{{#section.link.href}}
{{section.link.title}}
{{/section.link.href}}
Las residencias de mayores siguen manteniendo más o menos a raya a la nueva variante, aunque es cierto, que ómicron está provocando algunas bajas laborales entre los trabajadores. Por eso algunos centros se están viendo obligados a contratar a voluntarios o a estudiantes en prácticas. Los Reyes Magos han traído a los centros de mayores poca enfermedad pero mucho contagio. En residencias gallegas, por ejemplo, hay 4 veces más casos que hace una semana. Una oleada de positivos que está obligando a los geriátricos a recomponer sus plantillas, a organizarse con menos personal porque muchos trabajadores también están contagiándose. Pero las residencias están resistiendo bien el azote de ómicron y la mortalidad se ha reducido drásticamente gracias a la tercera dosis.
Las casi 500 residencias de mayores de la región madrileña han registrado estas navidades un total de 110 brotes de coronavirus activos (tres o más casos positivos) que afectan a 1.325 residentes (729) y trabajadores (526), según ha facilitado Europa Press la Consejería de Familia, Juventud y Política Social con datos recopilados por Salud Pública entre el 22 de diciembre y el 4 de enero.
De los casos de Covid en los geriátricos, solo 26 han sido ingresados en centros hospitalarios. La inmensa mayoría de los positivos, que ya han recibido la tercera dosis de vacunación, son asintomáticos o están cursando el contagio con síntomas leves. En estas dos semanas se han producido dos fallecimientos por esta enfermedad en ámbito hospitalario.
Así, 32 residencias de la región están con medidas suspendidas (no se permiten visitas, salidas o ingresos). No todas las residencias con brotes tienen medidas suspendidas, ya que esta decisión depende del número de casos y de que la tipología de las instalaciones permita sectorizar y aislar a los positivos sin interrumpir la actividad del centro, explican.
La Consejería ha actualizado el protocolo de visitas a estos centros para extremar las medidas de seguridad ante el repunte de casos que se está registrando en toda España y compatibilizar la seguridad y protección de residentes y trabajadores con el derecho de los familiares a visitarlos. Así, se mantienen las visitas como hasta ahora (dos personas sin límite de número de visitas y duración), pero se insiste en el uso de las medidas de distanciamiento, higiene y, sobre todo, de mascarillas. Y, en caso de que los familiares que visiten no estén vacunados, se recomienda que se realicen un test antes de ir al centro.
También se recomienda que se limite el acceso a personas ajenas a las residencias en las actividades internas que realicen con motivo de las fiestas. Respecto a los mayores que salgan estos días a pasar las celebraciones con sus familias, deberán aportar una prueba negativa realizada en las 72 horas previas a su vuelta a la residencia.
Además, la Comunidad de Madrid ha repartido más de 250.000 test de antígenos en residencias de mayores y resto de centros sociosanitarios de la región para garantizar los cribados al personal de estos recursos. El protocolo recomienda la realización de un test semanal a los trabajadores no vacunados y dos o tres pruebas cada siete días a los que no tengan pauta de vacunación.
Este control también se extiende al personal vacunado que haya estado en contacto estrecho con un caso positivo, que no hará cuarentena pero tendrá un seguimiento durante los diez días posteriores a ese contacto con al menos dos pruebas.
Residencias de mayores, centros de día y servicios de atención domiciliaria de la Comunidad de Madrid podrán excepcionalmente contratar empleados sin la titulación requerida para hacer frente a la gran cantidad de bajas y cuarentenas provocadas por la sexta ola del Covid. Según han indicado a Europa Press fuentes de la Consejería de Familia, Juventud y Política Social, la llegada de ómicron no ha ocasionado consecuencias graves ni entre los residencias ni entre el personal, "pero obliga a prescindir de los trabajadores afectados por Covid para intentar frenar los contagios, algo especialmente importante cuando se trata de centros con personas mayores que pueden ser más vulnerables".
El Gobierno regional ha modificado la Orden 1244/2021, de 1 de octubre, de la Consejería de Sanidad, por la que se establecen medidas preventivas para hacer frente a la crisis sanitaria ocasionada por el coronavirus. Entró en vigor el día 28 de diciembre, tras publicarse en el Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid (BOCM).
La Comunidad reconoce que en las últimas fechas los indicadores epidemiológicos reflejan un repunte de los casos positivos y de la tasa de incidencia acumulada por esa enfermedad, "circunstancias que determinan la necesidad de reforzar las medidas adoptadas especialmente las que afectan a uno de los colectivos más vulnerables como son los usuarios de centros sociosanitarios". Y por ello apuesta por flexibilizar la contratación de determinado personal en aquellos centros o servicios de carácter social que tengan dificultad para encontrar trabajadores disponibles, "todo ello al objeto de ampliar el número de personas susceptibles de ser contratadas para garantizar el correcto funcionamiento de dichos centros".
Así, se introduce un punto 7 en el apartado sexagésimo cuarto de dicha Orden, que queda redactado de la siguiente forma: "Como consecuencia de la crisis sanitaria, y durante la vigencia de la presente Orden, los centros, servicios o establecimientos de servicios sociales podrán, de manera excepcional, proceder a la contratación de personal en las distintas categorías profesionales del Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia relacionadas con el cuidado de las personas en centros residenciales, de día o servicios de atención domiciliaria, cuando se acredite la no existencia de demandantes de empleo con las titulaciones especificas necesarias en la zona donde esté ubicado, bien el centro o la institución social".
Así, si no existiera disponibilidad de demandantes de empleo con las titulaciones que habilitan el acceso a dichas categorías podrán desempeñar estas funciones personas que, "careciendo de titulación, preferentemente tengan experiencia en cuidado y atención de personas dependientes, debiendo las entidades prestadoras de servicios garantizar la supervisión y formación práctica en el puesto de trabajo para mejorar sus competencias profesionales".