El Concello de Vigo se ha visto obligado a desalojar este miércoles, por la fuerza, las pensiones clandestinas de Fisterra 11-13, en las que vivían más de 40 personas y donde permanecían todavía algunos inquilinos, pese a haber sido ordenado el desalojo inmediato de las viviendas ya a mediados de octubre por el peligro latente de un siniestro grave como el ocurrido en el incendio del edificio de Alfonso X El Sabio, donde murieron una mujer y tres de sus hijos.

Miembros de la Policía Local de Vigo, y de los departamentos municipales de Urbanismo, Sanidad, Servicios Sociales y Servicios Jurídicos se presentaron en la mañana de este miércoles a las puertas de dichas pensiones para proceder a su desalojo, y la sorpresa fue que en una de las habitaciones yacía el cadáver de una persona.

Algunos vecinos se enteraban del suceso por la presencia de los medios, y dicen que el fallecido, de nombre Rogelio, "vivía sólo en un bajo, y ya hacía un tiempo que no lo veíamos". Rogelio se medicaba para la diabetes y "bebía mucho" pero pese a que "le recomendamos que fuese al hospital nunca nos hizo caso".

Antón Bouza, de la plataforma Os Ninguéns, cuenta que en Vigo hay una serie de pensiones como éstas de la calle Fisterra que define como “infrapensiones, que no están en condiciones de habitabilidad”, donde residen personas en situación de pobreza extrema y muchas de ellas están gravemente enfermas.

Aunque por el momento se desconocen las causas de la muerte de este inquilino, Bouza afirma que, por desgracia, “no es un caso aislado” y que “este verano ya fallecieron al menos otras 12 personas que vivían en la ciudad en condiciones infrahumanas”, algo que “debería estar en manos de la Xunta y del Concello de Vigo”, asegura.

Los inquilinos de estas pensiones clandestinas pagaban entre 100 y 350 euros mensuales por habitaciones en condiciones de insalubridad absoluta a una red de empresarios locales.

Estos empresarios, ahora enfrentados, gestionan hasta 40 sociedades diferentes, la mayor parte de ellas vinculadas a los negocios de arrendamientos y alquileres de inmuebles, algunos de ellos en una situación ruinosa e inmunda como la detectada en Fisterra 11-13.

Allí, según cuentan los inquilinos, las habitaciones son minúsculas, corre agua por las conducciones de los cables (buena parte de ellos a la vista), no hay tomas de tierra, hay grietas en las paredes, se producen a menudo desprendimientos de revestimientos y en algunas estancias no hay ventilación ni luz natural.

Leyla, una de las inquilinas de origen marroquí que vivía en el edificio, nos cuenta que convivía con ratas y cucarachas que incluso se subían a las mesas. Añade que a pesar de pagar 250 euros por su habitación, no tenía ni lavadora ni cocina y que la basura llegaba hasta su puerta.

El Concello ha anunciado que, una vez se produzca el desalojo de todos los inquilinos, “se tapiarán los edificios para imposibilitar el acceso de cualquier persona”, aunque desconocemos si proporcionarán viviendas en condiciones de habitabilidad a estas personas en riesgo de pobreza extrema.

Sobre estas viviendas pesaba una “orden” administrativa, datada del 19 de octubre, que pedía proceder al desalojo inmediato debido al peligro latente de un siniestro grave como el ocurrido en el incendio del edificio de Alfonso X El Sabio, donde murieron cuatro personas.

La orden del Concello del día 19 realmente derivó en fracaso pues ni se produjo el desalojo total de las viviendas de Fisterra 11-13, ni se desactivó el suministro de electricidad, ni se procedió a la rehabilitación o reforma de todas aquellas instalaciones que ponían en peligro la vida de los habitantes de las dos viviendas.

Ante esta “desobediencia”, la entidad pública solicitó autorización judicial para poder entrar en los edificios y proceder a un desalojo forzoso, que ha tenido lugar en la mañana de este miércoles.

Todos los inquilinos tenían de plazo hasta media hora antes del inicio del operativo para guardar sus enseres en bolsas que han sido enviadas por el Concello a un almacén donde quedarán depositadas.