El clan de los Pujol, al frente del cual se situaba el expresidente catalán y su primogénito, impuso su modus vivendi de corruptelas y negocios ilegales mediante la coacción a terceros, que vivieron atemorizados durante años. Estas personas no quisieron denunciar porque “estarían muertos civilmente” si lo hacían y “les sería imposible continuar con su modo de vida”.

Este es el resumen que realiza la UDEF del sistema de sobornos que estableció la familia en Cataluña desde 1980, cuando Jordi Pujol accedió a la Presidencia de la Generalitat. Asimismo, la investigación ha acreditado que su primogénito, Jordi Pujol Ferrusola, era esencial “en el desarrollo de un sistema espurio, la financiación de partidos políticos con capitales adulteradas”.

Según asegura la UDEF, “sus propias cuentas en Andorra, alimentadas con comisiones ilícitas, sirvieron para financiar campañas electorales de Convergencia Democrática de Cataluña (CDC), que además en gran parte finalmente se pagaron con dinero procedente de empresas adjudicatarias de concursos públicos”.

Es más, ponen de manifiesto que Pujol Ferrusola “ha jugado un papel relevante en la transformación de CDC como un sitio cerrado, opaco, y en la creación de un organigrama con entidades satélites que ha favorecido la corrupción, como las fundaciones conexas” al partido.

Entramado de redes

"Esta conexión de alto nivel permitió a la familia Pujol Ferrusola la formulación de políticas, obtener información estratégica y garantizarse una protección sólida, siendo además la lucha contra este tipo de conexiones muy difícil desde dentro de la propia administración autonómica", explica el informe. En este sistema, “las redes se solidifican porque hay un entorno que tiende a aceptar y excusar la corrupción, aun cuando la propia corrupción genera un entorno que tiende a justificarla o disculparla”.

"Se han recabado muchos testimonios de personas que han manifestado su temor, que no han querido denunciar conductas porque desde entonces estarían 'muertos civilmente' y les sería imposible continuar con su modo de vida en Cataluña", subraya el inspector que firma el informe.

30 años de actividades de corrupción y coacción, pues "han sido innumerables los procedimientos judiciales en los que han estado inmersos no sólo los miembros del núcleo familiar, sino inclusive los colaboradores más cercanos, como era el caso de los más cercanos partícipes en la actividad política de Jordi Pujol".

Según el informe policial, la familia Pujol llegó a amasar al menos 290 millones de euros en cuentas en paraísos fiscales. El inspector atribuye al primogénito, como viene siendo habitual en la investigación, el papel principal en la gestión de la fortuna de la familia, denominándole incluso “paladín familiar en la organización delictiva” cuyas actividades encuadrarían “dentro del concepto de crimen organizado”.