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Después de cuatro años en vigor, el protocolo de pesca entre Marruecos y la Unión Europea expira este lunes, sin posibilidad de renovación. En espera de que la Corte de Justicia de la Unión Europea emita, posiblemente antes de que acabe el año –será en plena presidencia española del Consejo de la UE-, la sentencia definitiva, el Tribunal General de la UE había anulado en septiembre de 2021 el acuerdo de pesca entre Bruselas y Rabat porque incluía las aguas del Sáhara Occidental. Teniendo en cuenta que en cuestión de meses la justicia europea ratificará la ilegalidad del acuerdo, las partes han decidido –por ahora- dejar de negociar un nuevo protocolo.
No servirán los recursos presentados por la Comisión Europea, el Consejo de Ministros de la UE y dos Estados miembros como España y Francia, los más fieles aliados de Rabat en el seno de la Unión. El vencimiento del acuerdo pesquero supone, en fin, la suspensión de la actividad en el caladero marroquí por un período de tiempo indeterminado. La flota europea, con la española a la cabeza, tendrá que abandonar, a partir de hoy, de los citados caladeros.
El pasado miércoles el ministro de Exteriores marroquí, Nasser Bourita, daba la versión marroquí del momento para asegurar que la expiración del acuerdo es “programada” y “no forzada”. Y para lanzar un aviso a los 27: en el futuro cualquier negociación sobre la materia tendrá que pasar por una “asociación con valor añadido más claro” para los intereses marroquíes.
Aunque nadie se atreve a afirmar cómo y cuándo, Marruecos hará notar, antes o después, su disconformidad por el revés judicial. Más allá de que las arcas del país magrebí dejarán de ingresar 50 millones de euros al año a cambio de permitir faenar a los pescadores europeos, para Marruecos la existencia del acuerdo tenía un alto valor simbólico: la Unión Europea admitía de facto su soberanía sobre el antiguo Sáhara Español, que Naciones Unidas considera territorio no autónomo y, por ende, pendiente de descolonización.
Sin embargo, a juzgar por las declaraciones de los miembros del Gobierno de Pedro Sánchez efectuadas en los últimos días no parece que, como aseguraba el titular de Exteriores marroquí, el fin del acuerdo hubiera sido mutuamente “programado”. El ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas –ex embajador de España en Marruecos entre los años 2004 y 2010 y hombre bien relacionado con las autoridades marroquíes-, aseguraba aún el pasado viernes que “el acuerdo continúa vigente” porque lo que expira es el “protocolo del acuerdo”. Planas expresó su deseo de que las partes lleguen “cuanto antes” a uno nuevo para los próximos cuatro años insistiendo en que la posición de España es “bien clara”.
En una línea similar, este mismo domingo, desde la localidad gaditana de Barbate, era el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, quien aseguraba que las negociaciones con Marruecos para la renovación del protocolo del acuerdo de pesca “están avanzando”.
A pesar del optimismo indisimulado de los miembros del Ejecutivo español, el Ministerio de Agricultura y la Cámara están ya a punto de comenzar a compensar al colectivo de armadores y marineros españoles que faenaban hasta hoy en los caladeros del país vecino.
El acuerdo vence, paradójicamente, en un momento dulce de las relaciones entre Marruecos y España. Una luna de miel –iniciada con el apoyo del presidente del Gobierno a Rabat en la cuestión del Sáhara en una carta remitida al rey de Marruecos en marzo de 2022- que inevitablemente se verá afectada por las consecuencias del fin del acuerdo. Además, Marruecos ha cosechado otros éxitos políticos en Europa. Aunque con términos menos entusiastas que los de Pedro Sánchez, Rabat ha obtenido en los últimos tiempos el reconocimiento expreso a su propuesta de autonomía avanzada para el Sáhara de los dos pilares políticos y económicos de la UE: Alemania y Francia.
La Unión Europea, y España a la cabeza, es más que consciente de la importancia de la cooperación con Marruecos en estos momentos en materias como la lucha contra la migración irregular -en un momento en que se viene registrando un repunte de la misma en las rutas del Mediterráneo central y el Atlántico, con origen en las costas saharauis y final de trayecto en Canarias- o el terrorismo, por lo que se esforzará en preservar las mejores relaciones con Rabat en los próximos meses.
No en vano, tras reunirse el pasado jueves en Bruselas la comisión mixta Marruecos-UE sobre pesca se esforzaba por mostrar una imagen pública de sintonía. En una nota conjunta, la Comisión Europea y la delegación magrebí aseguraban tener un “enorme interés” por la “continuación” de la asociación pesquera, a pesar de que semanas desde Bruselas se confirmaba que las negociaciones estaban rotas.
Evitando hacer alusión al hecho de que la justicia europea haya declarado ilegal el acuerdo, las autoridades marroquíes han expresado ya, a su forma, su incomodidad con la nueva situación. El encargado de transmitir el mensaje fue, el miércoles de la semana pasada, el ministro marroquí de Exteriores, Nasser Bourita. El jefe de la diplomacia marroquí afirmó que su Gobierno “está evaluando” el protocolo pesquero para llegar a la conclusión de que su renovación depende de que las dos partes se pongan de acuerdo en “una nueva visión de asociación”, pero “no tradicional, sino con más valor añadido”, “más profunda”, dijo citando a Mohamed VI.
No en vano, en distintos discursos pronunciados en 2020, 2021 y 2022, el rey de Marruecos había lanzado un mismo mensaje a sus socios: cualquier acuerdo económico con la UE tendrá que incluir necesariamente al Sáhara. Bourita dejó, además, una frase que aspira a perdurar: “Marruecos ve superado el modelo de venir a pescar”.
Lo cierto es que el vencimiento del acuerdo de pesca no tendrá repercusiones mayores para el conjunto de la economía de Marruecos. Las autoridades magrebíes, que presumen de que lo ocurrido servirá de estímulo para su industria pesquera, dejará aproximadamente de ingresar unos 52 millones de euros anuales (208 millones para el conjunto de los cuatro años).
Para la parte europea, el fin del acuerdo afectará especialmente a la flota española, y en menor medida a las de Países Bajos, Lituania, Alemania y Polonia. Del total de 128 licencias de pesca contempladas por el acuerdo, el protocolo concede 93 a los pescadores españoles. Con todo, sólo 19 licencias se encontraban activas en estos momentos. Esto es, un 20% de las licencias que podrían emplear los españoles según el acuerdo. Dos categorías de las licencias que tienen los pesqueros españoles no faenan en aguas saharauis. Son las categorías 1 y 2 del protocolo, de pesca artesanal y de palangre de fondo, y que poseen actualmente diez armadores de la provincia de Cádiz, según información recogida por EFE.
El fin del acuerdo tiene, sobre todo, un impacto simbólico negativo para Marruecos: la justicia europea dictamina que los acuerdos comerciales con la UE son ilegales por no contar con “el consentimiento del pueblo saharaui”. Entretanto, el Frente Polisario, en plena euforia después de que la justicia europea le diera la razón –la organización recurrió en 2012 los acuerdos de pesca y libre comercio entre Marruecos y la UE-, aprovechaba los últimos días para reunirse con armadores canarios y mostrarles su disposición a concederles licencias de pesca. Un estéril ejercicio cuyo único objetivo es el de presionar al Gobierno de España en los últimos días de campaña electoral.
Antes o después, en fin, Bruselas y Rabat tendrán que volver a negociar sobre la materia. Con la expiración del acuerdo pesquero, el repunte de la migración irregular hacia Canarias y las elecciones generales en España –y un posible cambio de Gobierno- de por medio todo apunta a un turbulento final de verano y comienzos de otoño.