El Tribunal Supremo ha confirmado la sentencia de Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) del 19 de diciembre de 2019 que condenó a año y medio de inhabilitación a Torra por desobedecer la orden de la Junta Electoral Central de retirar los lazos amarillos de los edificios públicos. Y lo ha hecho por unanimidad.

La ejecución de la sentencia firme ya ha sido realizado por el Tribunal Superior de Justicia de Catalunya. La sala civil y penal del Tribunal Superior de Justícia de Cataluña (TSJC) ha dictado un el auto que abre la ejecución de la sentencia de Quim Torra, una vez conocido el pronunciamiento del Tribunal Supremo, que convierte en firme la resolución de este tribunal catalán y que hace efectiva, desde hoy, su inhabilitación.

La sentencia señala que Torra desobedeció de forma contumaz y obstinada a la Junta Electoral Central encargada de velar por la neutralidad de los poderes públicos en las elecciones. La sentencia destaca que el señor Torra es libre de hacer las manifestaciones y actos que reflejen su identidad política, pero no de desobedecer al órgano constitucional encargado de la limpieza de los procesos electorales.

Los cinco magistrados de la Sala Segunda que formaron el tribunal solo han necesitado algo más de una semana para descartar los argumentos de la defensa del presidente catalán, ejercida por Gonzalo Boye, consistentes en justificar su condena en una supuesta discriminación hacia una "minoría nacional" y enmarcar su actuación en un supuesto ejercicio de libertad de expresión. El propio Torra admitió que desobedeció ante el Tribunal Superior de Justicia de Catalunhya. Por eso la sentencia estaba clara desde el primer momento.

En su sentencia, de la que ha sido ponente el magistrado Juan Ramón Berdugo, el Supremo destaca que el ámbito del recurso no es la exhibición de determinados símbolos o pancartas de una determinada opción política sino la utilización en periodos electorales desobedeciendo a la Junta Electoral. Ratifica así la sentencia la inhabilitación especial tanto para el ejercicio de cargos públicos electivos, ya sean de ámbito local, autonómico, estatal o europeo, como para el desempeño de funciones de gobierno, en los ámbitos local, autonómico y del Estado.

La sentencia significa que la inhabilitación que se le impuso ya es firme y que, por tanto, perderá la Presidencia en cuanto sea ejecutada por el TSJ. Tal y como establece la Ley de Presidencia, una vez sea efectiva la inhabilitación, se inicia un plazo de 10 días para que el presidente del Parlament, Roger Torrent, inicie una ronda de contactos con los grupos para proponer un nuevo candidato para sustituir a Torra.

En caso de que no haya candidato posible, el Parlament deberá convocar un pleno para comunicarlo, lo que equivaldría a una investidura fallida y pondría en marcha el plazo de dos meses para la convocatoria automática de elecciones. Los independentistas ya están en conversaciones. El vicepresidente, Pere Aragonés asumirá la presidencia pero no podrá plantear una cuestión de confianza, designar o destituir consellers y convocar elecciones.

"El Gobierno en funciones debe facilitar el desarrollo normal del proceso de formación del nuevo Gobierno y del traspaso de poderes”, establece la ley. Prosigue diciendo que la Generalitat “debe limitar su actuación al despacho ordinario de los asuntos públicos, incluido el ejercicio de la potestad reglamentaria”.

La Generalitat podrá dictar decretos ley si se justifica por una "extraordinaria urgencia y necesidad", para garantizar el funcionamiento normal de los servicios públicos. En cambio, no podrá aprobar un proyecto de presupuestos, presentar proyectos de ley al Parlamento, ni dictar decretos legislativos.

Si el candidato logra la confianza de la Cámara por mayoría absoluta tras presentar su programa de gobierno, sería nombrado presidente de la Generalitat y podría conformar un nuevo Govern para lo que queda de legislatura -hasta diciembre de 2021-. Si Torrent, por contra, certifica que no hay candidato a una investidura o que el candidato no ha logrado la confianza de la Cámara en un debate para ser investido, empezará a correr el plazo legal de 54 días para la disolución automática de la legislatura y la convocatoria de elecciones. Estas se celebrarán entre cuarenta y sesenta días después de la convocatoria.

ERC habla de una causa general contra el independentismo y un ataque a la libertad de expresión, aunque el Supremo deja claro que la condena es por desobedecer las reiteradas advertencias de la Junta Electoral. Marta Vilalta (ERC), tras confirmarse la inhabilitación de Torra: "Las elecciones vendrán determinadas por la ley de Presidencia". El Gobierno ha señalado que nadie está por encima de la ley y muestra su respeto a esta sentencia.

Junts Per Catalunya ha dejado claro que hará primarias para elegir candidato y ha acusado al Gobierno de no para hasta inhabilitar a todos. La vicepresidenta de JxCat y diputada en el Parlament, Elsa Artadi, ha llamado este lunes al independentismo a ratificar el resultado del referéndum del 1-O en las elecciones que se convoquen tras la inhabilitación del presidente de la Generalitat, Quim Torra, y a superar el 50% de los votos para que el resultado tenga "consecuencias políticas". En rueda de prensa, ha calificado de "escándalo democrático" que el Tribunal Supremo (TS) haya inhabilitado al presidente de la Generalitat, Quim Torra, pese a recalcar que aún no se lo han notificado. "Esta decisión se enmarca en este derrocamiento de los presidentes legítimos elegidos por el Parlament así como en la vulneración de los derechos de los catalanes de elegir al presidente de la Generalitat", ha lamentado en rueda de prensa.

Los CDR ya han convocado manifestaciones para protestar en contra de la represión del régimen del 78 para hoy a las 19:30.

Pugdemont, de destitución en destitución hasta la república final

El expresidente de la Generalitat Carles Puigdemont ha criticado este lunes la inhabilitación del presidente de la Generalitat, Quim Torra, y ha advertido al Estado: "De destitución en destitución hasta la republica final". "Un estado corrompido desde la Corona hasta la judicatura continúa decidiendo en nombre de los catalanes. Una vez más, el estado español interfiere en nuestras instituciones democráticas", ha expresado en un tuit.

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