ellos exponen es que es la única forma que ellos han encontrado de liberarse de estos reclutamientos forzosos".
Calí ha visitado durante diez días regiones como Cesar, La Guajira, Leticia y Cauca donde ha detectado la "alarmante" situación de los pueblos indígenas ante el "abandono del Estado".
A pesar de la firma del acuerdo de paz con la guerrilla de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) en 2016 "la guerra en los territorios indígenas continúa". En regiones como estas los menores son utilizados por los grupos armados para hacer inteligencia, se los llevan durante algunas semanas y luego supuestamente los dejan en libertad, pero en realidad son reinsertados en sus comunidades como informantes y en muchas ocasiones los menores reclutados son rechazados por sus familias.
"En algunos casos, los menores reclutados no son aceptados de vuelta por sus comunidades, lo que los coloca en una situación de abandono y los lleva a la indigencia, adicción o inclusive la prostitución", ha advertido.
Es tan crítica la situación de los pueblos indígenas que 71 están en riesgo de extinción física y cultural por lo que Calí ha pedido al Gobierno colombiano una intervención integral.
En una comunidad indígena de Sierra Nevada uno de los ancianos de una comunidad indígena fue sometido a abuso sexual en su lugar sagrado "por alrededor de 30 o 40 combatientes como un arma de guerra y una forma de humillación".
Calí ha denunciado además la contaminación en territorios indígenas relacionada con megaproyectos que han desplazado a los indígenas de sus lugares ancestrales y sagrados. Las empresas han compensado estos agravios llevándoles camiones de agua potable.
"Esta es una respuesta lamentable, no solo porque las cantidades de agua no son suficientes para el aseo, la alimentación y el cultivo, sino porque no es una solución permanente. Muchos de los daños causados son irreparables, por lo que es alarmante ver la pobre reacción institucional y empresarial ante esta situación", ha reprochado.
Además denuncia que se aprovechan de líderes indígenas haciéndoles firmar supuestos convenios perjudiciales. "Un caso particularmente alarmante es el del Pueblo Nukak, recientemente contactado, que, sin recibir el acompañamiento necesario por parte de las entidades públicas pertinentes, firmó un contrato de bonos de carbono por un período de 100 años. Este contrato contiene una cláusula de exclusividad e irrevocabilidad a favor de una empresa privada, violando sus derechos territoriales de manera significativa", ha explicado.
El informe completo será presentado al Consejo de Derechos Humanos en septiembre e incluirá recomendaciones para saldar la deuda histórica del Estado colombiano con los pueblos indígenas.
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