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Los abogados de la actriz Ana Duato y de su esposo, Miguel Ángel Bernardeau, productor de series de televisión han alegado en el juicio que no son responsables del fraude fiscal que se les imputa y han pedido su anulación para evitar la "pena de banquillo".
La Audiencia Nacional ha reanudado este miércoles con cuestiones previas el juicio a 28 acusados de supuestos delitos fiscales cometidos a través del despacho de abogados Nummaria, entre los que también se encuentra el actor Imanol Arias, que al comienzo del juicio este martes llegó a un pacto con el fiscal.
En virtud de dicho acuerdo de conformidad, Imanol Arias, para quien el fiscal pedía 27 años de cárcel por un fraude de 2,7 millones entre 2009 y 2015, reconoce los delitos y acepta una pena inferior a dos años de cárcel, que no implica su entrada en prisión, después de haber abonado la cantidad defraudada.
Por su parte, Ana Duato, que también ha devuelto parte de la cantidad supuestamente defraudada, se sigue enfrentando a una petición del fiscal de 32 años de prisión por un presunto fraude de 1,9 millones de euros entre 2009 y 2017, mientras que para su marido la Fiscalía solicita 18 años de prisión.
El abogado de Ana Duato, Enrique Molina, ha alegado vulneración del derecho a un proceso con todas las garantías que ha generado indefensión a su representada.
Ha explicado que los supuestos fraudes de los ejercicios comprendidos entre los años 2014 y 2017 suponen una acusación sorpresiva prohibida en la ley ya que en ningún momento fue interrogada por ellos en la fase de instrucción.
En cuanto a los anteriores ejercicios ha recordado que el Tribunal Económico Regional ya resolvió que las autoliquidaciones efectuadas por Ana Duato fueron correctas y ordenó que se le devolviera más de un millón de euros, que siguen retenidos por la Agencia Tributaria.
La defensa de la actriz Ana Duato ha señalado, además, que no se han de juzgar cuatro de los siete delitos fiscales que se le achacan porque no declaró en instrucción por ellos, y que en los otros tres ejercicios fiscales a examen no se superó la cuota de 120.000 euros y fue objeto de una "correcta" liquidación ante Hacienda.
Si bien Imanol Arias, también encausado junto a otra treintena de personas, ha reconocido cinco delitos fiscales y ha conformado con Fiscalía una pena de menos de dos años para evitar entrar en prisión, Duato ha decidido defenderse de todos los presuntos delitos que se le imputan y por los que el Ministerio Público pide en su escrito de acusación 32 años de cárcel.
La defensa de Duato ha puesto el foco en que la acusación del fiscal Tomás Herranz sostiene, en resumen, que desde 2013 la actriz dejó de facturar su trabajo en algunos capítulos de la serie 'Cuéntame cómo pasó', que por cada uno cobraba 63.101 euros, y que hubo irregularidades en los ejercicios fiscales de 2014, 2015, 2016 y 2017. El abogado de Duato, Enrique Molina, ha señalado, sin embargo, que por esos cuatro delitos fiscales últimos nunca se le ha tomado declaración en instrucción, lo que supone que "no se han respetado las reglas del juego" y se ha vulnerado su derecho de defensa. Por otro lado, ha indicado que aportan un informe pericial en el que se expone la errónea conclusión del informe de avance de la Agencia Tributaria que sirvió al Ministerio Fiscal para sostener la imputación por unos supuestos delitos fiscales en los ejercicios 14, 15, 16 y 17.
"Recordemos que esa imputación consiste en atribuir a Ana Duato no haber declarado determinados capítulos, curiosamente declaró los mismos que don Manuel María Arias, por una simple falla en el cálculo aritmético de la compensación económica que por capítulo recibía", ha explicado, añadiendo que en ese informe de Hacienda no se revisaron los contratos con Televisión Española y "dieron por sentado, como se dice en el escrito de acusación, que la señora Duato cobraba 63.000 euros".
En este sentido, ha lamentado que por esos cuatro ejercicios fiscales Duato se enfrenta a más de 20 años de cárcel, y ha apuntado que en instrucción "sorpresivamente" se cambiaron las reglas del juego y lo que inicialmente el fiscal calificaba de "omisión y ocultación de ingresos" fue transformado y ya no se ve eso sino "ausencia del reconocimiento de lo que ella ha pagado a su agente como gasto deducible". Ha especificado que el auxilio judicial ahora no reconoce lo pagado por Duato a la sociedad de su agente y de hecho le califica al mismo de testaferro de la actriz.
En cuanto a los presuntos delitos relacionados con las rentas de 2010 a 2012, la defensa explica que en ninguno de esos ejercicios se sobrepasó la cuota presuntamente defraudada de los 120.000 euros --frontera legal para que el asunto sea perseguible penalmente--.
Y ha insistido en que en instrucción sólo se le tomó declaración como imputada por esos tres ejercicios y no por los cuatro posteriores, por lo que ha calificado la acusación de "sorpresiva" y ha insistido en que "se ha vulnerado su derecho de defensa" y que se ha dado "una quiebra" de la norma "manifiesta".
Por último, sobre esos tres primeros años, ha recordado que la Agencia Tributaria impuso sanción por infracción leve y no por simulación ni ocultación. Y ha matizado que en 2019 el Tribunal Económico Regional le da la razón a la actriz y dice que las liquidaciones presentadas "son correctas" y que había que devolverle lo retenido con intereses.
Por su parte, la defensa del marido de Ana Duato, Miguel Ángel Bernardeu, ha explicado que el error en la acusación contra su mandante consiste en imputarle delitos por los ejercicios fiscales 2011, 2012, 2014 y 2015 porque el fiscal entiende que dejó de ingresar en el fisco una cuota que excedía los 120.000 euros --en cada ejercicio-- cuando en realidad no tuvieron en cuenta las cantidades que ingresó a través del impuesto de sociedades. "Se produce por tanto una doble imposición", ha lamentado.
El letrado, que considera que se ha vulnerado su derecho a la tutela judicial efectiva, ha informado a la sala de que la Agencia Tributaria respondió a su consulta indicando que en tres de esos ejercicios --2012, 2014 y 2015-- la cuota defraudada no excedía de los 120.000 euros y por lo tanto no existía delito contra la Hacienda. "Con estas circunstancias, tres de los cuatro delitos, que son 15 años de pena, (...) interesamos la aclaración del alcance de las acusaciones, (...) dado que afecta al derecho de defensa de Bernardeu", ha indicado.
Asimismo, ha explicado que si las acusaciones tiene previsión de retirar la acusación por estos tres ejercicios, lo hagan lo antes posible para facilitar la defensa. Y sobre el último ejercicio que quedaría vivo, ha incidido en que habría prescrito porque el momento de interrupción del plazo de prescripción lo ubican en noviembre de 2018, por lo que el de 2011 (también el del 2012) estarían prescritos: "Es una cuestión matemática".
En esta sesión, el fiscal, tras retirar varios delitos a tres encausados, ha respondido a todas las cuestiones previas de las partes rechazando las diferentes nulidades y oponiéndose a las alegaciones de vulneración de derechos durante el proceso. Además, sobre la variabilidad del objeto del procedimiento que varias partes han puesto sobre la mesa, ha subrayado que siempre "puede mutar" pero que "lo importante es que no se ha causado indefensión".
El Ministerio Público ha atacado asimismo el argumento de la defensa de Fernando Peña, el propietario del despacho 'Nummaria' y para el que más pena de cárcel pide, de que se ha vulnerado su derecho a la defensa por no poder acceder a lo intervenido en los registros, y ha subrayado que estuvo a disposición de las partes tras el expurgo.
"No se produce indefensión porque se da acceso a lo intervenido a todas las partes", ha explicado, añadiendo que su abogado, el exministro Antonio Camacho, ha podido ejercer su derecho de defensa y proponer toda la prueba que ha considerado conveniente.
En cuanto a lo alegado por la defensa de Bernardeau, ha negado que el delito fiscal del IRPF de 2011 esté prescrito habida cuenta que existe un auto de enero de 2017 que se dirige contra él, casi seis meses antes de que se agotara el plazo para perseguirlo.
Sobre los ejercicios de 2012, 2013 y 2014, ha explicado que su postura difiere de la Agencia Tributaria porque considera que "no está tan claro que las cuotas del impuesto sobre sociedades pagadas deban restarse de las cuota cuando esas sociedades se han utilizado para instrumentalizar un fraude en el IRPF". "No compartimos el criterio de la Agencia Tributaria, que pensamos que se mete en camisa de once varas, porque quién le manda (...) pronunciarse sobre la consumación del delito", ha subrayado, para añadir que le "patinan las neuronas" al leer en el informe de Hacienda que "no hay dolo".
Fuentes jurídicas consultadas por Europa Press al término de la vista han puesto el foco en que el fiscal no se ha pronunciado durante su intervención a lo alegado por la defensa de Ana Duato.
El juicio se reanuda este jueves en la sede de la calle Génova con la intervención de la Abogacía del Estado, y previsiblemente la semana que viene arrancan los interrogatorios a los encausados que han conformado.
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