Continúa la conmoción en Bolivia por el caso relativo a una niña de 12 años que fue violada por su propio abuelo, quien la dejó embarazada. El suceso, inmediatamente dividió a la sociedad, incluyendo médicos y activistas, al respecto de si era lo correcto interrumpir la gestación, algo que finalmente se resolvió con una cesárea a las 29 semanas de embarazo. Ahora, lo último que se ha conocido es que el bebé prematuro, que se encontraba en una incubadora en un delicado estado de salud, ha fallecido.

El suceso se contextualiza en Chimoré, Cochabamba, Bolivia, desde donde la menor, tal y como había reiterado en varias ocasiones la Defensora del Pueblo, Nadia Cruz, había rogado, suplicado y pedido entre lágrimas que fuera interrumpida la gestación.

La niña, que había sido víctima de los abusos sexuales a los que le sometía su abuelo, tras ser violada había denunciado que quería que todo terminase. ‘No puedo más, quiero que lo saquen. Ya no tengo fuerzas. Quiero regresar a mi casa con mis hermanitos’, habría expresado, tal y como refiere el medio mexicano ‘Debate’.

En este contexto, la Defensora del Pueblo incidió en la necesidad de ayudarla y poner fin a su pesadilla, al tiempo en que también la llamada ‘Defensoría de la Niñez’, a través de su jefa, Cinthia Prado, reparó en las consecuencias psicológicas y afectivas que iba a sufrir si traía al mundo al bebé producto de los abusos por parte de su abuelo.

“No está capacitada biológicamente, afectivamente, ni psicológicamente para asumir esta gran responsabilidad. La afectación es bastante grande. La niña está en una edad de desarrollo por tanto es una situación muy difícil de sobrellevar”, subrayaba entonces, pero la realidad es que finalmente se le practicó una cesárea a la niña y dio a luz a un bebé prematuro, pese a todo lo expuesto y pese a sus propias súplicas.

Los médicos del Hospital Materno Infantil Germán Urquidi habían indicado previamente que, en el estado de gestación en el que se encontraba, no era posible interrumpir el embarazo de forma legal. Esto es así, subrayaban, porque se encontraba en el sexto mes de gestación, y lo que la ley contempla es que solo se permite la interrupción legal del embarazo hasta las 22 semanas.

Frente a esa postura, la Defensora del Pueblo denunció que no se le practicó ningún estudio sobre la salud integral de la niña, ni se estaba teniendo en cuenta las circunstancias que rodean a su embarazo, asegurando que con este tipo de acciones lo que queda patente es la “desprotección” de las víctimas de abuso y agresión sexual.

“Quieren cinco semanas más de tortura en contra de la menor, pese a que la niña rogó, suplicó que interrumpan el embarazo. Lo que hacen en el Hospital Germán Urquidi es que a través de sus acciones y posiciones personales desprotegen a las víctimas de abuso sexual, quienes tiene derecho a ser escuchadas por el Estado”, expresó Nadia Cruz, en declaraciones recogidas por Red Uno.

Ante ello, la senadora Andrea Barrientos reclamó una investigación, pero el resultado final es que la niña de 12 años hubo de ver cómo le hacían una cesárea a las 29 semanas y no solo como nacía su bebé prematuro, fruto de una violación, en un muy delicado estado de salud, sino también como ahora ha muerto.