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La Policía Nacional ha detenido este martes al lotero Guillermo Rodríguez Rozas, dueño de la administración de lotería El Duende, ubicada en la calle Lamas de Prado, en Lugo, quien la pasada Navidad, había denunciado el robo, a punta de pistola, de un botín de unos 400.000 euros en efectivo.
Rodríguez Rozas aseguró que dos encapuchados habían irrumpido en su negocio a primera hora, lo habían amordazado y le habían obligado a abrir las cajas fuertes, llevándose de su interior la recaudación de los días previos, algo que no acababa de cuadrarle a los investigadores, por las contradicciones que escondía el caso.
Mes y medio después de perpetrarse el atraco, la jueza llamó al lotero lucense a declarar como investigado, pero archivó el caso por falta de pruebas contundentes.
Esas pruebas llegarían a principios de esta semana, con la detención en Madrid de los dos asaltantes, de origen extranjero, que confesaron los hechos y dieron una información clave para el caso: el atraco había sido planeado por el joven lotero, según publica La Voz de Galicia.
La Policía Nacional sospechó desde el principio de la posible implicación del dueño de la administración ya que, entre otras cosas, su relato no era contundente y mostraba una entereza impropia de alguien que acaba de ser amenazado con un arma de fuego.
Además, las cámaras de la administración llevaban meses sin funcionar y el lotero tenía unas supuestas deudas económicas, así que… como se suele decir en estos casos: blanco y en botella.
La confesión de los socios ha sido la prueba definitiva que necesitaban los investigadores para meter entre rejas al presunto estafador, aunque del dinero todavía no hay rastro.
Será la jueza titular de la instrucción, Sandra Piñeiro, la que deba ordenar más diligencias para acabar de resolver caso.
La mista titular del Juzgado encargado de la investigación, había ordenado hace meses el archivo del caso, al no apreciar indicios suficientes contra el lotero, una decisión que, según la prensa local, “cortó de raíz la investigación de la policía y echó por tierra las posibilidades que había de resolver el caso”.
La cabecera gallega añade que la Policía Judicial fue solicitando durante meses diversos permisos para continuar con las pesquisas, “pero ella rechazó la mayoría”. No permitió, por ejemplo, geolocalizar los teléfonos móviles de varios sospechosos (entre ellos el lotero), ni revisar sus cuentas bancarias, medidas que, según la magistrada, eran “demasiado exageradas y podrían violar la presunción de inocencia del lotero”.
La aparición ahora de los falsos atracadores ha hecho que el caso tome un nuevo rumbo, a la espera de la declaración del lotero, que se encuentra en los calabozos de la Policía Nacional.
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