Giorgia Meloni inició el pasado otoño un giro hacia la moderación que llegaba con su juramento como primera ministra italiana. Sabía que su militancia juvenil en un partido posfascista marcaba sin duda un currículum delicado especialmente fuera de Italia donde entendió que conseguir ser reconocida como una líder menos radical y extremista era fundamental para su éxito en política exterior. Bruselas fue su primera parada, debía dejar atrás las posiciones anti europeístas, que durante años había reivindicado desde su rol como pequeña fuerza marginal de la oposición, y tenía que mostrarse como una mujer de Estado. La guerra de Ucrania y su marcado atlantismo ayudaron a estrechar lazos a nivel internacional, pero en este momento histórico los nudos europeos son muchos y el equilibrio de acuerdos que la primera ministra italiana tiene que mantener junto con las promesas electorales de política interna se encuentran en muchas ocasiones en contradicción. 

Antes de llegar a Bruselas para celebrar un Consejo Europeo fundamental para encontrar acuerdos sobre la gestión del fenómeno migratorio, Giorgia Meloni compareció, como prevé la dinámica italiana, ante las cámaras. La primera ministra fue especialmente dura en sus declaraciones donde dejó claras algunos de sus grandes puntos críticos en este momento con Europa, como los retrasos en los proyectos del PNRR. También se mostró escéptica a la ratificación del MEDE (Mecanismo Europeo de Estabilidad) al que Italia continúa negándose a pesar de ser el único país entre los 27 en hacerlo y a que este aspecto sea enormemente preocupante en sede europea. Precisamente durante estas horas, mientras Meloni llegaba a la sede europea, el presidente del Eurogrupo, Pascal Donohoe, presionaba de nuevo al Gobierno italiano. “Respeto absolutamente y puedo entender el punto de vista de Italia si dice que no quiere acceder (al MEDE). Pero la ratificación del Tratado dará la posibilidad de que el mayor poder del mecanismo pueda ponerse a disposición de otros países, que podrían valerse de él en el futuro”, dijo Donohoe.

En casa la línea dura que había defendido Meloni y el vice primer ministro Salvini, que había dicho que el MEDE “no nos sirve ni ahora ni en el futuro” y que esperaba que no se debatiera hasta después de las europeas de primavera, no consigue su objetivo. La parte más moderada de la coalición, con el Ministro de Economía Giancarlo Giorgetti al frente, pactan que el debate final para la ratificación llegará definitivamente en cuatro meses, a tiempo para la deadline que Europa había solicitado, en enero de 2024. Sobre el asunto la premier Meloni decide no hacer comentarios a su llegada a Bruselas, dice a la prensa “mis compañeros no me han preguntado sobre el tema”, e intenta centrar todas sus energías en hacer frente a la negociación sobre el tema migratorio que, en horas muy duras, tiene lugar entre los 27. Ahora sí, en este tema, Meloni sabe que necesita el apoyo Europeo más que nadie. Desde el inicio de 2023 han desembarcado en Italia más de 60 mil personas, según datos del Viminale, el Ministerio de Interior italiano. Son más de la mitad que en el mismo periodo, entre enero y junio, del año pasado. Es por eso que el tema migratorio era central en este Consejo Europeo y Meloni lo sabía. El viaje a Túnez con Ursula von der Leyen fue también fundamental para reforzar la estrategia de negociación con los países del norte de África. 

En su declaración previa a la etapa europea ante las cámaras Meloni volvió a interpelar a Europa en la gestión del fenómeno migratorio. “Es un reto europeo y por tanto requiere respuestas europeas”, dijo. Además volvió a repetir la importancia de un plan de ayudas a países africanos y de una estrategia que comience a superar las reglas del Tratado de Dublín para que Italia no se convierta “en el campo de refugiados de Europa”. Pero las cosas que funcionan en casa para la primera ministra italiana no son siempre igual cuando en Bruselas debe prevalecer el acuerdo y los que serían sus socios más afines en Europa no comparten sus posturas. 

A principios de junio, en sede del Consejo de la Unión Europea se encontró un acuerdo sobre una pequeña reforma sobre el reglamento de Dublín, que regula la gestión y la acogida de los solicitantes de asilo en Europa. Hasta ahora estas normas establecían que el primer país de ingreso se debía hacer cargo de la solicitud y de la permanencia en territorio europeo hasta que se determinase si el migrante tenía derecho al asilo o no. La reforma que se discutirá en el Parlamento Europeo en las próximas semanas -aunque la aprobación parece que tendrá que esperar- prevé, sin embargo, que en casos de ingentes llegadas, como ocurrió en Italia en 2016 con casi 200.000 migrantes en un año, los otros países puedan acoger una pequeña parte o ceder fondos de hasta 20.000 euros por cada migrante no acogido. Los países más intransigentes son los socios europeos de Polonia y Hungría, que ya fueron contrarios a un intento de reforma similar en 2018 y durante estos días también mostraron sus diferencias en el enfoque del fenómeno.

Giorgia Meloni recibió el encargo de mediar con el presidente Morawiecki y con Orban durante estas horas críticas, pero no obtuvo su objetivo y el documento final firmado por los 27 no incluyó los aspectos discutidos sobre inmigración. Poco después se hizo público un documento firmado por el presidente Michel que establecía las varias posiciones que salieron en el debate y evidenciaba la falta de unanimidad en la materia entre los países miembros. Giorgia Meloni justificó, en sus palabras ante la prensa en Bruselas y antes de volver a Italia, que eso no influiría en el iter legislativo de la reforma tratada a principios de junio que seguirá adelante