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La nueva ley del aborto garantizará la interrupción del embarazo a partir de los 16 años en la Sanidad Pública. Por otro lado, no incluirá la reducción o eliminación del IVA de los productos de higiene femenina, conocida como la 'tasa rosa', aunque sí recogerá la baja por dolor menstrual incapacitante y un permiso preparto remunerado desde la semana 39 de embarazo. Además, tras una dura negociación de los diferentes ministerios, se ha acordado no perseguir a las parejas que recurran a la gestación subrogada en otros países, aunque sí se declara esta práctica como violencia reproductiva contra la mujer. Son los principales puntos que finalmente recoge o no el texto que aprueba el martes el Consejo de Ministros.
El texto contiene otras violencias contra las mujeres relacionadas con este último tema, como la esterilización forzosa para las mujeres con discapacidad o el embarazo y aborto forzoso. Asimismo, establece medidas para la prevención y respuesta del Estado a algunas manifestaciones de la violencia contra las mujeres relacionadas con los derechos sexuales y reproductivos.
Además, la ministra de Igualdad Irene Montero ha adelantado que la nueva ley busca garantizar el aborto en la Sanidad Pública, permite la interrupción del embarazo a menores a partir de los 16 años, elimina los tres días obligatorios de reflexión e incluye una baja incapacitante por interrupción voluntaria del embarazo, además de un servicios de asistencia y acompañamiento integral y especializada.
Del mismo modo, garantiza la objeción de conciencia, que se regula del mismo modo que en la Ley de Eutanasia para garantizar que siempre habrá personal disponible para la Interrupción Voluntaria del Embarazo. Del mismo modo, la norma recoge que quien se declare objetor, será de aplicación en la sanidad pública y privada.
Fuentes del Ministerio destacan también entre las medidas de esta norma que los centros de salud vayan a distribuir la píldora del día después de forma gratuita y en centros servicios de salud sexual y reproductiva. Se trata de un producto que actualmente vale 20 euros en la farmacia, según han indicado las mismas fuentes.
Del mismo modo, el texto recoge también que las píldoras anticonceptivas de última generación volverán a estar cubiertas por la Seguridad Social y se promoverán los métodos de anticoncepción masculina, para que no sea solo una responsabilidad de las mujeres.
Por otra parte, esta ley dedica un apartado a los derechos relativos a la salud menstrual de las mujeres en todas las etapas de la vida que incluye, además de la ya anunciada baja específica para las mujeres que tengan reglas muy dolorosas e incapacitantes, que en los institutos, prisiones, centros de la mujer, centros cívicos o centros sociales, se repartan gratuitamente productos de salud menstrual, como tampones, compresas o copa menstrual con el objetivo de acabar con la pobreza menstrual.
También se recoge el reparto de forma gratuita de métodos anticonceptivos en centros educativos vinculado a campañas sobre educación sexual.
Esto se incluye en el capítulo de Educación Sexual, en donde se apunta que esta será integral en las principales etapas educativas con el objetivo de ofrecer conocimientos basados en el consentimiento y las relaciones fomentadas en los buenos tratos.
Además, según han indicado las fuentes de Igualdad, se crearán centros públicos de atención especializada en salud sexual y reproductiva y una línea de atención telefónica; y se formará de forma específica en educación sexual y menstrual a profesores y profesoras, funcionarios y funcionarias de prisiones, trabajadores y trabajadoras públicos.
Finalmente, esta nueva norma incluye medidas para fomentar las buenas prácticas en todas las etapas del embarazo, especialmente, en el parto y en el postparto, entre ellas, la incorporación de una baja preparto desde la semana 39 de gestación, que no consumirá ningún día del permiso de maternidad.
Sin embargo, el texto no incluirá finalmente no incluirá la reducción o eliminación del IVA de los productos de higiene femenina, conocida como la 'tasa rosa'. En este sentido, uno de los objetivos del departamento de Irene Montero en la ley era que el IVA actual a los productos de higiene femenina, como compresas, tampones, copas menstruales y protegeslip, que se sitúa en el 10%, se bajase hasta el tipo superreducido del 4% o, incluso, que se eliminase. Sin embargo, Monero admitía el lunes en una entrevista en la Cadena Ser recogida por Europa Press que "el Ministerio de Hacienda no ha querido que vaya en esta ley". Pero ha garantizado que "se volverá a negociar en los Presupuestos Generales del Estado" y ha cifrado el coste de este medida en unos 30 millones de euros.
La ministra de Igualdad ha expresado en algunas comparecencias, además, su deseo de que en este paquete de productos se incluyesen también los pañales infantiles y de adulto ya que, además de ser de primera necesidad, a su juicio, están vinculados con la brecha de género ya que los cuidados recaen principalmente en las mujeres.
Tras su aprobación el martes por parte del Gobierno, el texto deberá pasar por el análisis de los ministerios y luego por el Consejo de Estado, el Consejo General del Poder Judicial y la Fiscalía, antes de volver de nuevo al Consejo de Ministros para pasar al Parlamento.