Antes de que termine el mes de octubre Giorgia Meloni pone, en plenas funciones tras conseguir la confianza de las Cámaras, en funcionamiento el engranaje de su nuevo Gobierno. El segundo Consejo de Ministros -el primero fue para recibir los dossier del anterior Ejecutivo- pone tres grandes temas encima de la mesa: justicia, salud y seguridad, incluidos en un único texto. Despliega, así, algunas de las batallas que la neo premier anunció en su discurso de investidura alegando que serían centrales en la política interna. Se quedan fuera, sin embargo, el paquete de medidas para el encarecimiento de la energía que se esperaba de manera inminente tras haber heredado del Gobierno Draghi 10 mil millones de euros para que este tipo de ayudas puedan mantenerse al menos hasta diciembre. Aunque Giorgia Meloni insiste en la premura, pospone los temas económicos y energéticos para este viernes 4 de noviembre, donde se realizará el próximo Consejo de Ministros tras su primer viaje internacional a Bruselas este jueves para reunirse con los vértices de la UE. En este Consejo de Ministros se nombran también de forma definitiva los subsecretarios que determinan la presencia de los socios de Gobierno en posiciones estratégicas. Clima de unidad, reclama la premier, a pesar de las criticidades de la coalición en los albores de la formación de Gobierno.

Giorgia Meloni anuncia en la rueda de prensa posterior al CdM que elimina la inhabilitación del personal sanitario que no estaba vacunado contra el COVID, medida que en su momento, lanzada por el Gobierno Draghi, contrastaba los casi dos mil médicos no vax. “Cuatro mil sanitarios se reincorporan al trabajo, en vez de este 31 de diciembre cuando caducaba la obligación de la vacuna, ya este 1 de noviembre”, explica. La reflexión vinculada a la salud, y más concretamente a la pandemia, fue remarcada por Giorgia Meloni en el discurso de investidura ante las Cámaras y repetido en esta ocasión añadiendo que se aprobaba porque el país sufre una falta de personal sanitario. La premier, que ya fue muy crítica desde la oposición de la gestión de la pandemia desde 2020, marcó una línea disruptiva y anunció que indagaría sobre las decisiones tomadas hasta ahora porque "está claro que no han sido efectivas”. Vinculado al concepto de la “libertad”, central la estructura ideológica que primera ministra diseña para esta legislatura, critica las normas que, durante los peores momentos del COVID, fueron especialmente duras en Italia, asegurando que “se han tomado las medidas más restrictivas de todo occidente”. Ya como líder de la oposición, Giorgia Meloni defendió a los no vax de las que consideraba eran unas normas innecesarias y ahora toma una de sus primeras medidas en esta línea. La oposición critica, como el líder del PD, Enrico Letta, que con esta norma "se premie a los antivacunas".

En la parte de medidas vinculadas a la seguridad pública, se incluye en el texto aprobado, aprovechando el desmantelamiento en la mañana del lunes de una rave celebrada en Modena, al norte de Italia, una medida para crear un nuevo delito con penas de cárcel que pueden llegar a seis años y multas a diez mil euros. Medidas propuestas, como explica la premier, por el Ministro de Interior, Matteo Piatendosi, pero que Giorgia Meloni, en sintonía con lo establecido en el discurso de investidura, había anticipado reforzar las intervenciones en materia de seguridad. “Se ha actuado para dar una señal de un Estado que no quiere mostrarse inmóvil frente a la ilegalidad. Se incluye la previsión de un nuevo delito de seguridad pública en estos casos, nombrado 'invasión por reuniones peligrosas'”, explica. “Queremos hacer de la seguridad un rasgo distintivo de este Ejecutivo”, ha señalado Meloni. "Quiero dejar claro que en Italia se respetan las normas y se intervendrá con mayor eficacia", finalizaba.

La crítica de la oposición está orientada a la atención que la primera ministra ha puesto en esta medida en contra de las raves, aprobada de manera urgente en este CdM, uno de los primeros y con una importancia simbólica. Apelaban, por ejemplo el líder del M5S y ex primer ministro Giuseppe Conte, a la doble vara de medir que crea un delito específico para las fiestas ilegales pero que no frena la concentración de más de dos mil fascistas reunidos en la tumba de Mussolini el pasado viernes para conmemorar la ‘Marcha sobre Roma’, que marcó el inicio de dictadura en Italia. Meloni responde en rueda de prensa señalado distancias "de manera muy significativa", pero sin justificar de otro modo que no hubiese una intervención o una condena por parte del Estado.

El último gran punto aprobado en Consejo de Ministros toca el tema de la justicia y la mafia. “Es una norma que para mí es simbólica”, dice Meloni, que ya en el discurso de investidura había vinculado el inicio de su militancia política a la lucha contra la criminalidad organizada. “Hemos decidido incluir un decreto, que acelerase el proceso, de una norma que ya había adquirido la unanimidad de consenso de las dos Cámaras al final del otro Gobierno pero que no había conseguido culminar su proceso”, dice. Se refiere al llamada en italiano 'carcere ostativo', que apela a los beneficios penitenciarios de los mafiosos que colaboraban con la justicia y que, habían indicado varias sentencias de la Corte Constitucional, no se estaba aplicando de forma correcta. Ahora circunscribe de forma clara, reafirma, que los presos que no colaboren y no se desvinculen completamente del entramado mafioso no puedan acceder a estos beneficios. Se incluye también en el decreto otra norma vinculada a la justicia y que ralentiza la puesta en marcha de la ‘Reforma Cartabia’, diseñada por el anterior Gobierno, sobre el proceso penal, ante un sistema judicial sin infraestructura preparada para la misma.