Por primera vez la policía nacional se atreve a poner una cifra a la fortuna amasada presuntamente por la familia Pujol a través de prácticas corruptas. Se habla de nada más y nada menos que de 290 millones de euros.

El informe de la UDEF ya está encima de la mesa del juez de la Audiencia Nacional, José de la Mata. La causa en la que están imputados los 9 miembros de la familia encara ya su recta final.

Cuatro décadas de corrupción y con pocos, muy pocos cabos sueltos ya en la historia de un clan familiar cuyo patrimonio se multiplicó año tras año.

Así ocurrió desde que Jordi Pujol llegara a la presidencia de la Generalitat. Según ellos, la fortuna siempre estuvo ahí: se trata de una herencia oculta del abuelo Florenci. Una coartada que no se sostiene por ninguna parte según los investigadores, para los que esta trama tiene un protagonista esencial: Jordi Pujol Ferrusola. El gestor, el recaudador e incluso, tesorero de facto de la antigua Convergència.

Gestionaba él mismo las comisiones ilegales, lo demuestran sus agendas manuscritas. Citas con altos cargos de la Generalitat y al mismo tiempo, con empresarios de la construcción. Y parte de ese botín lo derivaba al patrimonio de la familia.

El informe da un punto de partida: la apertura de una cuenta en Andorra en noviembre del 90. Desde ese momento, los siete hijos del matrimonio comenzaron a abrir cuentas en el país vecino. Siempre con el argumento de que era para recibir el supuesto legado de su abuelo.