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La madrugada del 7 de julio, un grupo de cinco hombres acosaron y violaron a una joven de 18 años en el interior de un portal en el centro de Pamplona durante la celebración de las fiestas de San Fermín. La agresión, juzgada y condenada, cambió la percepción social de este tipo de delitos y destapó una ola de protestas que cinco años más tarde culminan con la aprobación por parte del Gobierno de coalición de la Ley de Libertad Sexual, más conocida como la Ley del 'sí es sí'.
El caso pasó por la Audiencia Provincial y Tribunal Superior de Navarra hasta terminal en el Tribunal Supremo que sentenció el caso como una violación, lo que ratificó las protestas del movimiento feminista que durante todos este tiempo se manifestó bajo los lemas 'no es abuso, es violación', 'hermana yo sí te creo' o 'solo sí es sí'.
Gran parte de los argumentos recogidos en la sentencia han inspirado el anteproyecto aprobado por el Gobierno y que ahora comienza su tramitación parlamentaria. Así, el fallo de los magistrados del Tribunal Supremo dejó claro que los cinco miembros de 'La Manada' actuaron con "pleno conocimiento" de lo que estaban haciendo, "buscaron expresamente la situación, sin que la víctima tuviera conocimiento alguno" de lo que iba a suceder y que el silencio de la joven "sólo se puede interpretar como una negativa", convirtiendo en agresión todo acto contra la libertad sexual no consentido.
Para los magistrados que firmaron la sentencia la actitud de los cinco violadores "paralizó la voluntad de resistencia de la víctima, sin que en momento alguno existiera consentimiento por parte de la misma y sin que sea admisible forzar el derecho hasta extremos de exigir de las víctimas actitudes heroicas que inexorablemente las conducirán a sufrir males mayores".
Desde el momento en el que se produjeron los hechos hace cinco años, el movimiento feminista exigió que con la nueva legislación, el consentimiento fuese la pieza clave para juzgar los delitos sexuales. También reclamó que se considerase violación toda penetración sin consentimiento, sin exigir que concurran violencia o intimidación.
La primera sentencia de la Audiencia Provincial de Navarra y el movimiento social que provocó el escaso reproche penal a La Manada, motivó al Ministerio de Justicia a impulsar la creación de una comisión de expertos para estudiar una posible modificación de la tipificación de los delitos sexuales.
Este proyecto quedó aparcado al convocarse elecciones en abril de 2019. Con el nuevo Ejecutivo, el Ministerio de Igualdad tomó el testigo y fijó como una de sus prioridades retomar la reforma con el objetivo de regular el consentimiento expreso en las relaciones sexuales.
Tras un camino de vicisitudes que ha durado 16 meses, con desacuerdo entre Justicia e Igualdad, el proyecto de ley que llega este martes, 6 de julio, al Consejo de Ministros acaba con la distinción de abuso y violación, y agrava las agresiones grupales, la violencia grave o la especial vulnerabilidad de la víctima.
Además, considera violencia sexual la agresión, el acoso, el exhibicionismo, el acecho o acoso callejero, la provocación sexual, la prostitución ajena, la explotación sexual, la corrupción de menores, la mutilación genial femenina, el matrimonio forzado, el feminicidio sexual y, en el ámbito digital, la violencia sexual transmitida por medios tecnológicos, la extorsión sexual y la pornografía no consentida.
Otro de los cambios contemplados en la Ley de Libertad Sexual y consecuencia de los ocurrido en Pamplona y de la contradictoria sentencia de la Audiencia Provincial de Navarra ha sido la propuesta del Ejecutivo para acabar con la figura del abuso sexual que deberá ser modificada en el Código Penal.
Aunque menos mediáticas, en estos últimos cinco años se han registrado más de una veintena de agresiones o abusos sexuales en grupo.
Una de las más graves fue la que sufrió en 2016 una joven de 14 años en una nave industrial de Manresa. La Audiencia de Barcelona impuso penas de entre 10 a 12 años de cárcel a los cinco procesados por un delito de abuso sexual, al entender que no estaba probada la "intimidación ambiental" que permitiría elevarlo a agresión sexual.
En diciembre 2017, tres jóvenes futbolistas del Arandina Club de Fútbol, en Aranda de Duero (Burgos), fueron detenidos y acusados de un delito de agresión sexual a una joven de 15 años. La Audiencia Provincial de Burgos condenó a 38 años de cárcel a cada uno de los tres acusados por agresión sexual a una menor y como cooperadores de agresión sexual en los delitos de los otros dos acusados.
Sin embargo, en marzo de 2020 el Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León (TSJCyL) absolvió a uno de los exjugadores y rebajó la pena a los otros dos encausados, dejándola en cuatro años en un caso y tres años de prisión en el otro.
En febrero de 2019, siete hombres de origen magrebí, de entre 21 y 53 años, fueron detenidos por su supuesta implicación en la violación múltiple de una joven de 18 años en una nave abandonada de Sabadell (Barcelona). En abril de 2021, la Audiencia de Barcelona condenó a penas de hasta 31 años de cárcel a tres de los cuatro acusados y absolvió a otro.