António Costa, primer ministro portugués, ha presentado su dimisión después de que la Fiscalía le haya incluido en una investigación por presuntos delitos de prevaricación y corrupción relacionados con el sector del litio y el hidrógeno verde. En un comunicado que ha emitido al país desde su residencia oficial en S.Benito (Lisboa), Costa ha justificado su decisión asegurando que “las funciones de Primer Ministro no son compatibles con la sospecha de cualquier acto criminal”.
"Fui hoy sorprendido de que ya se ha instaurado contra mí una causa criminal, obviamente estoy totalmente disponible para colaborar con la Justicia en todo lo que entienda necesario para apurar toda la verdad sea de la materia que sea", ha dicho Costa tras presentar su dimisión al presidente Marcelo Rebelo de Sousa. António Costa estuvo ocho años ejerciendo de primer ministro, cargo que juró el 26 de noviembre de 2015.
La Fiscalía portuguesa había comunicado que estaba llevando a cabo registros de “espacios utilizados por el jefe de Gabinete del primer ministro” y en los Ministerios de Infraestructuras y de Ambiente donde se produjeron varias detenciones. Entre ellas, la de Vítor Escária, jefe de gabinete de Costa, la de un consultor del primer ministro llamado Lacerda Machado y la del alcalde de Sines, el socialista Nuno Mascarenhas, según el medio luso Público. Varios de los sospechosos señalaron a Costa como uno de los implicados en el caso por “desbloquear procedimientos”.
Como sospechosos formales, es decir, como una figura previa a la acusación, están Duarto Cordeiro, ministro de Ambiente; João Galamba, de Infraestructuras y João Pedro Matos Fernandes, exministro de Ambiente. En la causa judicial estarían los proyectos de explotación de litio en Montalegre, en el norte de Portugal, por un posible favor del Gobierno portugués a empresas.
Según los medios locales, la residencia oficial del primer ministro ha sido uno de los 40 lugares registrados por la Policía en el operativo que investiga los negocios en el sector del hidrógeno y del litio. La investigación se centra en las concesiones de explotación de litio en las minas de Romano y Barroso, en el norte del país; además de un proyecto de una central de producción de energía a partir de hidrógeno y otro para la construcción de un centro de datos, ambos en Sines.
En el operativo participan 17 magistrados de la Fiscalía lusa, tres magistrados judiciales, dos representantes del Colegio de Abogados, cerca de 145 agentes de la PSG y nueve de la Autoridad Tributaria.
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