El ministro de Justicia del Gobierno Meloni, Carlo Nordio, ha sido magistrado durante casi cuatro décadas. Hoy la reforma de la Justicia que está a punto de llegar al Parlamento, tras ser aprobada en Consejo de Ministros, lleva su nombre pero nace entre críticas que provienen de sus ex compañeros. Modificar la justicia italiana no es una tarea fácil para ningún gobierno. Nordio ya expresó su deseo a finales del año pasado de terminar con el uso “humillante” por parte de la prensa de las escuchas telefónicas dentro de las investigaciones judiciales. Ahora este paquete de medidas que ha preparado pretende atacar este y otros aspectos como eliminar el delito de abuso de autoridad (el uso ilícito del poder administrativo), modifica el tráfico de influencias y aumenta las garantías del investigado en caso de custodia cautelar. Las críticas llegan desde algunos sectores de la profesión, la reforma no convence a parte de la magistratura que reclama que muchos de estos delitos ayudan a desenmascarar otros y que reducir la herramientas de las escuchas pone también en peligro una gran arma para luchar contra las mafias y la corrupción. 

El objetivo del ministro Nordio es proteger en mayor medida la vida privada de las personas investigadas, intenta evitar el “naming-shaming”, el fango que se crea en los medios de comunicación a través de la filtración de aspectos de la investigación sobre un sujeto. Lo más probable es que la reforma, con los números del centro derecha, pase sin problemas el trámite parlamentario. Del otro lado del hemiciclo, la oposición se encuentra dividida sobre este tema. El partido de Matteo Renzi, Italia Viva, y su socio centrista, Carlo Calenda, con Azione, se muestran a favor y dispuestos a respaldar la reforma en su votación parlamentaria. “Un paso adelante en la dirección adecuada, aún tímido para nosotros, pero un paso adelante igualmente”, ha expresado el ex primer ministro Renzi. En Italia han sido muchas las pequeñas reformas de la justicia en los cambiantes gobiernos de los últimos años, pero ninguna de las partes ha conseguido una reforma estructural necesaria y compleja, dicen los expertos, tal y como pide Europa, especialmente agilizando los tiempos de los procesos y la burocracia imposible. 

Desde el Partido Democratico de Elly Schlein, la primera fuerza política de la oposición y el M5S (Movimento 5 Stelle) la postura es contraria, aunque no de forma unánime lo que impide ofrecer una alternativa clara. Desde la Asociación Antimafia Libera destacan que “de forma peligrosa se debilitan las directivas anticorrupción construidas con fatiga durante las últimas décadas” y critican además que intente retomar el eterno deseo político de Silvio Berlusconi de una reforma de este tipo para la justicia italiana. En un cruce de opiniones entre la política, la sociedad y el sector de la justicia, la Asociación italiana de jóvenes abogados (Aiga en sus siglas en italiano) se muestra a favor porque esta reforma, dice, “está orientada a reforzar las tutelas y las garantías del investigado y del imputado y una mayor reserva de los sujetos vinculados a los sucesos penales”. 

¿Qué dice exactamente esta reforma de la justicia?

La medida más polémica es el denominado abuso de autoridad, la persecución del mal uso de las funciones públicas, que el ministro quiere eliminar. Es una lucha que Nordio ha mantenido ya durante los años precedentes, desde su rol de magistrado, pero los defensores de este delito dicen que sirve como “espía” de otras irregularidades o, lo que es lo mismo, la demostración de un uso ilícito de la posición de poder administrativa o pública desvela otras irregularidades o comportamientos corruptos. El amplio arco de delitos anticorrupción permitirá que este tipo de comportamientos puedan ser juzgados de otra forma, pero la línea europea es la de mantener este delito, de hecho 22 países cuentan con él. En el caso de España el Código Penal no lo recoge denominado de esta forma concreta, pero hay varias conductas tipificadas que son constitutivas de esta irregularidad. El ministro Nordio defiende que “era un delito evanescente que solo complicaba las cosas obstruyendo otras investigaciones”. 

Otra medida incluida en esta reforma es una modificación importante del delito de tráfico de influencias. La nueva norma reduce las posibilidades de incurrir en el delito y tiene que demostrarse que la persona que facilita este intercambio de favores obtiene un beneficio económico. Dejando fuera otros posibles beneficios. En otras palabras: solo se podrá perseguir si se demuestra que aprovechando su conexión con un cargo público ese intermediario está recibiendo una cantidad económica de alguna de las partes.

Todos estos aspectos más técnicos han enfurecido a una parte de la magistratura con un enfoque de la justicia diferente pero, en el caso de la prohibición de publicar el material de las escuchas telefónicas ha sido la prensa la que ha tenido palabras de reproche al ministro. Se considera que no podrán ser publicadas las escuchas incluidas en los actos de la Fiscalía, solo aquellas que figuren en el acto del juez. Aún así, Federica Olivo, periodista del Huffington Post Italia especializada en periodismo judicial, explica a NIUS que eso no impedirá que la información de algunas investigaciones llegue a la prensa. El fiscal podrá aún dar una rueda de prensa si considera que el contenido de la investigación tiene una gran relevancia pública y, si no es así, la información se sabrá antes o después cuando, en los tiempos convenientes, la investigación avance. 

Así, explica la periodista, si esta reforma obtuviese luz verde en el Parlamento la información llegará de igual forma al ciudadano, aunque más tarde. Ya no se podrán publicar las escuchas e interceptaciones telefónicas, sí se podrá comunicar el arresto y las acusaciones de las personas implicadas. Ahora el Parlamento decidirá sobre esta reforma que algunos llaman “garantista”, pero el papel de la oposición que se muestra a favor, como el propio Renzi, promete insistir sobre algunas enmiendas que definirán aún más el nuevo marco penal de estos delitos.