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La de este lunes ha sido una jornada complicada tanto para los bomberos comarcales gallegos, que se están manifestando por distintos puntos de la geografía gallega, como para la policía que acudió a la movilización de Ourense para garantizar la seguridad de la ciudadanía.
A la ciudad de las Burgas acudieron a manifestarse unos doscientos operarios procedentes de las cuatro provincias gallegas, quienes protagonizaron una movilización que por momentos llegó a ser muy tensa, obligando a la policía a intervenir.
Los bomberos mostraron su malestar frente a la sede de la Diputación de Ourense lanzando petardos, bengalas de humo e incluso pintura que impactó en las paredes del edificio histórico de la Diputación; pero lo que encendió los ánimos de los allí presentes fue el uso de un artilugio similar a un lanzallamas que pudo haber ocasionado graves daños y el hecho de intentar acceder por la fuerza al interior del edificio.
Esta batalla campal entre policías y manifestantes se saldó con un bombero herido, con rotura de nariz y pómulo, y una serie de daños materiales en la sede provincial.
El presidente de la Diputación, Luis Menor, que accedió a reunirse con los portavoces de los bomberos, explicó tras la reunión que “lo que plantean es muy extremo” y admitió que aunque hay un “diálogo permanente”, “no les escondo que la negociación está bastante distanciada”.
Menor, que se comprometió con sus interlocutores a trasladar sus reivindicaciones a sus homólogos de otras diputaciones, criticó la violencia de la protesta y los daños causados al edificio de la Diputación “que tendremos que arreglar nosotros” argumentó.
Por su parte, el sindicato SUP de la Policía Nacional denunció la «radical movilización» de los bomberos, a los que acusaron de usar lanzallamas, y anunciaron que “se personarán en la denuncia como acusación particular” para reclamar por las lesiones ocasionadas a dos agentes.
Este colectivo asegura que fue una actuación “violenta y premeditada” por parte de los bomberos comarcales y han manifestado “su más rotunda condena” a estos actos.
Dicen además que fue “una actuación para la que venían perfectamente pertrechados, y que llevaron a cabo de manera coordinada y premeditada”.
Añaden que “esperan y desean” que las próximas movilizaciones anunciadas “no transcurran por los mismos cauces que los acontecidos en la pasada jornada” y concluyen apostillando que “los bomberos comarcales deberían estar para apagar fuegos y no para alimentarlos”, zanjaron.
Por su parte, el comité de huelga de los bomberos comarcales denuncia que los antidisturbios de la Policía Nacional realizaron una carga antirreglamentaria en la protesta del pasado lunes ante la Diputación de Ourense, “que dejó a varios manifestantes heridos, incluido uno con una fractura múltiple de nariz y pómulo", indican.
Denuncian que los agentes de la UIP (Unidades de Intervención Policial) comenzaron una carga, “desconocemos si autorizada”, indican, “en la que comenzaron a dar golpes con contundencia a la altura de las cabezas de los manifestantes”.
Advierte que esta carga "hirió a varios bomberos que en actitud de defensa levantaban las manos para protegerse, sumando un importante recuento de lesiones de diferente gravedad en sus extremidades superiores".
No obstante, el comité de huelga reconoce "el desafortunado empleo de un insecticida, que después de inflamarse durante su proyectado, pudo interpretarse como una herramienta de amenaza por parte de los bomberos", pero "cabe subrayar que el fuego no llega a los agentes policiales, sino que pasa por la cabeza de muchos compañeros antes de diluirse".
Asimismo, el comité de huelga condena "cualquier tipo de agresión" y llama a los bomberos a "mantener la calma" en las próximas protestas.
La de Ourense ha sido la segunda de cuatro concentraciones. Las siguientes tendrán lugar el día 27 de octubre en A Coruña y el 31 en Lugo.
Además, si sus peticiones no son escuchadas antes, el próximo 17 de noviembre tienen convocada una manifestación en Santiago de Compostela y la celebración de otra asamblea el día 20 del mismo mes.
También aseguran que si no son escuchados por las administraciones, no dudarán en llevar a cabo acampadas en lugares públicos o incluso ponerse en huelga de hambre.