Vox llevará este martes a debate en el Pleno del Congreso una reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal (LECrim) para que la Policía pueda desalojar 'okupas' de las viviendas ajenas en las que se encuentren sin la correspondiente orden judicial.

Se trata de una propuesta que los de Santiago Abascal vienen defendiendo desde hace tiempo. Es más, su propio líder llegó a decir, ya en 2019, que las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado deberían poder echar a okupas "con una patada en el culo", esto es, "inmediatamente", con el fin de garantizar la propiedad privada.

En aras de ese fin, este martes Vox pedirá apoyo al Congreso para que tome en consideración una proposición de ley que reforma la Ley de Enjuiciamiento Criminal con el único objetivo de que los efectivos policiales puedan desalojar a los 'okupas' de las viviendas sin que medie procedimiento judicial.

En su iniciativa, Vox sostiene que la actual regulación penal del delito de ocupación de inmuebles "no da respuesta suficiente a la inquietud creciente de la mayoría de los españoles ante la aparente impunidad con la que actúan algunos individuos y grupos organizados, quienes toman ilegítimamente para sí viviendas u otros inmuebles ajenos ante la incapacidad de nuestras Fuerzas y Cuerpos de Seguridad de actuar por causa de la falta de cobertura legal".

A ello el partido de Abascal suma la ausencia de una respuesta rápida desde la jurisdicción penal, lo que provoca que "la apariencia de impunidad se convierta en una sensación social generalizada".

En su proposición de ley, recogida por Europa Press, Vox considera "razonable" que, al igual que establece la LECrim para delitos flagrantes, los agentes policiales puedan actuar "de propia autoridad" en los delitos de usurpación de bienes inmuebles, desalojando a sus ocupantes e incluso deteniéndoles de manera cautelas cuando aprecien indicios de ilicitud en su conducta. La actuación podría ser objeto después de control judicial.

Con esta reforma legislativa, Vox asegura que se dotaría al Poder Judicial y a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad de "mejores medios legales" para así "aumentar la protección legal de los legítimos titulares de derechos inmobiliarios, víctimas de estas conductas antijurídicas".