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Los ayuntamientos de A Coruña, Santiago y Burela (Lugo) son los tres primeros de Galicia en dar pasos hacia las restricciones en los pisos turísticos. Lo hacen en el marco de la crisis de la vivienda que actualmente hay en España.
Pero, al otro lado están los pequeños propietarios de esos inmuebles, que aseguran ser los principales perjudicados por esas iniciativas de los gobiernos locales. Mientras los datos apuntan a una demanda que sube y a una oferta que baja.
El acceso a un hogar es el principal problema del Estado, según el barómetro del Centro de Investigaciones Sociológicas de enero. Las administraciones públicas progresistas han vinculado la existencia de apartamentos de uso turístico con esta situación, con 23.000 inmuebles en Galicia.
La ministra Isabel Rodríguez, en una reciente visita a la región, ha pedido que "cunda el ejemplo" de los consistorios que apuestan por la vivienda y ha recordado el cambio en la Ley de Propiedad Horizontal que permite a las comunidades de vecinos prohibir esta actividad en sus edificios.
El primer municipio en regular esta cuestión ha sido Santiago de Compostela, con un importante problema de oferta y de precios del alquiler. Tiene en vigor una ordenanza municipal ya desde finales de 2024.
Prohíbe los inmuebles para turistas en el casco histórico y otras zonas sensibles. Además, los que sí están permitidos para ese uso en el resto de la capital gallega, deben situarse solo en bajos residenciales o en primeros pisos.
A Coruña, por ahora, cuenta con la aprobación inicial de la norma, que permitirá este tipo de alojamientos en bajos, primeras plantas y edificios exclusivos. Aparte de abrir la posibilidad a declarar zonas saturadas a todas aquellas en las que haya más de 0,5 viviendas turísticas por 100 habitantes.
En el caso de Santiago, la regulación afecta de forma directa a 600 pisos, mientras que en el de A Coruña están registrados 1.357 en la ciudad, aunque no todos quedarían fuera de ordenación.
El último ayuntamiento en anunciar medidas en este sentido ha sido Burela, el municipio costero de la A Mariña lucense con 9.500 habitantes y popularidad en verano, que todavía da los primeros pasos.
La presidenta de la Asociación de Viviendas Turísticas de Galicia (Aviturga), Dulcinea Aguín Pombo, ha explicado a EFE que están "en contra" de estas medidas desde el principio, pues la comunidad gallega "no deja de ser un destino, de momento, bastante estacional".
Por lo que considera que las normativas son "cortinas de humo". "Nos molesta que nos quieran regular y le preguntaría a Santiago o a A Coruña cuántas viviendas de promoción pública construyeron en los últimos treinta años", ha planteado.
Ha recordado que la legislación urbanística obliga a destinar parte del suelo a promoción pública, lo que durante años no se cumplió. Para ella, después de eso, "ahora resulta que los propietarios de viviendas son los culpables de todo".
Así es como se sienten. Considera que se aborda el asunto con una normativa pensada para los grandes propietarios, frente a los pequeños. Pues en Galicia el 87 % de estos dueños de viviendas turísticas tienen una única, por herencias o inversión.
"Si el problema es el turismo, también lo serían los hoteles, las pensiones o los apartamentos, pero solo señalan a los pisos turísticos. Están regulando para el gran capital porque son los que tienen potestad para comprar edificios enteros y convertirlos en turísticos", ha matizado.
Ha subrayado que en toda esta limitación no se tiene en cuenta el resto de "tejido económico" que se beneficia de su actividad. Como las lavanderías, las empresas de limpieza, las de reformas, las mueblerías o aquellas que venden menaje: "¿Están pensando en un plan para sanearlas después?", se pregunta.
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