Varapalo judicial al directivo de Correos en Álava al que pillaron prestando 5.000 euros de la caja a su esposa
Argumenta que fue algo puntual y que pensaba reponerlo al día siguiente, cuando abriera el banco
Recurrió a la justicia ordinaria y el TSJPV ha dado la razón a la empresa
Correos sancionó a este director, ya jubilado, con siete meses de suspensión de empleo y sueldo
Era el máximo responsable de una oficina de Correos en Álava cuando decidió coger dinero de la caja para prestárselo a su esposa, sin pedir permiso a nadie ni dejar constancia por escrito del descubierto.
Su intención, según ha mantenido desde entonces, era ayudar a su mujer y reponerlo al día siguiente, pero le pillaron antes de devolverlo. La empresa le sancionó, por una falta disciplinaria grave, sin empleo y sin sueldo durante siete meses. Un castigo excesivo, en su opinión, y que recurrió a la justicia ordinaria.
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Ahora el Tribunal Superior de Justicia del País Vasco (TSJPV) avala la decisión que adoptó la empresa ante la infracción administrativa cometida por este funcionario. En la sentencia, a la que ha tenido acceso El Correo, concluye que “tomar dinero de la caja de la oficina de la que era director para fines privados (ayudar a su esposa) es una conducta que, como es obvio, atenta contra la dignidad de los funcionarios y de la administración”. Un fallo que es ya firme, al no haber sido recurrido ante el Supremo.
Hasta que abriera el banco
El director, ya jubilado, siempre ha mantenido que cogió el dinero para ayudar a su mujer con el pago de unos premios de su administración de lotería, al estar cerrado el banco. Ella necesitaba, urgentemente, 5.000 euros y él se los prestó con intención de reponerlo en cuanto abriera el banco, al día siguiente. De ahí, que hubiera un talón en la caja, a nombre del directivo y firmado por su mujer. Claro que dicho talón era de un importe inferior a la cantidad sustraída.
A pesar de que tras el hallazgo de la auditoria interna, el funcionario devolvió la cantidad sustraída ese mismo día, lo cierto, es que la justicia estima que cometió una infracción administrativa y que “es indiferente si hubo o no perjuicio económico”, por lo que ratifica que la sanción de siete meses sin empleo ni sueldo se ajusta a la falta cometida.
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