La sala civil y penal del Tribunal Superior de Justicia de Catalunya (TSJC) ha notificado este lunes el auto en el que señala para los próximos días 25 y 26 de septiembre el juicio en la sede del tribunal contra el president Quim Torra, por un presunto delito de desobediencia en el caso de los lazos amarillos. En el escrito se solicita un año y ocho meses de inhabilitación y una multa de 30.000 euros por los hechos sucedidos durante las elecciones municipales del 26 de mayo.

El origen de la causa es la querella de la fiscalia contra el 'president' por el incumplimiento a las resoluciones de la Junta Electoral Central por el uso de símbolos partidistas en instituciones públicas durante la pasada campaña de las elecciones generales.

La Fiscalía acusa al president por "incumplimiento" de las resoluciones de la Junta Electoral Central (JEC) y por el uso de "símbolos partidistas" en instituciones públicas durante el periodo electoral.

La desobediencia no implica pena de prisión pero sí que puede suponer la inhabilitación para ejercer cargos públicos. La Fiscalía pide un año y ocho meses de inhabilitación para Torra para el ejercicio de funciones de gobierno o de cargo público de ámbito local, autonómico, estatal o europeo por un delito de desobediencia por desoír la orden de la JEC de retirar los lazos amarillos de los edificios públicos en campaña electoral. El Parlament había fijado justamente estos dos días (25 y 26 de septiembre) para celebrar el debate de política general.

En un auto, también notificado hoy, la sala civil y penal del TSJC rechaza la petición de Torra de que se cite como testigos en el juicio a los vocales de la JEC en la fecha de los hechos, ya que entiende que no se justifica "ninguna relación personal" de estos testigos con las conductas que se atribuyen al presidente catalán. "Por tanto, nada podrían aportar al juicio que contribuya al esclarecimiento de los hechos objeto de acusación", razona el alto tribunal catalán, que con el mismo argumento descarta también que se puedan aportar como documental las actas de las reuniones de la Junta Electoral.

El alto tribunal catalán acordó en julio pasado enviar a juicio a Torra por un delito de desobediencia, o alternativamente por denegación de auxilio, por no retirar a tiempo los lazos amarillos de edificios públicos de la Generalitat en campaña electoral, pese a que se lo ordenó la Junta Electoral Central en reiteradas ocasiones.

En su declaración como investigado ante el TSJC, el pasado 15 de mayo, Torra admitió que desobedeció la orden "ilegal" de un órgano "incompetente" como la JEC, ya que como presidente catalán se debía a un "mandato superior" de la ciudadanía. La Fiscalía, que ha propiciado que Torra se siente en el banquillo tras querellarse en su contra, acusa al presidente catalán de "evidenciar su desprecio" a acatar la orden que la JEC dictó inicialmente el 11 de marzo de 2019 para que quitara los lazos amarillos, pancartas de apoyo a los políticos independentistas presos y 'esteladas' de los edificios públicos durante la campaña de las generales del 28A, elementos que finalmente acabó retirando fuera de plazo.

Según la Fiscalía, Torra "desatendió abiertamente" la orden de la Junta y, "evidenciando su desprecio" a la misma, sustituyó la pancarta con un lazo amarillo del balcón de la Generalitat "por otra idéntica con el lazo en color blanco". Vista la "contumacia" de Torra, según la Fiscalía, la JEC adoptó el 21 de marzo un nuevo acuerdo en que ordenaba al departamento de Interior que los Mossos d'Esquadra retiraran los símbolos independentistas de los edificios públicos, requerimiento al que la policía catalana dio "estricto cumplimiento" sin incidencias.

Finalmente, el Govern cubrió la pancarta sobre los presos el 21 de marzo al mediodía con otra con el lema "Libertad de expresión" y sustituyó el lazo amarillo por uno idéntico pero de color blanco. Por todo ello, la Fiscalía pide que se multe a Torra con 30.000 euros y que se acuerde su inhabilitación para el ejercicio de funciones de gobierno o de cargo público, lo que conllevaría, según el ministerio público, la "privación definitiva" del cargo público que ocupara el actual presidente de la Generalitat así como de los "honores que le sean anejos". Vox, que ejerce la acusación popular, pide para Torra dos años de inhabilitación para empleo o cargo público y una multa de 72.000 euros.