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El jurado popular, compuesto por seis hombre y cinco mujeres (de ellos, nueve titulares y dos suplentes), comienza este martes 22 de octubre a deliberar para decidir si considera culpables a los dos acusados del asesinato de la joven donostiarra Aintzane Pujana, en Aizarnazabal en 2021. “A todas luces, una muerte cruel”, tal y como la ha definido el fiscal, durante la exposición de conclusiones de las partes, al término de un juicio que arrancó a finales del pasado septiembre en la Audiencia de Guipúzcoa.
La pareja acusada del crimen, de 24 y 23 años cuando ocurrieron los hechos, se enfrentaba a delitos de asesinato, detención ilegal e inducción a la prostitución. Ambos encaraban la primera petición de prisión permanente revisable de Guipúzcoa.
Sin embargo, tras la exposición de conclusiones de las partes, el fiscal mantiene la petición de prisión permanente revisable para el acusado, mientras que a la imputada le retira los delitos de prostitución y detención ilegal, y, por tanto, la petición de prisión permanente.
El crimen de Aintzane Pujana ocurrió en enero de 2021. El cadáver de la joven fue encontrado con heridas de arma blanca y golpes en una ladera de un camino del municipio guipuzcoano de Aizarnazabal, el 4 de enero de 2021.
La imputada reconoció durante el juicio haber acuchillado y golpeado a la víctima por “miedo” al que entonces era su novio, y que se sienta junto a ella en el banquillo.
A la autora confesa del crimen se le ha aplicado una eximente incompleta de padecer un trastorno mental. La Fiscalía ha solicitado que se le interne en un centro psiquiátrico, durante un máximo de 20 años, y diez años de prisión. Una pena de la que se descontaría el tiempo que permanezca internada en el centro psiquiátrico.
Al otro acusado que se autodefinió como"el chico de los recados" de las dos “amigas" y un "pringado", que accedía a lo que su entonces pareja le decía para evitar que rompiera cosas o llamara a la Policía con denuncias falsas, la Fiscalía le imputa un delito de asesinato agravado, uno de detención ilegal y un tercero de inducción a la prostitución. Por todo ello, solicita la prisión permanente revisable y ocho años y medio de prisión.
La defensa del hombre ha pedido su libre absolución alegando que no tuvo participación alguna en el crimen, mientras que la abogada de la acusada ha solicitado que se le aplique una eximente completa por el trastorno límite de la personalidad que padece.
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