El 15 de marzo de 2020, la Casa Real española sorprendía a propios y extraños al anunciar que el rey Felipe VI renunciaba a cualquier herencia económica que pudiera recibir de su padre, el rey emérito Juan Carlos I. Además, se informó que Juan Carlos dejaría de percibir su asignación anual del presupuesto de la Casa Real. Esta decisión se entiende mejor si le añadimos el contexto de las crecientes controversias y los escándalos financieros en los que el antiguo monarca parecía estar inmerso, pero sobre esto precisamente es de lo que vamos a hablar a continuación.

La decisión de Felipe VI se produjo en un momento en que empezaron a aparecer informaciones sobre posibles y supuestas irregularidades financieras relacionadas con el rey emérito Juan Carlos I. Por ejemplo, estaba el hecho de que estaba investigando una donación de 100 millones de dólares de Arabia Saudí a la Fundación Lucum, una entidad vinculada al rey emérito. Fueron estos fondos y su gestión los que comenzaron a levantar sospechas sobre posibles prácticas corruptas y el uso indebido del dinero.

Por el otro lado, hay que tener en cuenta que desde su ascenso al trono en 2014, Felipe VI ha buscado distanciarse de los escándalos y restaurar la imagen de la monarquía española. Tanto es así que en su discurso de proclamación, enfatizó su compromiso con la transparencia, la ética y la ejemplaridad. De esta manera la renuncia a la herencia de su padre se alinea a la perfección con estos principios, y tiene como objetivo continuar reforzando la confianza pública en la institución monárquica. En este mismo sentido, Felipe VI también ha implementado medidas como la publicación de las cuentas de la Casa Real y la restricción de regalos a la familia real.

En el comunicado emitido por la Casa Real anunciando la renuncia, se afirmaba que Felipe VI desconocía su designación como beneficiario en las fundaciones Lucum y Zagatka hasta marzo de 2019. Al descubrirlo, solicitó ser excluido de cualquier implicación futura y expresó su rechazo a participar en estructuras financieras cuya legalidad o transparencia pudieran quedar comprometidas. Esta declaración de transparencia fue un intento de desvincularse de las posibles prácticas cuestionables relacionadas con su padre y su entorno, subrayando el compromiso de Felipe VI con la integridad.

Además de la renuncia a la herencia, Felipe VI decidió retirar la asignación anual de 194.232 euros que Juan Carlos I recibía del presupuesto de la Casa Real. Esta medida fue a la vez simbólica y práctica, reflejando un corte de lazos financieros directos entre la institución y el rey emérito. Sin embargo, Juan Carlos sí que mantuvo su título y ciertas prerrogativas como ex-monarca.

La decisión de Felipe VI recibió diversas reacciones. Mientras que sectores como el Partido Popular y Ciudadanos aplaudieron el gesto, otros partidos como Podemos solicitaron una investigación parlamentaria más profunda sobre las finanzas del rey emérito. El PSOE, por su parte, respaldó la necesidad de confiar en las instituciones y en los procedimientos judiciales para esclarecer cualquier irregularidad.